Por Mariángeles Guerrero
El diputado Carlos del Frade (Frente Amplio por la Soberanía) presentó en la Legislatura provincial un proyecto de ley que propone crear un impuesto inmobiliario adicional a la propiedad de grandes extensiones rurales. El mismo alcanzará a los grandes propietarios de tierras del territorio santafesino, sean personas físicas o jurídicas, que posean entre 500 y 10.000 hectáreas. Lo recaudado será destinado a la creación de un fondo provincial para reforzar las políticas alimentarias de las familias santafesinas en situación de pobreza. “Este impuesto solamente recaería en menos del 1% de la población de la provincia y sería realmente justo, de acuerdo a todo lo que produce la gente para que ese 1% sea extremadamente rico”, valora el legislador.
De aprobarse esta propuesta, las personas físicas o jurídicas alcanzadas abonarán un monto extra al que abonan normalmente en concepto de impuesto inmobiliario rural. Los propietarios de nacionalidad argentina que sean personas físicas deberán pagar un 30%, los personas jurídicas (por ejemplo, las empresas), un 35% y los dueños de nacionalidad extranjera, un 40% más.
Del Frade considera: “Generalmente estos sectores están exentos o pagan menos de lo que corresponde, como pasa con los grandes exportadores de la provincia de Santa Fe, con los propietarios de viviendas ociosas y con los bancos. Para tener un Estado que sea inteligente, activo y que realmente responda a las necesidades populares, necesitamos cobrarle a los que más tienen y no siempre cargar la mochila pesada en la clase media en o en los sectores populares”.
Entre los fundamentos de la iniciativa, se lee: “En un momento donde la necesidad de tierra para vivir y para trabajar es cada vez mayor, y donde el ajuste impulsado por el gobierno nacional cae ferozmente sobre las espaldas de las y los trabajadores, pymes y pequeños productores, es necesario ir a buscar la riqueza en quienes la concentran”.
Además, se argumenta: “Existen grandes extensiones de tierra rural que se van revalorizando sin más inversión que la que ha realizado el Estado en infraestructura. Al gravar la gran propiedad territorial aportaremos con la absorción, por parte del Estado, de un porcentaje de la renta de la tierra, a provocar una deflación de los precios de la misma, una mayor oferta y la adjudicación en esta forma a los pequeños y medianos productores rurales”. Desde otros sectores productivos, como quienes producen las frutas y verduras que se venden en los mercados de las ciudades, desde hace tiempo vienen reclamando poder acceder a tierras para seguir cultivando.
Contexto de ajuste y desfinanciación a las provincias
Esta propuesta se presenta en un contexto de ajuste, devaluación y quita de fondos a las provincias. Sobre este punto, el diputado manifiesta: “Responde a lo que impone al Fondo Monetario Internacional, pero en eso también hay un enorme riesgo desde la desintegración nacional porque, al no cumplir con leyes nacionales de devolución de producción y transferencia de los sectores populares de las provincias al Gobierno central, cada provincia va a empezar a ver cómo puede afrontar todo lo que necesita para su población”. También marca la necesidad de que se sancione una Ley de Coparticipación.
Acerca de las medidas que en este marco está tomando el gobernador Maximiliano Pullaro, el legislador considera: “Las respuestas que están teniendo los gobernadores es directamente proporcional a la política de saqueo ESCUCHAR. Cuando Pullaro habla de un impuesto a la riqueza a nivel nacional como alternativa y se lo plantea al presidente de la Nación lo que hay que decirle es que empiece por casa, generando un impuesto a la riqueza acá en la provincia de Santa Fe”.
El Frente Amplio por la Soberanía propone además cobrar ingresos brutos a las exportadoras e impuestos específicos para las viviendas ociosas y los bancos. Sobre las exportadoras, Del Frade alega que hoy están facturando el equivalente a un presupuesto y medio de la provincia de Santa Fe pero que no pagan ingresos brutos: “Sería realmente muy importante que se les cobre ese concepto, porque suplantaría lo que la Nación está reteniendo del Fondo Compensador de Transporte y del Fondo Nacional de Incentivo Docente”.
Sobre las viviendas ociosas, puntualiza: “Hay particulares y empresas que tienen más de cinco departamentos en grandes ciudades y que están deshabitados porque lo hacen para la especulación inmobiliaria, o peor: para el lavado de dinero”. Agrega también que los bancos “tienen una enorme rentabilidad en la provincia de Santa Fe y dejan prácticamente nada”.
Este proyecto fue presentado por primera vez por la diputada mandato cumplido, Mercedes Meier, en 2019. Sin embargo, no llegó a tratarse y perdió estado parlamentario. En cuanto a cómo avizora la viabilidad del actual proyecto en la Cámara Baja, Del Frade sostiene: “Creo que por el contexto tan despiadado a nivel nacional, hoy puede haber un mayor acompañamiento que el que hubo en el pasado”.
Fuera del ámbito legislativo, el diputado subraya la necesidad de “juntarse y organizarse para tratar de construir un presente que sea mucho menos doloroso que el que estamos viviendo”.
Grandes extensiones de tierra en pocas manos
Según el último Censo Nacional Agropecuario, de 2018, en nuestro país el 1,6% de los productores concentra el 42% de la tierra productiva. Son sólo 3566 explotaciones agropecuarias sobre un total de 227.323.
En la provincia de Santa Fe, hay 19.970 explotaciones agropecuarias (EAP), que representan una superficie de nueve millones y medio de hectáreas. Pero sólo 1.214 de esas explotaciones concentran cuatro millones y medio. Los restantes cuatro millones se reparten entre 18.756 establecimientos. En otros términos: sólo el 6% de los dueños concentra el 48% de la superficie productiva santafesina.
Esos campos tienen, a su vez, grandes superficies. En cifras, sólo nueve establecimientos poseen más de 20.000 hectáreas; 34, más de 10.000 y 41 más de 7.500. En suma, hay un millón cuatrocientas mil concentradas en 94 establecimientos.
Además, 217.559 hectáreas son propiedad de extranjeros; lo que representan un 1,7°/o de la superficie total de zonas rurales, donde el departamento Garay lleva la delantera con un 15,7% de sus hectáreas extranjerizadas. Le sigue San Javier con un 3,1%. En el texto del proyecto de ley se detalla: “No es casualidad que estos datos coincidan con las regiones de Santa Fe más pobres, donde las comunidades originarias están relegadas a pequeños poblados, la mayoría sin tierra donde poder trabajar, donde los departamentos tienen las mayores extensiones y sin embargo, la menor cantidad de pobladores; con un pueblo que hace grandes sacrificios para tener un lote donde alzar su vivienda, si es que lo logra; con una agricultura sin agricultores”.
En diciembre, el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23 de Javier Milei, derogó (entre otras leyes) la Ley 26.736, conocida como Ley de Tierras. Esa norma puso un límite a la extranjerización de tierras en Argentina, porque estableció que las personas foráneas no pueden ser titulares de más del 15% del total de los suelos rurales a nivel nacional. Además, les prohibió ser dueñas de inmuebles ribereños de ríos, lagos o cuencas y de zonas de seguridad de frontera. Si bien no logró plenamente sus objetivos, esa norma permitió poner en agenda local la problemática mundial de la extranjerización de las tierras y recabar datos certeros al respecto.
El proyecto de ley, ingresado a la Cámara Baja el pasado 16 de febrero, concluye: “La extranjerización y concentración en pocas manos no ha sido la salida hacia el progreso en ningún lugar del mundo”.
Hacia un modelo de producción de alimentos para la gente
En Argentina, uno de cada dos niños y niñas vive en familias que están por debajo de la línea de la pobreza. Y el modelo dominante de producción agroindustrial (con su paquete de semillas transgénicas y agrotóxicos) se ocupa mayormente de cosechar commodities (soja, maíz) para el mercado externo. Sólo los grandes propietarios ganan, mientras que los pueblos originarios y los pequeños campesinos son expulsados de sus tierras y los pequeños productores agrarios pierden. Por la expansión de la frontera agropecuaria, desaparecieron 150 mil pequeños productores desde 1988 a la fecha.
“Son los grandes productores los que terminan definiendo que producimos, para quién, cómo lo hacemos, a quién le vendemos y a dónde van esas ganancias, en sociedad con las agroexportadoras (en su mayoría extranjeras) y los compradores internacionales”, se lee en el proyecto de ley.
Asimismo se fundamenta: “Es necesario discutir ese modelo dependiente que ha demostrado no sólo ser ineficaz para el conjunto de la sociedad (provocando graves daños a la salud y al medioambiente, pérdida de la soberanía alimentaria, de la soberanía monetaria y desindustrialización), sino también económicamente inviable para las mayorías agrarias”.
Regionalización
El proyecto de ley propone que las extensiones de tierra sujetas a este impuesto se calculen según la zona geográfica en la que se ubican. El mismo incluye, para esto, la siguiente regionalización, elaborada en función del tamaño de las propiedades en cada zona:
*Área 1 (sur del departamento General López): se propone cobrar allí a quienes posean más de 800 hectáreas.
*Área 2 (centro y norte del departamento General López, departamento Caseros, la mayor parte del departamento Belgrano, departamento Constitución, departamento Rosario, centro y sur de los departamentos Iriondo y San Lorenzo, sur del departamento San Martín): se propone cobrar allí a quienes posean más de 500 hectáreas.
*Área 3 (oeste del departamento San Martín, la mayor parte del departamento Castellanos y el sudoeste del departamento San Cristóbal): se propone cobrar allí a quienes posean más de 1000 hectáreas.
*Área 4 (este del departamento San Martín, norte de los departamentos Iriondo y San Lorenzo, centro-oeste del departamento San Gerónimo, sudeste del departamento Castellanos, oeste del departamento La Capital y centro-oeste de Las Colonias): se propone cobrar allí a quienes posean más de 800 hectáreas.
*Área 5 (la zona de la costa del Paraná desde el departamento General Obligado hasta Puerto Gaboto): se propone cobrar allí a quienes posean más de 3000 hectáreas.
*Área 6 este (San Justo, sur de Vera, sudoeste de General Obligado y noroeste de San Javier): se propone cobrar allí a quienes posean más de 1500 hectáreas.
*Área 6 oeste (centro-oeste del departamento 9 de Julio, centro de San Cristóbal, norte de Las Colonias): se propone cobrar allí a quienes posean más de 3000 hectáreas.
*Área 7 (norte de San Cristóbal, este de 9 de Julio, centro-oeste de Vera, norte de San Justo): se propone cobrar allí a quienes posean más de 10.000 hectáreas.
*Área 8 (este de Vera, oeste de General López y el extremo sur de San Javier): se propone cobrar allí a quienes posean más de 10.000 hectáreas.
