El diputado provincial Carlos Del Frade presentó una iniciativa para la conformación de un Programa de Reparación Integral a Víctimas de Violencia Institucional, el cual tendrá como finalidad brindar acompañamiento y asistencia jurídica, médica, psicológica, social, reparación simbólica e indemnización y protección integral a aquellas personas víctimas de violencia institucional.
El legislador entiende, y así lo hace ver en el texto de su proyecto, que la situación sobre la violencia institucional es “preocupante”, y busca, a través del mismo, “retomar los proyectos anteriores que había presentado, por un lado, Alicia Gutierrez y también Eduardo Toniolli” cuando éste ocupaba el cargo de diputado provincial, “donde sintetizábamos por sobre todas las cosas un paradigma que para nosotros es fundamental que es la seguridad democrática”. Definiendo el concepto de seguridad democrática desde los derechos humanos, se busca “democratizar a las fuerzas policiales y que no se utilice la fuerza que le da el Estado a la policía para ir en contra de la propia gente que tiene que cuidar» a través de este observatorio, por el cual se denunciarían «las malas prácticas policiales de los nichos violentos que generalmente son también los nichos de corrupción».
El proyecto define a la violencia institucional como aquella situación en donde una persona del ámbito civil padece una serie de dolores, vejaciones, sufrimientos infringidos por un funcionario público “o persona en el ejercicio de sus funciones públicas, a instigación suya o con su consentimiento, desidia o aquiescencia”. El texto de la iniciativa también entiende por víctimas de violencia institucional a “los casos de desapariciones forzadas y ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias”.
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Según el último informe del Servicio Público Provincial de Defensa Penal (SPPDP), entre los años 2015 y 2020, se registraron 3504 víctimas y 6426 torturas, malos tratos y demás afectaciones a los derechos humanos en la provincia de Santa Fe – promediando los 500 casos anuales- y tan sólo el 47% de las víctimas quiso llevar adelante una denuncia formal. Durante el año 2020, el registro llevado adelante por el SPPDP relevó 768 víctimas de violencia institucional, de las cuales 650 sufrieron violencia policial – siendo que el número registrado en 2019 trepó a los 433 personas, un número mucho menor- mientras que las restantes 118 alegaron violencia por parte del servicio penitenciario. La mayoría de las víctimas policiales registradas son varones de entre 18 y 28 años de edad.
Al colocar el foco sobre el servicio penitenciario, se registran 118 víctimas de violencia institucional, de las cuales casi 6 de cada 10 no realizarán la denuncia por temor a empeorar su situación de detención. En este marco, la SPPDP publicó en su informe que se han registrado 125 muertes muertes en contexto de encierro entre 2015 y el 2020, mientras que en este último año 35 personas perdieron la vida estando privadas de su libertad: 28 en unidades penales, 4 personas encerradas en alcaldías y otras 3 que estaban detenidas en comisarías.
Estos números “dan cuenta del vacío institucional con el que se encuentran las víctimas de la violencia estatal, no encontrando espacios públicos que puedan proveerles si quiera asistencia jurídica efectiva” dice Del Frade en el texto del proyecto, y agrega que dicha situación “deja a las víctimas y familiares en una situación de desamparo ante el hecho de victimización debiendo construir formas autogestivas de acompañamiento y asistencia con el apoyo de diversas organizaciones, los cuales han devenido en ricos e invaluables procesos de construcción de justicia popular, pero que nunca pueden suplantar las capacidades y deberes del Estado de orquestar las herramientas y vías para una reparación integral”.
La policía: un gato sin cascabel
En diálogo con El Ciudadano, el legislador alega que “más allá de los 40 años en democracia, la policía no ha sido democratizada y tiene muchos nichos de corrupción y de violencia institucional que generalmente se utiliza contra gente indefensa. Nos parece que eso hay que eliminarlo y para eso hay que dotar de herramientas al Estado y por otra parte generar una nueva ley policial y una ley que contemple el control bicameral de la fuerza policial para que justamente la política se meta más para democratizar la fuerza”. Sobre esto último, el periodista retoma la experiencia de los proyectos presentados por Marcelo Sain cuando aún ocupaba el cargo de ministro de Seguridad provincial, y dice que «nosotros tomamos muchísimos de los elementos de Sain en la nueva propuesta que hacemos de reforma policial. Estábamos convencidos de que había que tratarlo pero lamentablemente la cerrada oposición que tenía la gente del Frente Progresista, el radicalismo y el PRO sobre la figura de Sain generaron que todas esas cosas no se debatieran».
Otro de los aspectos del proyecto presentado por el legislador es la incorporación de las universidades nacionales de Rosario (UNR) y del Litoral (UNL), «fundamental para monitorear y darle transparencia». A esto, también se le agrega «En forma paralela, una especie de comité también formado por los organismos de derechos humanos de Rosario y de Santa Fe» y por sobre todas las cosas, el control que se puede hacer desde la Cámara de Diputados desde las diferentes comisiones: “Nosotros creemos que la más activa, lo que tiene que ver con la comisión de Seguridad pero fundamentalmente la Comisión de Derechos y Garantías, que durante mucho tiempo trabajó muy bien en ese sentido”.
Condenan a policías por retener ilegalmente a cuatro personas y golpearlas en una comisaría
Carlos del Frade afirma que «hemos tenido un promedio de por lo menos 6 asesinatos por año cometidos por integrantes de la policía en Santa Fe. En ese contexto hay que ver cuáles son las condiciones y las particularidades de cada caso, pero hay un promedio que a veces se levanta y va más allá de los 10 casos”. Así mismo, “en forma paralela, también la policía sufre hechos tremendos, ya que se han dado casos de suicidios tanto en el personal del Servicio Penitenciario como en el personal de la policía. Esas cosas hay que investigarlas, hay una escasa democratización de la fuerza” y también “es muy opaco todo lo que parece funcionar como relaciones habituales y cotidianas de la policía. En ese contexto, tratar de hacer un debate donde participe incluso la propia policía, por más que no tengan sindicatos, a través de los delegados deberían participar sobre lo que significa no solamente en la práctica de la violencia institucional sino en la práctica laboral cotidiana” argumenta el diputado. “Esas cosas tienen que generar una policía mejor, que no la hemos construido”. “En 40 años de democracia el problema de la falta de democratización de la policía se ve en todo el país, no solamente en la provincia de Santa Fe”
El servicio penitenciario de la provincia de Santa Fe «tiene lo mismo que la policía, hay nichos de corrupción muy profundos. Es evidente que venden servicios a los presos y que después terminan generándose hechos que vemos en la vida cotidiana sobre muchas bandas o pandillas que terminan recibiendo las instrucciones desde adentro de las cárceles. Todo lo que tiene que ver con el narcotráfico tiene que ver con eso. Por eso es muy importante las investigaciones que hace la Defensora General de Santa Fe, en donde siempre habla de distintos abusos que se dan dentro de las cárceles y eso también son casos de violencia institucional
