La Justicia de Santa Fe procesó con prisión preventiva a un agente civil del Ejército Argentino como acusado de participar del secuestro extorsivo del hijo de un empresario de la ciudad santafesina de Gálvez, un joven de 27 años que es insulinodependiente, por el que habían pedido 200.000 dólares de rescate y que fue liberado sin que se realizara el pago, informaron fuentes judiciales.
La medida fue dictada por el juez Reinaldo Rodríguez, a cargo del Juzgado Federal 1 de Santa Fe, quien consideró al hombre responsable del delito de “secuestro extorsivo, agravado por ser la víctima una persona discapacitada, por ser el nombrado agente de una fuerza de seguridad y por la cantidad de intervinientes (tres personas)”; y partícipe necesario del “robo agravado por haberse cometido en poblado y en banda y lesiones leves”, y le trabó un embargo de un millón de pesos.
De acuerdo a lo informado por el sitio institucional www.fiscales.gob.ar, el magistrado dio por acreditado que los tres detenidos en la causa sabían que el joven al que secuestraron tenía una discapacidad, ya que conocían a su entorno familiar, por residir en la ciudad de Gálvez.
Además, durante el secuestro le dijeron a la víctima que lo conocían del bar en el que trabajaba, porque habían comido allí, mientras que “la propia madre de la víctima reconoció tener un vínculo laboral con la esposa de uno de los presuntos secuestradores”, aseguró Rodríguez.
“Lo expuesto, permite considerar que la víctima fue seleccionada por sus autores, a sabiendas de su discapacidad en forma previa a la ejecución del hecho, por lo que procede la agravante seleccionada, pues entiendo que no solo tuvieron en miras la posibilidad de facilitar el momento de la sustracción y posterior retención, sino que además pudieron considerar que su estado de vulnerabilidad podría hacer más efectiva la posibilidad de cobrar el rescate por ellos pretendido”, señaló el juez.
El hecho ocurrió el 14 de abril cuando «N.P.M.» -su identidad se preserva-, que es paciente diabético e insulinodependiente, pero a pesar de ello trabaja todos los días en un bar, no llegó a su domicilio en Gálvez, localidad del Departamento San Jerónimo situada a 80 kilómetros de la capital santafesina.
Su padre, dueño de una distribuidora, y su madre comenzaron a recibir comunicaciones telefónicas en las que un hombre les pedía más de 200 mil dólares de rescate.
Según las fuentes, una vez radicada la denuncia y con la intervención del fiscal federal Jorge Gustavo Onel y el asesoramiento de los detectives antisecuestros de la Policía Federal Argentina (PFA), la familia cerró la negociación y acordó pagar «varios millones de pesos» – una cifra muy inferior a la reclamada al inicio-, a cambio de la liberación de su hijo.
El sitio pactado para hacer el pago fue una estación de servicio en la Autopista Rosario-Santa Fe, lugar donde un familiar concurrió con el acompañamiento reservado del fiscal y de la PFA.
Las horas pasaron sin tener novedades hasta que, al mediodía siguiente, «N.P.M:» fue liberado sin que se concretara pago de rescate alguno, en la localidad de San Lorenzo, distante a casi 150 kilómetros de la ciudad de Santa Fe.
El joven fue abandonado a la vera de la ruta 11, donde fue reconocido por un transeúnte que circulaba con su auto.
Voceros policiales explicaron que se comprobó que «N» no había ingerido alimentos ni bebido líquidos durante más de 12 horas, por lo que tuvo que ser atendido por un médico para recomponerse, y se cree que su estado de salud pudo haber sido el motivo que precipitó su liberación antes de que se concretara el pago del rescate.
Los investigadores de la PFA comenzaron a trabajar en la zona en busca de testigos, videos y datos relevantes, y así se estableció que los secuestradores fueron dos personas que habían utilizado un automóvil Ford Focus gris y, al ser identificados, se supo que eran dos vecinos conocidos de la familia de la víctima.
Los dos detenidos fueron identificados por las fuentes por sus iniciales, «F.L.Q.»(35) y «M.U.Q.»(36), quienes se encuentran detenidos en la Delegación de la PFA ubicada en la ciudad de Santa Fe.
Mientras que los detectives continuaron con la investigación y determinaron que el mismo día del secuestro una línea telefónica interactuó con los celulares de los dos detenidos.
Al analizar los registros telefónicos y las filmaciones de una cámara de seguridad, los pesquisas constataron que la esposa del agente civil del Ejército poseía una vivienda de características similares a las relatadas por la víctima.
Además, el hombre estuvo al menos dos horas en las inmediaciones de la propiedad al momento del secuestro. Por otro lado, en la casa fue secuestrado por los agentes un portaequipaje que tenía colocado el auto con el que fue interceptado “N.P.M.”, y que luego habría sido removido para dificultar la individualización del rodado.
Finalmente, el 1° de junio el hombre, que trabaja como personal administrativo en el Ejército Argentino, fue arrestado por orden del juez Rodríguez, luego de un allanamiento realizado en el Batallón 603 de San Lorenzo.
