La Justicia Federal de Santa Fe procesó al líder de Apropol, Alberto Martínez, y a otros tres policías por instigación a la sedición, en el marco de la investigación por los hechos ocurridos entre el 5 y el 12 de diciembre de 2013 en varias localidades de la provincia y que tuvieron como epicentro a las ciudades de Rosario y Santa Fe. Otros dos agentes, que están en disponibilidad, fueron sobreseídos.
La resolución del juez federal de Santa Fe Reinaldo Rodríguez fue firmada el jueves y se conoció ayer. El magistrado procesó a Martínez y a los policías Fabricio Abasto, Claudio Patiño y Mauricio Pagani, a quienes señala como responsables de haber organizado el levantamiento policial que mantuvo en vilo al gobierno de Antonio Bonfatti en la primera semana de diciembre de 2013.
El magistrado santafesino dictó falta de mérito para los otros dos policías investigados: Oscar Aguirre y Alejandro Zamaro. Sobre los cuatro procesados, quienes seguirán en libertad a la espera del juicio, el juez Rodríguez trabó un embargo de 10 mil pesos.
Durante los días que duró el “paro” policial en reclamo de mejoras salariales –una medida que también adoptaron las fuerzas de seguridad de otras provincias, como Córdoba y Entre Ríos–, se registraron varios delitos como saqueos y robos. En la investigación quedó probado que el servicio 911 fue cómplice de la situación, ya que no se envió ayuda a los ciudadanos que la requirieron.
Los fundamentos
La decisión del magistrado se apoya en el artículo 22 de la Constitución Nacional, donde se sostiene que “el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste, comete el delito de sedición”.
El juez consideró que Martínez impulsó públicamente, por las redes sociales y la web de Apropol, a personas indeterminadas a cometer un delito concreto contra el orden institucional: “Su accionar fue influyente para que se produjese el alzamiento policial que derivó días más tarde en el arrancamiento de una medida o concesión al poder público relativa al mejoramiento de las condiciones laborales del personal de seguridad”.
Rodríguez tuvo en cuenta las conversaciones telefónicas que Martínez tuvo con varios referentes de Apropol en Rosario y Santa Fe, en las que les daba órdenes sobre el accionar en cada situación concreta. El celular del titular de Apropol estaba intervenido por decisión de la Justicia provincial, ya que era el mismo desde donde se enviaron los mensajes intimidantes al gobernador.
Sobreseído en otra causa
En la otra causa contra el líder de Apropol, por coacción agravada, el juez Reinaldo Rodríguez sobreseyó a Alberto Martínez, al entender que los mensajes que le envió al gobernador Bonfatti no configuran un delito ni se pueden considerar amenazas. Para que este mensaje hubiera configurado un delito debería haber explicitado un propósito.
La Justicia entendió que sólo fueron inapropiados. El fiscal federal Walter Rodríguez pretendía que ambas causas se instruyan en forma unificada, pero el juez rechazó ese pedido.
El gobernador se enteró ayer por la prensa sobre los procesamientos de Martínez y los tres agentes en disponibilidad. Bonfatti declaró que “respeta” la interpretación del juez Rodríguez de sobreseer a Martínez por los mensajes de texto amenazantes que recibió en su teléfono, enviados por el líder de Apropol desde la Patagonia. “Son decisiones de la Justicia y las respeto. Es su interpretación, yo la acepto”, señaló Bonfatti.
