El diputado provincial Martín Rosúa (UCR–Unidos) presentó un proyecto para impulsar una reforma integral del régimen de prisión domiciliaria en la provincia de Santa Fe. El legislador alertó sobre la existencia de privilegios encubiertos y fuertes desigualdades en la forma en que se ejecutan algunas condenas.
“Durante años vimos cómo un instituto pensado para situaciones humanitarias terminó funcionando, en la práctica, como un beneficio reservado para unos pocos”, sostuvo Rosúa. En ese sentido, cuestionó que condenados por delitos graves, incluso por corrupción y defraudación al Estado, cumplan penas en departamentos de lujo, con acceso irrestricto a celulares, internet, redes sociales y visitas ilimitadas. “Es evidente que, con estos privilegios, la ley no está siendo igual para todos”, remarcó.
El legislador recordó que se conocieron casos en los que se organizaron fiestas, reuniones numerosas y celebraciones en domicilios donde debía cumplirse la pena. En contraste, señaló que los internos alojados en el Servicio Penitenciario Provincial están sujetos a normas estrictas, con cupos y horarios de visita, limitaciones en la comunicación, espacios reducidos y control permanente.
“El sistema terminó generando privilegios por capacidad económica, algo completamente incompatible con la Constitución y con cualquier principio republicano básico”, afirmó Rosúa. Además, advirtió que el problema no surge por falta de normas, sino por la ausencia de una aplicación rigurosa, lo que derivó en abusos que hoy obligan a modificar la ley para impedirlos de manera expresa.
Límites a la prisión domiciliaria
La iniciativa establece condiciones más estrictas para el cumplimiento de la prisión domiciliaria. Entre los principales puntos, propone un límite máximo de 120 metros cuadrados para la vivienda, la prohibición de amenities de lujo o condiciones que conviertan la pena en un privilegio, y un régimen de visitas idéntico al penitenciario, junto con la prohibición del uso de celulares e internet, salvo excepciones debidamente justificadas.
El proyecto también contempla monitoreo electrónico obligatorio, controles sorpresivos, revocación inmediata ante cualquier incumplimiento y la creación de un registro público, con el objetivo de garantizar transparencia.
“El mensaje es claro y directo: en Santa Fe la prisión domiciliaria vuelve a ser lo que siempre debió ser, una excepción humanitaria y no un privilegio reservado para quienes pueden pagar condiciones de vida que ningún otro interno posee”, afirmó el diputado.
Por último, Rosúa aseguró que la reforma busca reponer la igualdad ante la ley y devolver seriedad a la ejecución penal. “Responde a un reclamo muy simple pero muy profundo de la sociedad. Si hay condena, la pena se cumple de verdad y se cumple igual para todos”, concluyó.
