El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi procesó este jueves, sin prisión preventiva, a Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile, miembros de la agrupación Revolución Federal, a los que acusó de llevar a cabo un plan criminal que tuvo por objeto imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza o el temor.
El magistrado los procesó por los delitos previstos en el artículo 213 bis del Código Penal, que prevé penas de hasta ocho años de prisión, y advirtió en su fallo que las conductas atribuidas a los imputados quedan por fuera de la protección constitucional de los derechos a la protesta y a la libre expresión de ideas, pues exceden el ejercicio de la libertad de expresión y el ámbito de reserva constitucionalmente amparado.
El juez, además, mandó a trabarles embargos sobre los bienes hasta cubrir el monto de nueve millones de pesos, según surge del fallo de 60 páginas al que tuvo acceso Télam.
«Se considera materialmente acreditado que, a través de esta organización, los/as imputados/as llevaron a cabo un plan criminal, que tuvo por objeto imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza o el temor», sostuvo Martínez de Giorgi en la resolución.
Para ello, continuó, «utilizaron sostenidamente en el tiempo manifestaciones intimidantes en distintas redes sociales -Facebook, Twitter e Instagram- y medios masivos de comunicación, repartiendo folletería y mediante protestas autoconvocadas, planificando, coordinando y difundiendo mensajes de odio, actos intimidatorios y manifestaciones violentas -principalmente en contra de autoridades del actual PEN y sus simpatizantes».
«Así, generaron el impacto deseado de incitar a la violencia colectiva en un número indeterminado de personas que pueden acceder libremente a las redes sociales mencionadas», aseveró el magistrado en el marco de la causa en la que interviene también el fiscal Gerardo Pollicita.
Para los investigadores, la finalidad de los actos desarrollados por Revolución Federal «fue incitar permanentemente a la renuncia de los personajes públicos escrachados – pertenecientes a autoridades públicas de la actual gestión de gobierno-, mediante propaganda de contenido violento y el activismo social convocado».
El juez destacó en su fallo «la distribución de folletería y la utilización de determinadas insignias o lemas tales como ‘Van a correr’ o ‘Todos presos, muertos o exiliados’ -entre otros-, replicados en forma masiva en distintos medios y redes sociales, que utilizaron como herramienta de difusión, y donde sus mensajes, como se dijo, alcanzaban a un sinnúmero de personas».
