El empresario inmobiliario y agropecuario Marcelo Porcel, de 51 años, fue procesado en la causa donde se lo investiga por el supuesto abuso sexual de diez alumnos del colegio porteño Palermo Chico. El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50 le prohibió salir del país y le embargó preventivamente casi 112 millones de pesos que podrían garantizar posibles responsabilidades civiles.
El Juzgado indicó que prima facie es autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por haber sido cometido contra menores de 18 años y aprovechando la situación de guarda. Además de este hecho, fue imputado por corrupción de menores y producción de material de abuso sexual infantil. En la causa interviene la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°1, a cargo de Pablo Turano.
La investigación judicial indica que el hijo del fundador de la tarjeta de crédito Argencard es responsable de delitos cometidos contra compañeros de clase de su hijo. La fiscalía calificó el accionar del empresario como “sistemático, organizado y premeditado” porque aprovechaba momentos donde los preadolescentes estaban bajo su cuidado y existía un plan para ganar la confianza de los amigos de su hijo.
Además, sostuvo que los abusos se cometieron simultáneamente y de forma reiterada “en al menos 10 oportunidades” con “la producción de representaciones de un menor de 18 años de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales”.
Juntadas de terror
Los delitos por los que está acusado Porcel presuntamente ocurrieron entre 2022 y 2024, cuando las víctimas tenían entre 13 y 14 años. Con el avance de la investigación judicial, ahora algunas de las víctimas tienen 18 años.
Sin embargo, la presentación formal de las denuncias fue realizada por las familias –en representación de los menores– en 2024. Los hechos tardaron en salir a la luz, ya que el empresario los habría extorsionado –según las declaraciones que constan en la causa– con regalos y dinero por su silencio.
Las víctimas declararon en Cámara Gesell que las reuniones comenzaban como “juntadas” –organizadas por el empresario–, donde les daba bebidas alcohólicas e incentivaba a los menores a beber en “competencias de resistencia” a cambio de dinero.
Una de las víctimas aseguró que el acusado le habría dicho: “Si tomás todo este vaso, te doy mil pesos”. Además, Porcel les transfería dinero a billeteras virtuales, con la presunta intención de que hicieran apuestas online.
En una de las reuniones, Porcel le habría ofrecido una suma de dinero a quienes se desnudaran y caminaran alrededor de una mesa.
“Lo hicimos todos menos uno”, contó una de las víctimas. Los testimonios mencionaban también situaciones de contacto físico, como masajes o situaciones que implicaban tocar las partes íntimas de los jóvenes. Por ejemplo, uno de los denunciantes declaró que paró a Porcel cuando le tocó la ingle y los testículos porque le generó “rechazo” y la situación no continuó.
De acuerdo a los indicios que tiene la Justicia hasta el momento, los encuentros ocurrían en las casas del empresario de Palermo y Puerto Madero y en su oficina en Retiro, muchas veces después de que Porcel los llevara al centro deportivo. Las propiedades del empresario fueron allanadas y se secuestraron teléfonos y computadoras.
En el baño de una de las casas había una cámara de seguridad, con la que el empresario hacía capturas que guardaba en su celular. En el peritaje de este se encontraron mensajes sugestivos y fotos de amigos de su hijo duchándose o cambiándose. Dos de las tres fotos fueron reconocidas por una de las víctimas y su familia.
Las etapas procesales
El abogado de las víctimas, Pablo Hawlena Gianotti, solicitó la detención del empresario, pero el Juzgado sólo ejecutó el procesamiento, el embargo y la restricción para irse del país y ausentarse de su domicilio por más de 24 horas. Si llegase a hacerlo sin autorización, el Tribunal ordenará su “inmediata captura”.
Al inicio de la causa eran seis denunciantes, pero se sumaron otras cuatro víctimas, la última en diciembre. Por eso, el empresario tardó en ser citado a declarar. En marzo, cuando finalmente fue indagado por el juez, declaró su inocencia y su abogado, Roberto Rallín, anunció que presentará un escrito ampliando su versión de los hechos.
Desde el inicio de la causa, por orden del juez Carlos Bruniard, Porcel no puede acercarse a menos de 300 metros de las víctimas, al Colegio Palermo Chico y al club donde los ahora adolescentes hacen deportes. La Justicia mantuvo esas restricciones y prohibió el contacto del empresario con las víctimas por cualquier medio digital de forma directa o a través de terceros.
