Productores acreedores de la empresa Vicentin se autoconvocaron para este miércoles a las 12 frente al edificio de la Bolsa de Comercio de Rosario, aunque el principal objetivo es hacer llegar su reclamo y entregar un petitorio en la sede del estudio jurídico Baravalle & Granados, que asesora a los tres síndicos del proceso preventivo del concurso de la agroexportadora que funciona en el edificio anexo de la Bolsa en calle Paraguay 777.
Entre los puntos más sobresalientes del petitorio que llevarán los productores al estudio Baravalle & Granados, reclaman que «jueces y síndicos independientes garanticen sus derechos como acreedores; cumplimiento irrestricto de la ley porque se abrió un concurso sin balance, evitar una estafa penal y procesal, que tiene como único fin el vaciamiento de la empresa; evitar la licuación de las deudas al pretender llevarla a pesos, como pretende la Sindicatura».
La inquietud de los productores surgió en diciembre pasado apenas la aceitera Vicentin entró en cesación de pagos, que la misma empresa “decretó” por un «estrés financiero».
La buena voluntad de los productores damnificados por la agroexportadora quedó reflejada en varias reuniones que tenían como objetivo buscar una salida para auxiliar a la firma para que así pueda cumplir sus compromisos. La magnitud del “default” movilizó a los mismos directores de la Bolsa de Comercio quienes compartieron con los productores varios encuentros para hallar una solución. Aunque no se lograron avances.
La crisis del grupo Vicentin se fue incrementando con el tiempo y los productores perjudicados perdieron la paciencia. Sin propuestas concretas y con una larga lista de denuncias penales contra la aceitera, los ruralistas consideran que están frente a una gran estafa.
Además de la incertidumbre de efectivizar sus acreencias, los productores “enfurecieron” porque una vez finalizada la comprobación de deudas los síndicos informaron la cifra adeudada por Vicentin en pesos. De mantenerse esta postura, los damnificados sostienen que la deuda se licuará y que perderían un 90% del cereal que entregaron en su momento.
Vicentin busca una salida en la ley de Concursos, que impone la pesificación de deudas al tipo de cambio vigente en la apertura del proceso, esto fue en febrero, cuando el dólar cotizaba a 60 pesos.
De acuerdo a un informe del estudio WH Correa y Asociados, con sede en Reconquista –donde funcionan los tribunales que entienden en la causa abierta a la agroexportadora–, los más de 2.600 acreedores constatados en Santa Fe se distribuyen entre 170 de las 365 poblaciones que concentra la provincia. Casi la mitad de las localidades santafesinas alberga al menos a una empresa afectada por el colapso comercial de Vicentin. El total de lo adeudado por Vicentin asciende a 99.345.263.086,50 pesos.
De los 2.638 acreedores de la firma, entre productores, cooperativas, bancos, y otros proveedores, Vicentin acumuló una deuda total de 99.345 millones de pesos, de los cuales 1.895 son productores de granos a quienes la empresa no les pagó 25.657 millones.
En cuanto a la cantidad de damnificados, los santafesinos representan un 40 por ciento: son 755. En segundo lugar, aparecen los productores de Córdoba y terceros los de la provincia de Buenos Aires.
La caída de Vicentin fue la peor noticia económica para muchos productores de la región, incluso peor que la sequía o la suba de retenciones.
