El juez federal Claudio Bonadío procesó ayer con prisión preventiva al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime por supuestos hechos de corrupción en la realización de obras para el Belgrano Cargas, a raíz de la falta de control de fondos públicos.
El ex funcionario, que ocupó el cargo entre 2003 y 2009, está acusado en múltiples causas de corrupción, pero esta vez se trata de una investigación por presunta defraudación al Estado a través de obra en el ferrocarril en el que habría un sobreprecio de más de dos millones de pesos.
La orden de detención de Jaime fue ratificada por Bonadío, luego de rechazar un pedido de eximición de prisión presentado por su abogado, Andrés Marutian, por lo que ordenó a la Policía Federal ubicar al ex funcionario en el piso que tiene en Puerto Madero o bien en la provincia de Córdoba, de donde es oriundo.
Sin embargo, Marutián confirmó a Noticias Argentinas que por su indicación Jaime no se presentará ante la Justicia, ya que “no está firme” la orden de detención del juez, la que tildó de “arbitraria”.
Bonadío, quien también procesara a Jaime por la tragedia ferroviara de Once, dispuso la prisión preventiva por el peligro de fuga y por los graves delitos por los cuales lo acusa, aunque los abogados del ex secretario preparaban la apelación a la denegatoria, para la que tienen un plazo de 24 horas.
“Es posible sostener que Jaime, atento a sus vínculos con altos funcionarios del Estado al haber formado parte del gobierno actual, de continuar en libertad podría entorpecer el accionar judicial y en consecuencia el descubrimiento de la verdad”, justificó Bonadío en su resolución.
Jaime está acusado de defraudación a raíz del pago de dos millones de pesos para la realización de una obra pública a la firma Soesa, la cual administraba el ferrocarril Belgrano Cargas, el que fue intervenido por el Estado el año pasado por su deterioro.
La obra era la realización del tendido de vías entre Tucumán y Concepción y, si bien el costo de la misma era de ocho millones de pesos, luego de una carta dirigida al titular de la empresa, el monto se incrementó en más de diez millones.
En la misma causa, Bonadío procesó al sindicalista José Pedraza (actualmente detenido tras ser condenado por el homicidio del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra); a su mujer Graciela Coria (quien presidió el Belgrano Cargas en nombre del gremio de la Unión Ferroviaria); el contador Ángel Stafforini; el presidente de Soesa, Luigi Capelli, y el ex interventor en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte Pedro Ochoa Romero.
Bonadío resolvió imputarles los delitos de defraudación a la administración pública y abuso de autoridad ante la denuncia formulada en 2009 por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA).
La obra fue autorizada por la Secretaria de Transporte en 2003 y Jaime –según señaló el juez– “autorizó el pago de un anticipo del 50 por ciento del valor de los trabajos propuestos, cuando dicho proceder no se condecía con la práctica usual del organismo, siendo que a ese momento nada se sabía respecto de quién ni de cómo se efectuarían las obras aprobadas”.
Jaime tuvo un “interés ajeno por haber dispuesto que se destinen más fondos de los previstos para la obra y por no controlar el destino que tuvieron los mismos”, sostuvo el magistrado.
Y agregó que “los hechos de autos pueden entenderse como un mismo negocio jurídico con diversos actores y participantes relacionados, donde cada uno de los responsables cumplió un rol determinado, lo que finalmente produjo un perjuicio” para el Estado de 2.524.065,24 pesos.
“Sin importar que esta fue la única obra de infraestructura del ferrocarril, licitada y aprobada durante los siete años que duró la concesión, cabe mencionar que no se tomaron los debidos recaudos para asegurar de un modo inequívoco la forma en que se desarrollaría la contratación”, sostuvo Bonadío.
Respecto a Jaime, el juez consideró que al firmar la licitación de las obras excedió sus facultades ya que el mismo debía ser firmado por el jefe de Gabinete de la Nación.
“Todo ello permite traslucir una inequívoca voluntad del Secretario de Transporte, motivados en una licitación que duplicaba el monto inicial presupuestado y que no tenía respaldo legal por parte de la administración”, determinó el magistrado.
En ese sentido, aseguró que Jaime tuvo una inusitada “velocidad y esfuerzo” en girar los fondos de la obra pública cuyos destinos no controló como funcionario.
