Sol Gonzalez de Cap (*) y Georgina Santervas (**)
Las tareas de cuidado entraron en la agenda pública y por tanto política. El reconocimiento, la conceptualización y sus implicancias en la economía están ampliamente estudiadas, y tomaron mucha visibilidad en los últimos años, pero hasta ahora no habían sido reconocidas como trabajo no remunerado por parte del Estado.
A partir del 19 de Julio, por iniciativa del organismo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés), el Estado nacional recogió el guante y el presidente Alberto Fernández le puso la firma al decreto 475/21. La medida reconoce a las mujeres y a las personas gestantes el trabajo realizado en las tareas de cuidado de sus hijos e hijas a lo largo de la vida, dando respuesta a una de las demandas históricas de los movimientos de mujeres y feministas, diseñando una política que pone en valor el tiempo dedicado a cuidar a otros/as. Esto repara las desigualdades que se desprenden de las distintas inserciones en el mercado laboral según el género, e intersecciona las variables sector social y capacitismo.
Vayamos por partes; en muchos casos cuidamos porque queremos. Queremos desde el deseo y desde el afecto. Sin embargo, por la división sexual del trabajo que tenemos incorporada socioculturalmente, esto se traduce en que las mujeres destinamos al cuidado el doble del tiempo de los varones: 6,4 horas del día, frente a 3,4 horas, según datos de la Encuesta sobre Trabajo No Remunerado y Uso del Tiempo (Indec, 3er trimestre de 2013).
Esta desigualdad de tiempo impacta directamente en cómo nos podemos incorporar al mercado laboral. Generalmente en trabajos de menor carga horaria –siempre más precarios e informales–, o con baches de tiempo en nuestras trayectorias profesionales ante la llegada de un/a hijo/a. Por otro lado, esta política intersecciona la variable de la desigualdad social reconociendo años adicionales a quienes formaron parte del universo de beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo/a, es decir, mayormente trabajadoras no registradas y empleadas domésticas. Y la variable del capacitismo, contemplando diferenciadamente años por el cuidado de hijo/a/s con discapacidades en una sociedad que continúa expulsando y no alojando a todas las personas que no se adecúan a las normas y estereotipos esperados.
Por último, consideramos relevante mencionar brevemente dos de los antecedente. Nos referimos a los Planes de Inclusión Previsional (PIP) de 2005 y 2014, impulsados por Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, respectivamente. Casi una década antes de la masividad del movimiento de mujeres, aquellas moratorias fueron popularizadas como “jubilaciones para amas de casa”, pero, ¿por qué? Vamos a los números: a mayo de 2021, en nuestra provincia, se encuentran vigentes 268.248 jubilaciones cuyas titulares son mujeres, y de ellas 218.248 no hubieran podido jubilarse sin la inclusión previsional de las moratorias. Ya sea por haber trabajado informalmente o por haber dedicado la mayor parte de su vida a tareas no remuneradas al interior de los hogares, una mayoría abrumadora de mujeres no contaba con los años de aportes necesarios al cumplir los requisitos de edad.
En términos relativos podemos decir que en la provincia de Santa Fe, a mayo de 2021, el 82% de las mujeres precisaron de las moratorias para poder jubilarse, mientras que el 18% pudo hacerlo con sus años de aportes en el mercado formal. Para los hombres, la porción de ellos que precisó de algún PIP para acceder a la seguridad social desciende al 42%, frente a un 58% de ellos que pudo obtener su beneficio jubilatorio con los aportes en su vida activa.
Es decir, que si bien estos programas no fueron pensados necesariamente desde una perspectiva feminista, se hicieron feministas al chocarse de bruces contra una realidad esencialmente desigual.
Estos caminos transitados como sociedad, sumados a la decisión política de un gobierno, nos trajeron al Programa Integral de Reconocimiento de Períodos de Servicio por Tareas de Cuidado, un avance fundamental en materia de seguridad social que llegó para quedarse y que va a modificar estructuralmente el sistema previsional argentino. Esta política pública es un antecedente histórico, por su reconocimiento del valor del tiempo que destinamos a los cuidados que todos, todas, todes necesitamos.
(*) Licenciada en economía UNR. Gerenta de Ansés Rosario IV.
(**) Licenciada en ciencia política UNR. Dirección de Violencias del Área de Género de la Universidad Nacional de Rosario
