El nuevo procesamiento de Tognoli, quien permanece detenido en el marco de una causa que lo investiga por la presunta protección a un jefe narco en Rosario, fue dictado en las últimas horas por el juez federal 2 de la ciudad de Santa Fe, Francisco Miño.
El magistrado le imputó los delitos de «encubrimiento doblemente agravado», «violación de los deberes de funcionario público» y «omisión de persecución de imputados».
En este expediente se investiga también al ex comisario José Luis Baella, ex Jefe de Delitos Complejos de la Unidad Regional XV de Coronda, por el encubrimiento de un narco y coacciones contra la dirigente social Norma Castaño, quien había denunciado en reiteradas oportunidades a narcotraficantes y la protección policial de éstos.
El fiscal federal Walter Rodríguez había considerado en sus fundamentos al pedido de indagatoria que Tognoli tuvo «una activa participación desde el amparo de una jerarquía funcional que le permitió ordenar a sus subordinados la ejecución de actos de mano propia».
Es más, la designación de Baella, luego, como subjefe de la sección Inteligencia zona Centro la realizó Tognoli el 26 de enero de 2011 mientras que los hechos investigados ocurrieron en marzo de ese año.
Asimismo, el fiscal federal resaltó en un escrito finalmente la «estrecha, asidua y directa» relación que tenía Tognoli con Baella.
«Tognoli era el funcionario policial de máxima jerarquía dentro de la estructura a la que Baella pertenecía» y, además, «había sido denunciado en dos oportunidades por Norma Castaño por sus vínculos con el narcotráfico».
En tanto, el comisario general Tognoli había sido procesado con prisión preventiva el 22 de marzo último en la causa que lo investiga en Rosario por la presunta protección a un jefe narco.
En esa investigación, el juez federal número 3 de Rosario, Carlos Vera Barros, también procesó y ordenó que continúe preso el otro imputado, Carlos Ascaíni, el presunto jefe narco al que protegía Tognoli.
El magistrado consideró que ambos son coautores del delito de «tenencia de estupefacientes» y de «comercio de estupefacientes en forma organizada», agravada por la intervención de tres o más personas, y en el caso de Tognoli por ser «funcionario público».
