Mediante sendos decretos publicados en el Boletín Oficial, el Gobierno promulgó la ley que introduce cambios en el Consejo de la Magistratura y al mismo tiempo realizó el llamado a elecciones de consejeros.
Los comicios tendrán lugar, tal como lo indica la flamante ley de reforma de ese cuerpo colegiado, durante las primarias obligatorias del 11 de agosto y durante las legislativas del 27 de octubre.
A través del decreto 576, la presidente Cristina de Kirchner promulgó la Ley 26.855, aprobada por el Congreso en el marco de la reforma judicial. Y por medio del decreto 577, convocó a las elecciones de consejeros, en conjunto con los comicios legislativos.
Dirigentes de la oposición y organizaciones de abogados y jueces avanzarán con impugnaciones de la norma y de la convocatoria ante la Justicia.
Fuentes del oficialismo consultadas por la agencia Noticias Argentinas consideraron que la Ley llegará por la vía del per saltum a la Corte Suprema de Justicia y, a diferencia de hace algunas semanas, ahora existe confianza en que finalmente será convalidada por el máximo tribunal.
La ruta de la judicialización de la reforma del Consejo de la Magistratura comenzará con planteos en juzgados de primera instancia, que pueden ser del fuero en lo Contencioso Administrativo y el Electoral, tras lo cual llegarán al máximo tribunal.
Los voceros del oficialismo confían en que la Corte ya logró que el proyecto de ley que mandó la Casa Rosada fuera modificado, en el punto que establecía que el manejo del presupuesto del Poder Judicial dejaría de estar en manos del máximo tribunal para pasar a estar a cargo de este organismo.
Como la administración de esos fondos finalmente no se modifica con esta ley y permanece en la Corte, en el oficialismo mantienen sus esperanzas en que la reforma reciba una sentencia favorable y de esa manera descartan lo que hace un par de semanas advertían como un revés judicial cantado.
En la oposición, el presidente de la UCR, Mario Barletta, dijo a NA que espera que la reforma del Consejo de la Magistratura no pase la prueba de constitucionalidad y que la Corte «no va a ser cómplice» del Poder Ejecutivo, convalidando esta norma.
