Nueve ejecutivos de la empresa Barrick Gold fueron procesados ayer, por la causa en la que se investiga el derrame de una solución cianurada en la mina Veladero, ubicada en la provincia de San Juan.
El juez Pablo Ortija responsabiliza a los directivos por la contaminación derivada del derrame, y les trabó un embargo de 100 mil pesos, informaron los diarios locales Diario de Cuyo y El Zonda.
Los ejecutivos procesados son Leandro Poblete (jefe de procesos), Segundo Álvarez (también del área de procesos), Carlos Cabanillas (gerente de minas), Ángel Escudero (gerente de prevención de riesgos), Osvaldo Brocca (supervisor de servicios técnicos), David Sánchez (supervisor de mantenimiento), Ricardo Cortéz (supervisor de medio ambiente), Walter Pizarro (gerente de procesos) y Antonio Adames (gerente general).
Los hechos bajo investigación de la Justicia ocurrieron el 12 de septiembre de 2015, cuando se produjo una rotura de una válvula de la tubería que transportaba solución cianurada.
El magistrado de la localidad sanjuanina de San José de Jáchal aplicó en este caso los supuestos establecidos en el artículo 56 de la ley nacional de Residuos Peligrosos, a quienes provoquen una “adulteración peligrosa” para la salud del agua, aire o suelo por “imprudencia o negligencia”.
Ortija es uno de los dos magistrados que interviene en la causa, que también es investigada por el juez federal porteño Sebastián Casanello, quien en el último mes pidió diversas medidas de prueba en el caso, a raíz de un peritaje de la Policía Federal que cinco ríos fueron contaminados por el derrame.
Según el informe, la sustancia contaminó el agua de los ríos Potrerillos, Jachal, Blanco, Palca y Las Taguas; por lo que se evaluaba si existe riesgo para las poblaciones linderas, cuyas redes domiciliarias tomas en agua de esos cauces.
La empresa se defendió
La minera Barrick Gold aseguró ayer que el derrame “no supuso ningún riesgo para la salud de las personas o el ambiente”, por lo que no se configuró un delito.
Tras conocerse los procesamientos, la empresa lanzó un comunicado en el que resaltó: “Barrick continuará cumpliendo su compromiso de asegurar que los involucrados cuenten con el debido soporte legal mientras el proceso judicial siga su curso, ya que entiende que en el caso no se configura un delito”.
La compañía de origen canadiense entiende que la decisión de procesamiento de sus directivos será apelada ante la Cámara Penal de la provincia de San Juan por los respectivos abogados de las personas afectadas.
Barrick defendió su accionar al señalar que las circunstancias que produjeron el incidente fueron resueltas inmediatamente y afirmó que “el incidente no supuso ningún riesgo para la salud de las personas o el ambiente”.
“Seguiremos colaborando con las autoridades, aportando todo aquello que contribuya a informar con certeza y responsabilidad sobre un tema relevante para la opinión pública”, afirmó la empresa.
