El diputado del Frente Renovador-PJ Oscar Martínez presentó un proyecto de ley para modificar el Código Procesal Penal de la provincia Santa Fe, de tal manera que la figura de la prisión preventiva alcance a quienes porten armas de fuego en situaciones de posible comisión de delitos. “Las armas de fuego son la principal causa de la extrema violencia que vivimos en la provincia”, argumentó el legislador santafesino.
La iniciativa apunta a la modificación del artículo 221 del Código Procesal Penal de la provincia que se refiere a la “peligrosidad procesal”, a través de lo cual si al momento de cometerse un hecho con apariencia de delito se portan o se utilizan armas, será procedente el dictado de la prisión preventiva.
Martínez hizo hincapié en que gran parte de los fundamentos de su proyecto se basan en los números que elaboró el Observatorio de Seguridad Pública provincial, que presentó un informe sobre de las personas heridas por armas de fuego de los departamentos Rosario y La Capital en los primeros seis meses del año. En el mismo se consigna que en el departamento Rosario se registraron 485 casos de heridos por arma de fuego concentrándose en la ciudad de Rosario ocho de cada diez casos. En el departamento La Capital se han producido, según el mismo informe, 312 casos de heridos por arma de fuego, de los cuales la cuidad de Santa Fe encabeza las estadísticas, repitiéndose la proporción de ocho cada diez casos.
“Entendemos que a la luz de los hechos que se están sucediendo queda claro que la tenencia y el uso de armas en el momento que se comete el hecho además de constituir o no un delito autónomo es también una demostración de la conducta que va a asumir el imputado con respecto al proceso, a los sujetos que intervienen en el mismo; si al momento de cometer el hecho elige un modo que sabe que produce en la víctima miedo no solo actual sino también a futuro es consciente de que su acción también va en procura de su impunidad. Creemos firmemente que quien porta o usa un arma deja en claro cuál va a ser su accionar en el proceso y por lo tanto esa conducta habilita el dictado de la prisión preventiva como mecanismo cautelar”, indicó Martínez.
Según el legislador, la reforma que propone ayudaría al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial y al Ministerio Público de la Acusación con “herramientas para luchar contra la inseguridad”. Por eso solicitó que se reforme el artículo 221 del Código Procesal Penal para agregar como “peligrosidad procesal” la tenencia de armas de fuego o la portación de armas de cualquier tipo por parte de los imputados al momento de la comisión de un hecho con apariencia de delito. “Al incluirse como peligrosidad penal se logra que le quepa la figura de la prisión preventiva, es decir que quien sea hallado en estas circunstancias con armas de fuego no entre por una puerta y salga por la otra como está ocurriendo actualmente”, agregó el diputado.
“Estoy convencido de que el flagelo de la inseguridad y particularmente la violencia imperante hoy en nuestra sociedad están íntimamente relacionadas con la tenencia y utilización de armas de fuego. Basta ver las crónicas policiales de estos últimos meses donde se relatan una enorme cantidad de hechos relacionados con la utilización de armas de fuego contra bienes y personas. Días atrás la Fiscal Regional de Rosario, María Eugenia Iribarren estimaba que hay días que se presentan 20 denuncias por balaceras contra propiedades. Las balas no solo sirven para dejar mensajes mafiosos y marcas en las paredes, sino que también provocan situaciones trágicas como hemos visto en este último tiempo”, añadió Martínez.
“Ante esta realidad podemos quedarnos de brazos cruzados y observar cómo las estadísticas se acrecientan o hacer lo que está al alcance de nuestra mano para aportar a la solución del problema. Nosotros elegimos el segundo camino, por eso he presentado en consonancia con este dos proyectos para que por un lado la Agencia Provincial de Prevención de la Violencia con Armas de Fuego, implemente las medidas necesarias para favorecer el desarme voluntario y para fortalecer en el territorio de la Provincia al Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego y Municiones, y por otro para que el Poder Ejecutivo Provincial gestione ante el Poder Ejecutivo de la Nación la actualización de los valores de compensación por la entrega de armas y municiones establecidos en dicho programa”, finalizó.
