La Justicia dio un paso clave en el marco de la investigación por la catástrofe de Salta 2141, donde el 6 de agosto pasado explotó un edificio de un complejo de tres torres por un escape de gas, lo que causó la muerte de 22 personas. Las once personas que estaban imputadas en la causa fueron procesadas –todas están en libertad– y se embargaron sus bienes, de acuerdo con la posibilidad de cada caso y sus presuntas responsabilidades. En los últimos días se rumoreaba con fuerza en los pasillos de Tribunales que esta resolución estaba “por salir” pero faltaba que la Justicia notificara a las partes interesadas, algo que ocurrió ayer. Ahora, tanto la defensa como los querellantes tendrán cinco días hábiles para pronunciarse sobre un eventual rechazo de la medida. El cargo que se les imputa a todos es estrago culposo agravado por muerte.
La resolución de la jueza Irma Patricia Bilotta consta de una extensión de 400 páginas cuyo contenido en detalle no se dio a conocer, pero se pudo saber que allí se describe la responsabilidad de cada uno de los imputados, “todos autores”, sea por acción u omisión ante el escape de gas que desencadenó en la trágica explosión.
La fiscal Graciela Argüelles recibió ayer a El Ciudadano y remarcó que el procesamiento “es provisorio y que de ahora en más quedará esperar que las defensas o querellantes manifiesten su acuerdo o desacuerdo con el escrito”.
Ésta es una resolución provisoria que puede ser modificada a partir de las apelaciones que puedan presentarse.
Las apelaciones pueden tener lugar de parte de los defensores ante el rechazo del procesamiento, como de parte de los querellantes al no estar de acuerdo con las figuras imputadas. “Una vez que se reciban las apelaciones, intervendrá la Cámara para revisar el fallo; éste se puede modificar total o parcialmente. Los procesados serán acusados por la Fiscalía y así se abrirá el juicio”, explicó la fiscal.
Por la figura de estrago culposo agravado por muerte los implicados pueden recibir entre un mes y 5 años de prisión.
Los imputados
En el caso del gasista Carlos García, quien fue el último que trabajó en las instalaciones de gas en la mañana trágica del 6 de agosto, la ley cae sobre sus hombros por un incorrecto accionar antes y después de la explosión. También han sido encausados su ayudante Pablo Miño, y el gasista matriculado José Allala, quien trabajó doce días antes de que ocurriera la tragedia y, según trascendió, admitió que manipuló la válvula que García debía cambiar ese martes 6 de agosto.
También fueron procesados los administradores del edificio, Carlos Repupilli, Norma Bauer de Calvillo y Mariela Calvillo. En tanto, por Litoral Gas, están bajo la lupa de la Justicia los inspectores Gerardo Bolaños, Guillermo Oller y Luis Curaba, el jefe Claudio Tonucci y la gerenta técnica de la firma, Viviana Leegstra.
Mientras tanto, continúa la espera por las sanciones que puede llegar a aplicar el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargás) a Litoral Gas, de acuerdo con las imputaciones realizadas por el incumplimiento del contrato, tanto en servicio como a la precaria respuesta en las horas siguientes a la explosión, una queja que dejó al rojo vivo los teléfonos de la empresa y todo organismo de defensa del consumidor.
