“Debemos avanzar ahora mismo en la discusión de una Reforma de la Constitución en Santa Fe que ponga la centralidad en los derechos de la naturaleza y de las personas”, dijo Damián Verzeñassi saliendo a fijar posición sobre un tema instalado con fuerza en los últimos días por parte del gobierno de Maximiliano Pullaro y la cúpula de Unidos para Cambiar Santa Fe con mayoría en la Legislatura provincial.
Cuando resta un mes para el cierre del período de sesiones ordinarias de la Legislatura, hay al menos seis iniciativas ingresadas en la Cámara de Diputados que buscan modificar la ley de leyes de forma total o parcial. “Es indudable la necesidad de poner en discusión la actual Carta Magna provincial aprobada en 1962, hace más de sesenta años, y avanzar sobre un nuevo texto que garantice la ampliación de derechos ya consagrados para que el Nuevo Estado de la provincia de Santa Fe sea uno ecosocial”, refirió Verzeñassi.
Verzeñassi, quien es docente universitario, dirige el Instituto de Salud Socioambiental (INSSA) y es miembro fundador de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina, viene hace tiempo trabajando e investigando el texto Constitucional en base a experiencias de otras regiones y latitudes en una concepción que busca ampliar derechos al incorporar principios internacionales al tiempo que correr los límites más allá de los formalismos en los que se suele plantear el tema del ambiente.
“Hasta los proyectos presentados que puedan estar mejor intencionados siguen hablando de los bienes comunes en términos de recursos. No es una discusión lingüística o de forma, de lo que se trata es de entender el verdadero cambio de paradigma que debemos encarar colectivamente para tener una nueva Constitución”, refirió el especialista al tiempo que ejemplificó: “Comprender la diversidad de los sistemas vivos, de los ecosistemas, nos empuja a repensar la simplificación de las dinámicas sociales y productivas instaladas en los territorios. Porque luego nos quieren hacer creer que existen recetas únicas en comunidades y paisajes diversos, acumulando enormes matices de desigualdad en los centros urbanos y asignando a los territorios la única función de proveedores de materias primas a través de una lógica expoliativa”.
En ese sentido, para Verzeñassi, la Constitución provincial de este tiempo debe hablar de la agroecología con claridad como un enfoque teórico y metodológico que, utilizando varias disciplinas científicas, pretende estudiar la actividad agraria desde una perspectiva integradora de las dimensiones ecológica, económica y social. “Debemos promover la incorporación plena de la agroecología como un paradigma sustentable que integre las dimensiones ecológica, económica y social de la producción agraria por presentar múltiples beneficios que van desde la mitigación del cambio climático hasta la mejora de la calidad nutricional de los alimentos y el fortalecimiento del tejido social en las comunidades rurales”.
“Por el contrario es terrible escuchar como cierta dirigencia santafesina está preocupada solamente por discutir una Reforma Constitucional por la necesidad de reelección del gobernador. Hay derechos sobre los que tiene que estar ordenada esta Constitución que, a esta altura de nuestra historia, deberían ya estar consagrados como tales: el derecho al agua, a la energía, al territorio saludable”, opinó al tiempo que señaló como ejemplo lo que sucede con el Artículo 41 de la Constitución Nacional donde queda consagrado el derecho a vivir en un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano.
“A partir de ese Artículo se generó la Ley General del Ambiente que busca proteger el ambiente garantizando su cuidado, la educación y participación de los ciudadanos y ciudadanas, y controlar el impacto y el daño ambiental que puedan causar las personas. En Santa Fe no existe un Artículo 41”, indicó Verzeñassi como ejemplo, al tiempo que contó cómo la Reforma de la Constitución Nacional de 1994 contempló la cuestión ambiental desde una perspectiva integral y moderna incluyendo el derecho a un ambiente sano siguiendo la Declaración de Estocolmo del año 1972.
“Ante la posibilidad de que se apruebe la adhesión al Régimen de Incentivo a las grandes Inversiones (RIGI) en la provincia de Santa Fe existe la posibilidad concreta de que la ley de aguas de la provincia, que es una ley histórica, revolucionaria, que garantiza el agua como derecho humano, quede sin efecto, porque la prioridad la van a tener las grandes inversiones”, repasó el director de INSSA.
“En 2016, al presentar su proyecto de Ley de Aguas para Santa Fe, Rubén Giustiniani fue un adelantado en esta materia al incluir la prohibición del fracking en la provincia. Decía que el agua potable ´es mucho más que un bien, un recurso o una mercancía, es un derecho humano de primer orden`. Hoy podemos afirmar que, bajo el paraguas de las inversiones, vienen a apropiarse de nuestros bienes comunes fundamentales para nuestros ciclos vitales. Y acá, creemos, es donde tenemos que dar la discusión más profunda. ¿Quién tiene derecho a definir sobre el acceso a los bienes vitales que hacen posible que podamos vivir nuestras vidas en nuestros territorio?”.
“En este momento tendríamos que estar discutiendo qué nuevos derechos tenemos que incorporar en un texto constitucional para garantizar que Santa Fe sea un Estado ecosocial, construido sobre la base de la necesidad de reconocer que sí no hay territorios habitables no hay vida posible”, subrayó Verzeñassi al tiempo que, sobre los proyectos con estado parlamentario presentados, indicó: “Hay que ver qué termina saliendo de la Legislatura como plan de Reforma. Lo que nos preocupa es que ahora, después de los más de sesenta años que nos costó llegar a este punto donde podemos poner en discusión nuestra Carta Magna, se inicie el debate con el objetivo principal de discutir la reelección del gobernador. Es terrible para la historia”.
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