Especial para El Ciudadano
Hoy día nos parece normal y cotidiano poseer un documento de identidad con foto, así como registrar nuestra huella dactilar, tanto que hasta la usamos decenas de veces a diario en los dispositivos móviles. De hecho, poseer un DNI constituye una puerta de acceso a muchos derechos y protecciones constitucionales de las que nadie quiere adolecer. No obstante, esto no siempre fue así. A inicios del siglo XX estas prácticas comienzan a ser desarrolladas e implementadas, pero con fines bastante alejados a los que hoy les podemos conferir y aceptar.
Pocas personas desconocen hoy que fue el policía y antropólogo croata-argentino Juan Vucetich quien desarrolló, a fines del siglo XIX, la técnica de identificación dactiloscópica por medio de la cual se podía –y aún se puede- establecer la identidad de una persona, la cual es única e irrepetible. Su desarrollo lejos de buscar ampliar derechos era poder identificar a los autores materiales de crímenes, es decir, tenía por finalidad una más efectiva realización del peritaje policial. Esta novedosa y eficaz técnica venía a reemplazar a la falible, pero pionera técnica de medición antropométrica, desarrollada por Alphonse Bertillon y que fue conocida en su honor como “Método Bertillón”.
Su aplicación comenzó en Buenos Aires, pero rápidamente fue emulada en Rosario, ciudad pujante con el crecimiento urbano y demográfico más acelerado del país a inicios del siglo XX. En 1905, la oficina de Pesquisas, nombre que poseía la división de la policía que se encargaba de averiguaciones y resolución de casos que excedían al de la policía ordinaria, fue reemplaza por una moderna División de Investigaciones. Esta oficina supuso un salto cuantitativo y cualitativo de sus funciones e incumbencias, siendo el área técnica y científica de la policía. Esta novedosa División tenía, entre sus principales funciones, controlar, perseguir y reprimir al anarquismo, el cual era entendido como un mal para el cuerpo nacional, una enfermedad moral ajena al espíritu del país que había llegado de la mano de inmigración y que suponía un peligro para la nación. Cabe destacar que desde 1902 regía en el país la Ley de Residencia, por medio de la cual podía ser deportado todo extranjero que fuera tenido por peligroso para el orden público. A dicha tarea contribuyó, destacadamente, la nueva División.
A poco de renovada, esta División estuvo bajo el mando del nuevo Jefe Político de la ciudad, Néstor Fernández, quien en tan sólo once meses de gestión le brindó un impulso clave. Éste se encargó de profesionalizar a la policía del área, enviándolos a Buenos Aires a formarse, logrando aumentos presupuestarios y salariales y dignificando a la fuerza para que los policías se abstuvieran de abandonar la institución para irse a trabajar la cosecha con mejores oportunidades salariales, problema frecuente del período previo. La gran novedad que se introdujo en estos años ya no fue el sistema dactiloscópico, puesto que ya contaba con algunos años y ensayos en el país, sino que fue el prontuario, documento interno de la policía en la cual constaban todo tipo de datos de la persona sumariada, tales como las mencionadas huellas dactilares, su fotografía, datos filiatorios e información general sobre sus detenciones.
Si el año 1906 había sido de reacomodos y crecimiento, el siguiente lo sería de puesta en marcha de forma sistemática. En enero de 1907, Rosario y el país entero se vieron atravesados por una huelga nacional que se desencadenó por el intento municipal de imponer una libreta de buena conducta a los trabajadores del transporte en Rosario, la cual constaba de notas disciplinarias, fotografía y huella dactilar. La medida fue considerada vejatoria y una forma de control inadmisible por su connotación criminal para los obreros, quienes en su mayoría anarquistas, entendían que aquello constituía un atropello a sus derechos y que además ponía en peligro la propia fuente de trabajo. Esta libreta, a su forma, emulaba al recientemente creado prontuario.
Durante aquel año comenzó un sistemático proceso de persecución y detención de muchos trabajadores y militantes anarquistas que duraría décadas, quienes eran trasladados a la Jefatura de Policía (actual Sede de Gobernación) para ser interrogados, abriéndoles un prontuario o anexando nuevos ingresos al que ya tuvieran abierto. Con el nombre de Orden Social se conocía a la sección que se encargaba del anarquismo. Su crecimiento fue logarítmico de año en año, llegando a tener algunos destacados militantes prontuarios voluminosos, o inclusive habiendo sufrido reiteradas deportaciones.
Dichos prontuarios no constaban meramente de información delictiva o contravencional de los detenidos, sino que mayormente estaban llenos de recortes de prensa, informes de policías infiltrados en reuniones obreras donde se repetía sus conversaciones, pedidos de información a otras policías nacionales e internacionales, así como folletos o diarios incautados al momento de la detención. Prácticamente todos habían sido sometidos a interrogatorios modelos que buscaban determinar la peligrosidad del detenido, dictaminando si se trataba de un mero propagandista del anarquismo o un “anarquista peligroso”, situación que merecía el traslado a sus pares de Buenos Aires para ser deportados desde allí.
El análisis de dichos prontuarios arroja una impresión inmediata y escalofriante, y es que no se trataban de prontuarios con los meros fines de control social, que comenzaban a estar en boga en torno a lo que se conocía como la “cuestión social”, sino que se trataba de documentos persecutorios donde constaban detalles de la vida privada de los prontuariados, escuchas e infiltraciones, seguimiento personalizado y detenciones arbitrarias sin causa definida. El anarquismo, que en Rosario fue hegemónico por muchos años, se transformaba entonces en uno de los objetivos principales de esta División (como dijimos, también tenían otras áreas como Moralidad Pública u Orden Político, etc.) y de la élite política. Su combate, que ya era de cuartel, también pasó a serlo sin él, a partir de un profesional y sistemático control investigativo.
Estos prontuarios, con una vida de espionaje y persecución en su interior, serían considerados una flagrante violación de las libertades individuales hoy día. Para aquellos trabajadores anarquistas también lo era, pero el proyecto de país que estaba en curso lejos estaba de entenderlo así.
(*) Historiador
