El juez federal Daniel Rafecas procesó hoy nuevamente al ex secretario de Obras Públicas José López por presunto enriquecimiento ilícito debido a la tenencia de su vivienda de Dique Luján, en Tigre, valuada en 680 mil dólares.
Además, Rafecas adoptó la misma medida con la esposa del ex funcionario, María Amalia Díaz, y sus presuntos testaferros Eduardo Gutiérrez y Andrés Galera, a quienes acusó de ser «partícipes necesarios» del enriquecimiento ilícito. En tanto, el magistrado dictó la falta de mérito de la monja Inés Aparicio, quien ayudó a ingresar los bolsos con los dólares de López al convento de General Rodríguez.
Rafecas elevó a 220 millones de pesos el embargo a López quien está detenido desde la madrugada del 14 de junio pasado a raíz de su llegada al convento de General Rodríguez con bolsos en los que había casi nueve millones de dólares.
El ex secretario de Obras Públicas ya había sido procesado por la tenencia de ese dinero, que no podía justificar y que él mismo dijo que «provenía de la política», y ahora lo es porque la Justicia sospecha que López es el verdadero dueño de la vivienda que él dice alquilar.
Según el juez Rafecas, López controló el progreso de toda la obra de Dique Luján, pese a que sólo se presentaba un inquilino, y en donde el arquitecto que las realizó por casi dos millones de pesos dijo que tenía trato frecuente con el ex funcionario y su esposa.
«La vivienda fue diseñada y construida conforme a sus deseos, y que vivieron allí desde ese entonces y hasta la noche del 14 de junio pasado», subrayó.
Rafecas dispuso que la casa siga embargada para en caso de avanzar la causa y haber condena, disponer su eventual decomiso, remate y reintegro de los recursos al Estado Nacional.
Sobre la monja Inés, el juez consideró que «no hay elementos suficientes como para procesar o sobreseer a la nombrada» y por eso le fijó la falta de mérito, con lo cual seguirá siendo investigada.
En ese sentido, el juez citó como testigo para el 12 de octubre a la hermana María Martha González, quien convive con la monja Inés en una casa en Luján, y se aguarda un peritaje completo sobre los videos de las cámaras de seguridad que filmaron a la segunda de las religiosas ayudando a ingresar los bolsos de López.
La monja Aparicio, según Rafecas, «no verifica registro alguno de haber poseído, o poseer en la actualidad, cuentas bancarias, tarjetas de crédito o débito, registros en Ansés o Afip, deudas o créditos, propiedades, ni teléfono celular».
Según pudo saber NA, el fiscal Federico Delgado apelará en las próximas horas la falta de mérito de la religiosa, al evaluar que cometió el delito de encubrimiento, y no creer en la versión de Inés, quien aseguró que ella pensaba que dentro de los bolsos había comestibles y no dinero.
Resta definir la situación de la «madre Alba», de 95 años, respecto a quien tres informes médicos dijeron que era inimputable.
Por último, Rafecas hizo una denuncia para investigar los lazos entre la Secretaría de Obras Públicas durante la gestión de López y las autoridades del Convento de General Rodríguez, a raíz del hallazgo de documentación «que refleja una relación muy intensa y particular».
Se trata de subsidios que otorgó la secretaría de Obras públicas al Arzobispado de Mercedes-Luján a cargo del fallecido Rubén Di Monte, y ante sospecha de «desvío de fondos» o bien irregularidades en la concesión de dinero público.
