La semana pasada muchos importadores recibieron la buena nueva de que sus embarques habían sido liberados por la Aduana, previa intervención de la Secretaría de Comercio Interior. Lo curioso (o no tanto) es que para estas autorizaciones tampoco parece haber primado un criterio.
Esta misma falta de patrón se verificó para las “observaciones” (o sea, los rechazos) que formula el organismo que capitanea Guillermo Moreno. Así, hay terminales automotrices que pudieron retirar las autopartes del puerto y otras que no.
Sin embargo, hay dos ramas casi paradigmáticas. Una es la industria editorial: los libros comenzaron a ingresar en masa, tras la polémica que se suscitó cuando se sancionó una norma que exigía a los importadores pasar por un testeo de porcentaje de plomo en las tintas que se habían usado para su impresión. En el otro extremo están la marroquinería y los perfumes y cosméticos: desde hace meses no entra una cartera, una mochila, un frasco de colonia o una crema “anti age”. Un importante importador de perfumes le confesó que tenía stock hasta agosto si le vendiera a toda su cadena de distribución, pero había decidido entregarles mercadería sólo a sus veinte clientes principales para poder mantenerse en el mercado al menos hasta septiembre.
La gran duda en el sector es si esta miniliberalización que se verificó (con cuentagotas, es cierto) durante los últimos diez días se mantendrá en el tiempo. Moreno les ha dicho en privado a muchos de los empresarios con los que se reunió que tienen que ser pacientes: prometió que en el segundo semestre del año va a estar todo “normalizado”.
Hay poca fe en las palabras del poderoso funcionario; lo mismo dijo hace un año respecto de las licencias no automáticas, que impiden –en algunos casos durante meses, y violando las normas de la Organización Mundial del Comercio– la entrada el país de embarques de mercadería importada.
Por ahora las góndolas de los supermercados, los comercios y muchas fábricas locales (a las que les faltan insumos) siguen padeciendo las trabas a la importación que vienen desde hace casi tres años, pero que se agravaron de manera exponencial desde el 1 de febrero, cuando entró en vigencia el régimen de Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI).
Por eso, en el mercado se habla desembozadamente ya de dos fenómenos fácilmente comprobables:
El contrabando está aumentando de manera preocupante; muchos fabricantes que no pueden importar “por derecha” insumos fundamentales optan por traerlos “por izquierda”; el costo es mayor y además esos fabricantes estarían vendiendo en negro lo que fabrican con esas materias primas de contrabando, ante la imposibilidad de justificar su origen. La informalidad, entonces, sería doble: no se pagan derechos de importación y tampoco los impuestos correspondientes.
La “compra” de bienes exportables por quienes se comprometieron con Moreno al “uno a uno” (exportar el equivalente a un dólar por cada dólar de mercadería importada que traen). En todos los casos, la “omisión” por este servicio ronda el 10 por ciento sobre el valor de la mercadería exportable. En otras palabras: un importador –por caso, de computadoras– se compromete a exportar por igual cantidad, pero como no tiene fábricas en el país (sencillamente porque no las hay; de electrónica se trae todo, armado o para armar en Tierra del Fuego), se conecta con –por ejemplo– una empresa que vende software a clientes en el exterior, o que “exporta” atención al público de otros países a través de sus call centers. Se pacta la “comisión” (entre ocho y diez por ciento), y el “exportador” pasa a ser el importador de computadoras. Obviamente, se trata de una exportación que para la balanza comercial da suma cero; esas ventas se habrían realizado de todos modos. Sólo en algunos casos el importador transformado en exportador les abre las puertas a mercados del exterior a sus “proveedores” de productos transables fuera del país.
Cabe recordar que hasta la semana pasada había cerca de 100.000 DJAI demoradas en los despachos de la Secretaría de Comercio Interior, observadas por los funcionarios que se encargan de autorizarlas o denegarlas.
