La jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, procesó sin prisión preventiva y con embargo de un millón de pesos a la actual diputada nacional por Cambiemos Aída Ayala. Es en la causa por la que se la acusa del presunto delito de defraudación a la administración pública. Quedaron también procesados los colaboradores de la legisladora Matías Balmaceda Paiva y Miguel Angel Vilte, junto al empresario Claudio Tolosa. A todos ellos, la magistrada les impuso embargos por la misma cifra.
La medida fue dictada el lunes 30 de diciembre de 2019, luego de que Ayala y el resto de los imputados prestara declaración en noviembre pasado.
A la ex secretaria de Asuntos Municipales del gobierno de Mauricio Macri se la considera como autora del delito de defraudación a la administración pública, mientras que a Balmaceda Paiva, Vilte y Tolosa, partícipes necesarios en el mismo delito.
Ayala fue intendenta de Resistencia entre 2003 y 2015 por el radicalismo. A partir de allí, y hasta 2017, Secretaria de Asuntos Municipales de la gestión Cambiemos, cargo que dejó para asumir en la Cámara baja nacional.
«Plan metódico» de corrupción
La causa comenzó en mayo de 2018 cuando la Justicia Federal ordenó allanar una oficina de Matías Balamaceda, ex yerno de la ingeniera Ayala.
El proceso tuvo como origen una denuncia del intendente de Quitilipi, Carlos Casalboni, quien relató que Ayala, en su cargo de secretaria nacional, “bajaba fondos a diferentes localidades con la condición de que la compra se haga a través de la Fundación Construir y en negocios que ellos mismos elegían”. “Uno de esos locales se llama Chaco Service, en cuyo domicilio declarado funciona un local de service de aires acondicionados”.
En abril de este año, el fiscal federal Patricio Sabadini pidió la indagatoria de la actual diputada nacional. «Ha quedado acreditado que bajo dirección de la Aída Ayala, quien se desempeñaba como secretaria de Asuntos Municipales –del Ministerio del Interior de la Nación–, se efectuaron maniobras direccionadas a la compra y contrato cuyo proveedor en todos los casos ha sido Claudio Alejandro Tolosa, siendo palmarios los sobreprecios de los elementos adquiridos, que ello ha sido efectuado mediante las firmas de convenios entre la Municipalidad de Quitilipi y la Secretaría de Asuntos Municipales, dirigida en ese momento por la Sra. Ayala”, dice el documento de Fiscalía.
La hipótesis de la acusación es que «se habría diseñado un plan metódico», y que el mismo tenía varios pasos: «Que desde el municipio de Quitilipi se tome la decisión administrativa de obviar el proceso de licitación requerido por la normativa específica en relación al monto del financiamiento, que la autoridad máxima de dicha comuna, al haber optado por el sistema de contratación directa, se incline por realizar la compra del supuesto destinatario predilecto por parte de quienes habrían esquematizado el plan de acción, que por medio de la municipalidad de mención se inicien las actuaciones administrativas necesarias para solicitar el financiamiento, aportando a su vez el presupuesto presuntamente cargado con sobreprecios a las autoridades de la Secretaría de Asuntos Municipales, que los fondos emitidos por Nación ingresen al erario municipal».
Hay más
Ayala está procesada junto a otras 14 personas, entre ellas sindicalistas y su ex yerno, por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración, incumplimiento de deberes de funcionario público y lavado de activos agravado. Ese fallo fue confirmado por la Cámara Federal de Resistencia y de Casación Penal, por lo que se encamina a juicio oral.
La diputada tuvo un pedido de detención que no se concretó por sus fueros.
