El peluquero Roberto Giordano fue procesado y embargado en 57 millones de pesos acusado de quiebra fraudulenta a través de sociedades «fantasmas» y testaferros. El juez de instrucción Gustavo Pierretti lo acusó de haber sustraído y ocultado a sus acreedores (principalmente laborales) unos 17 inmuebles a través de sociedades fantasmas y testaferros.
La denuncia penal contra Giordano la formuló la jueza a cargo de la quiebra, Julia Villanueva, quien remitió testimonios de aquel otro expediente.
Según el juez de instrucción, el peluquero aparentó un estado de insolvencia que no guardaba relación con su real situación económica: «la esforzada y prolija artimaña pergeñada por Giordano a la cabeza ha logrado su fin, frustrar los derechos de la masa de acreedores».
Fuentes judiciales indicaron que para procesar a Giordano, el juez tuvo en cuenta el vínculo entre accionistas y representantes entre las sociedades entre sí y con el peluquero; la ausencia de actividad comercial de las sociedades y la imposibilidad de los socios para adquirir los bienes.
Por otro lado, tres de las cómplices de Giordano reconocieron ante el juez el haber firmado algunos de los documentos constitutivos de las sociedades fantasmas a modo de favor.
En la causa también intervino la fiscalía N° 49, a cargo de Paula Asaro, con la colaboración del área Operativa de Concursos y Quiebras de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
Giordano fue procesado sin prisión preventiva en carácter de autor de quiebra fraudulenta junto a otras ocho personas consideradas partícipes necesarias.
Los nueve imputados fueron embargados por 57 millones de pesos cada uno.