El juez federal Claudio Bonadio procesó hoy al ex ministro de Planificación Federal y actual diputado Nacional Julio De Vido por la tragedia ferroviaria de Once en la que murieron 51 personas, ocurrida en febrero de 2012.
Fuentes judiciales informaron a NA que el magistrado procesó a De Vido por «descarrilamiento de un tren agravado por resultar personas fallecidas y lesionadas y defraudación contra la administración pública por administración fraudulenta», y le trabó embargo por 600 millones de pesos.
«Podemos concluir que en la política empresarial del grupo económico, claramente se privilegió la maximización del rédito económico para enriquecerse y enriquecer a los miembros del grupo y sus empresas con un total desprecio por la seguridad de los usuarios de las líneas ferroviarias concesionadas, conducta que no puede ser explicada sin la complicidad de los funcionarios públicos encargados del área de transporte», sostuvo Bonadio.
El procesamiento contra el exministro se dispuso luego de que el juez, en coincidencia con lo solicitado por el fiscal federal Ramiro González, desestimara el planteo de nulidad del ex funcionario contra su citación a indagatoria por presunta falta de fundamentación.
Sobre la defraudación a raíz de la mala utilización de dinero público que recibía TBA, el magistrado enumeró los 145.200 pesos que se pagaron por el auspicio de un auto de carrera entre 2010 y 2011, y el millón de pesos que abonó en el mismo período por espacios publicitarios.
Junto a De Vido fueron procesados por los mismos delitos Jorge Gustavo Simeonoff, exjefe de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (Uniren), y Silvia Emilse López, exdirectiva de TBA.
«Se encuentra probado que De Vido y Simeonoff tenían pleno conocimiento de la forma que era prestado el servicio por la empresa concesionaria y, pese a las reiteradas alertas que fueronrealizadas por la intervención de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y la Auditoría General de la Nación, no cumplieron adecuadamente con sus obligaciones adoptando alguna medida tendientes a encauzar la prestación de un servicio», subrayó Bonadio.
En ese sentido, afirmó que «tenían pleno conocimiento deldeplorable estado del material rodante, como así también lapolítica empresaria que llevaba adelante la firma TBA», y pese a ello «no adoptaron ninguna medida tendiente al adecuado mantenimiento de los bienes concesionados a las empresas prestatarias del servicio ferroviario».
«En razón del elevado cargo que ostentaba, existen múltiples elementos que dan cuenta del conocimiento con el que contaba De Vido de la forma deficiente en la cual la empresa TBA prestaba el servicio ferroviario durante su gestión», argumentó.
Además, el juez evaluó que «ya en el 2007, cuando se rescindieron los contratos de concesión de las líneas ferroviarias Roca y Belgrano Sur, en esos expedientes se hizo evaluación comparativa con el resto de los ramales y quedó en evidencia el mal servicio que prestaba TBA.
Por otra parte, Bonadio convocó a los tres procesados a presentarse personalmente en su juzgado dentro de las próximas 48 horas para notificarse de sus procesamientos.
