El gobierno provincial prohibió la construcción de viviendas en una franja paralela al límite del predio del Aeropuerto Internacional “Islas Malvinas” del loteo en desarrollo más grande de Funes, el Funes City. La disposición afecta a unas 74 parcelas que ya fueron vendidas por la firma que lleva adelante el proyecto, y ahora sus compradores no podrán edificar en esos sitios sus casas. El hecho se da luego de que, como en tantos otros loteos de la región, las tierras se comercializan sin el aval previo de la Secretaría de Medio Ambiente santafesina y en casos sin tener cómo brindar servicios escenciales, como abastecimiento de agua potable y descarga de efluentes pluviales y cloacales.
Como reflejó El Ciudadano al informar de distintos casos en los últimos tiempos, la proliferación de nuevos barrios abiertos en la zona de Funes y Roldán está generando grandes polémicas. Es que las desarrolladoras vienen comercializando sus lotes sin haber presentado a la provincia para su aprobación las carpetas con el futuro impacto ambiental de cada uno de sus proyectos. Básicamente, esos estudios refieren a obras cloacales, de agua potable y el impacto vial, sólo entre las más importantes, y hay más. Por ello, muchos compradores se encuentran luego con grandes dificultades para poder escriturar sus parcelas.
El miércoles pasado la Secretaría de Medio Ambiente hizo público un balance de situación y difundió la lista de los únicos 18 loteos (de un total de 50) que tienen todo aprobado. En el mismo escrito se dijo que aún hay otros 18 que están en evaluación, 6 que fueron rechazados, y 8 que aún no presentaron sus carpetas. Si bien Funes City está en el primer grupo, el caso presenta algunas particularidades, ya que el proyecto se desarrolla muy cerca del aeropuerto.
En diálogo con este diario, el secretario de Medio Ambiente, César Mackler, relató que para otorgar el aval de su cartera (entre otras cosas) a Funes City se le dictaminó la prohibición de construir viviendas en una franja de 150 metros paralela al perímetro de la aeroestación, por obvias razones de seguridad. Esto obligará a la comercializadora y quien lleva adelante la nueva urbanización, Gilli Inmobiliaria, a resignar tres manzanas con 74 lotes cuyos dueños deberán ser reubicados, explicaron desde la provincia. En parte de un sector que iba ser destinado a espacios verdes.
En tanto, la provincia también instó al desarrollador a que proceda a diseñar y construir un entubamiento del reservorio hídrico, para que no haya acumulación de agua en el barrio que propicie la atracción de aves que representan luego un peligro para la seguridad de los aviones que aterrizan y despegan a unas pocas decenas de metros. Y también se solicitó establecer una franja de servidumbre (es decir, libre) por la cercanía a zonas rurales donde se aplican agroquímicos.
Por último, la totalidad de las viviendas del barrio abierto deberán también contar en el interior de las mismas con un nivel sonoro continuo equivalente, según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, cuya fiscalización quedará a cargo del municipio de Funes.
En un comunicado enviado a los medios el miércoles pasado Mackler había señalado que su decisión de aprobar el estudio de impacto ambiental de Funes City requirió un trabajo integral, ya que había que considerar la compatibilidad de las normativas de la Asociación Nacional de Aviación Civil (Anac) y la Organización de la Aviación Civil Internacional (Oaci) que regulan el espacio y entorno de la aeroestación rosarina. Por ello, el funcionario dijo luego que el objetivo de dar vía libre, pero a cambio de imponer algunas condiciones fue para “salvaguardar el interés público y el bienestar de los futuros vecinos, los cuales luego de la aprobación del estudio de impacto ambiental y su correspondiente aplicación por parte del inversor se encuentran en condiciones de avanzar con los trámites de escrituración”.
Así las cosas, el pasado jueves, el mismo día en que se conocía la resolución provincial, un supuesto grupo de vecinos compradores en Funes City se movilizó a las puertas de la sede de Gobernación en Rosario, con el fin de reclamar y cuestionar el accionar del gobierno de la provincia.
Mackler calificó a El Ciudadano a esas quejas como “extrañas” y sospecha que el desarrollador está atrás de la movida. “Lo que me llama la atención es que ese grupo proteste contra nosotros cuando ya están en condiciones de pedirle a la Gilli la escritura. La verdad es que por los argumentos que presentan se parece más a una queja de los abogados o accionistas de la empresa desarrolladora que ve disminuidos sus márgenes de rentabilidad. Esa gente parece representar eso más que a los propios vecinos. Es dudoso, muy sugestivo”, señaló.
El funcionario agregó finalmente que además de la “especie de escrache” que los manifestantes realizaron frente a la Gobernación también hace algunos días las mismas personas cortaron en la propia localidad de Funes una mano de la ruta nacional 9. Y agregó, sin querer dar más detalles, que uno de ellos lo viene “cuestionando personalmente”.
