Observatorio de Políticas Públicas de Economía Popular y Solidaria
CEDET Rosario – UNR / www.oppeps.org / observatorioeps@gmail.com
En el marco del proceso electoral se están formulando numerosas demandas y propuestas dirigidas a los candidatos a asumir el gobierno nacional el próximo diciembre. Entre ellas se alzan las voces y proclamas del campo de la economía social, solidaria y popular (Essp). Esta denominación amplia fue usada en el II Congreso de la Economía Social y Solidaria, desarrollado a mediados de septiembre pasado en la Universidad Nacional de Quilmes en el marco de la Red Universitaria de Economía Social y Solidaria (Ruess), teniendo entre sus propósitos el de tender puentes entre las formas más tradicionales de economía social, vinculadas con el cooperativismo y el mutualismo, y las nuevas expresiones de economía solidaria y de economía popular, conformada por trabajadores mayoritariamente informales, excluidos del mercado de trabajo, que auto-organizan sus capacidades para obtener ingresos, generalmente, de subsistencia. En este mismo sentido, el de intentar trazar puentes y construir caminos en común, caben destacarse los documentos producidos con el objetivo de presentar a los candidatos a las elecciones de octubre, las demandas y propuestas de la Essp, o de partes de ella. En primer lugar, en el mes de mayo, 80 organizaciones de todo el país pertenecientes la agricultura familiar, campesina, indígena, PyMe y asociativa realizaron el Primer Foro Nacional por un Programa Agrario Soberano y Popular, cuyas conclusiones conforman un conjunto de demandas para el próximo gobierno. En segundo lugar, en el mes de julio, las principales confederaciones de cooperativas y mutuales (Cooperar, Coninagro, Conarcoop, Cnct, Conaices, CAM, Adira) suscribieron el documento titulado “Mensaje de las cooperativas y mutuales argentinas a los candidatos en las próximas elecciones nacionales”, que posteriormente fue complementado por “Aportes para un Plan Nacional de Desarrollo” elaborado por Cooperar. Finalmente, en el mismo mes organizaciones de trabajadores autogestionados y de la economía popular (Cnct, Ctep/La Dignidad, MTE, Facta. Fedecaba, Actra) celebraron un primer Foro en el que elaboraron “Aportes para un programa de la economía cooperativa, autogestionada y popular”.
Las demandas y propuestas planteadas por la Essp
Primer Foro Nacional por un Programa Agrario, Soberano y Popular
Normativa: Las organizaciones de agricultura familiar, campesina, indígena, PyMe y asociativa señalan la urgencia de contar con “leyes de acceso a la tierra o de regularización dominial”, así como con regulaciones para “orientar la producción agropecuaria al cuidado de los recursos naturales” y la “libre disponibilidad e intercambio de semillas”. Asimismo, proponen la asignación de un “subsidio universal por arraigo, para quienes se queden produciendo y viviendo en áreas rurales”. En una perspectiva de mediano plazo subrayan la importancia de revertir la tendencia a la concentración de la tierra y regular su acceso y propiedad.
Protección social: El documento postula la necesidad de construir un “sistema de salud universal y gratuito”, con enfoque transversal de género y multicultural. Al mismo tiempo, destacan que los agricultores familiares necesitan que el Estado garantice ingresos y protección social durante los periodos de baja actividad o contraestacionales.
Financiamiento: El comunicado destaca que se necesitan “créditos orientados y dirigidos” a los pequeños y medianos productores y a los desarrollos asociativos.
Producción y consumo: Según entienden estas organizaciones, la “Emergencia alimentaria” debe incluir: 1) “Compras estatales de alimentos” de la agricultura familiar para escuelas y hospitales, comedores y otras instituciones públicas. 2) Acceso al agua segura como derecho. 3) “Limitación de la aplicación de agrotóxicos”. 4) “Fomento de la agroecología” con semillas protegidas. 5) “Fomento de circuitos cortos de comercialización” y la vinculación directa productor/ consumidor. 6) Intervención estatal para impedir la monopolización de las cadenas agroalimentarias. 7) Fomento del arraigo rural (infraestructura, educación, comunicación, salud y cultura).
Participación e institucionalidad de las políticas públicas. El nuevo gobierno deberá democratizar las políticas públicas convocando a la participación de la agricultura familiar, campesina, indígena, PyMe y asociativa en todos los organismos del Estado relacionados al agro. Piden además la restitución de los organismos y políticas vinculados con la agricultura familiar.
Mensaje de las Cooperativas y Mutuales Argentinas
Normativa: En relación a las demandas de leyes y regulaciones específicas, en el documento se propone una nueva legislación que promueva y controle el “desempeño de la actividad financiera al servicio del desarrollo económico y social”.
Protección social: El comunicado hace énfasis en que los trabajadores asociados a cooperativas alcancen los “mismos derechos de protección social que los trabajadores asalariados”.
Financiamiento: Proponen la “promoción y creación de cajas de crédito cooperativas” para canalizar los ahorros de la comunidad al servicio de la producción y el desarrollo local.
Producción, comercialización y consumo: Destacan la necesidad de “promover el abastecimiento de bienes y servicios producidos en forma asociativa y solidaria” en el ámbito industrial, agropecuario, de ahorro y crédito, salud, entre otros.
Participación e institucionalidad de las políticas públicas: En este apartado se destacan tres temas particulares: la necesidad de “diseñar políticas sectoriales” (de energía, transporte, financiamiento, industriales, agropecuarias, etc.) que incorporen la participación de las entidades de economía social tradicional, el “fortalecimiento del Inaes” como organismo principal de promoción del sector, y el diseño e implementación de una “política nacional de vivienda” con participación de cooperativas y mutuales, entidades de trabajo, crédito y seguros. Si bien este documento se centra principalmente en la promoción de cooperativas y mutuales, una propuesta posterior elaborada por Cooperar destaca la vinculación entre ellas y otras organizaciones de trabajadores autogestionados y proponen profundizar las líneas de acción comunes entre las instituciones y programas incluidos en la Ley N° 27.345, que prorrogó la emergencia social hasta diciembre de 2019 y creó el Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario, y la política general de promoción de la economía solidaria.
Aportes para un Programa de la Economía Cooperativa, Autogestionada y Popular
Normativa: Este documento, firmado por diferentes organizaciones de trabajadores asociados y de la economía popular reclama, en primer lugar, el “reconocimiento jurídico los trabajadores autogestionados” como sujetos de derecho laboral; en segundo lugar, una “ley específica de cooperativas de trabajo”, y finalmente, “legislación que promueva y facilite la recuperación de empresas en crisis”.
Protección social: Adscriben también a la “necesidad de igualar el acceso a la seguridad social y las protecciones” de los trabajadores cooperativizados con la de los trabajadores asalariados.
Financiamiento: Proponen la “creación de un fondo de crédito” para cooperativas de trabajo, empresas recuperadas y sujetos u organizaciones de economía popular para capitalización, innovación y renovación productiva y científico-tecnológica.
Producción y consumo: En este eje destacan tres propuestas principales: promover “compras estatales y obra pública” que priorice la contratación de las organizaciones del sector, “implementar políticas de cuidado” que permita la participación activa de las mujeres y la paridad de género en el sector; “conformar redes productivas, almacenes y mercados populares” que ofrezcan bienes de consumo básico y popular a precios justos.
Participación e institucionalidad de las políticas públicas: En este aspecto, consideran que la nueva gestión deberá avanzar en la “creación de un organismo nacional de fomento de trabajo autogestionado, cooperativo y de la economía popular” que sea una herramienta para la formulación y articulación de una política pública integral de desarrollo, incluyendo la articulación con el sistema científico y tecnológico nacional.
Mandato de unidad
Todos estos documentos, con sus diferencias y especificidades, muestran un clima de época en el que el “mandato de unidad” se antepone a las singularidades. Sin embargo, aún retacean los enlaces entre los diferentes colectivos que componen esta apenas hilvanada economía social, popular, solidaria. El éxito de estas proclamas seguramente dependerá de la capacidad para articular demandas y para convocar a la voluntad política a concretar un plan de acción que debe responder a las urgencias, a la vez que abre paso a la participación de numerosos actores económicos que las políticas neoliberales condenaron a la subsistencia.
Los ejes reivindicativos comunes
En el camino de pensar posibles articulaciones destacamos la reiterada referencia a la protección social de los trabajadores de la Essp. Todos los documentos mencionan la necesidad de ampliar las protecciones a las que acceden, para que al menos igualen los derechos de los que gozan los trabajadores asalariados. Al mismo tiempo, proponen participar en el diseño e implementación de las políticas públicas de su incumbencia conformando consejos, mesas de gestión u otras instancias de articulación entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil. En tercer lugar, coinciden en la relevancia de avanzar hacia políticas territoriales, articuladas a partir de la intervención de los actores locales que ponen en juego las singularidades y recursos de cada territorio. Más allá de estos tres aspectos compartidos por los comunicados que reseñamos, la urgencia por resolver las necesidades alimentarias de los argentinos convoca tanto a los candidatos del Frente de Todos, que elaboraron el “Plan Argentina Sin Hambre”, como a organizaciones de Essp, que desde hace muchos años se ocupan de facilitar el acceso a alimentos sanos, saludables y a precios populares. El reconocimiento del potencial económico-productivo del sector comienza a imponerse en la agenda del próximo gobierno y en las propuestas de campaña mientras se formulan otras posibilidades para reconstruir cadenas productivas conformadas por productores de la Essp, de la mano de la agricultura familiar, hasta la comercialización, por ejemplo, a través de mercados populares y redes de comercialización solidaria.
Formas posibles de articular demandas y reivindicaciones de sectores y organizaciones que se piensan desarticulados
El posicionamiento público de los diferentes actores del campo de la Essp, a través de los documentos mencionados, habla de la necesidad y el desafío del conjunto de organizaciones de ganar visibilidad y protagonismo frente a la compleja situación política y económica de los próximos años. La consolidación y crecimiento de las federaciones y confederaciones de distintos sectores en los últimos años dan cuenta no sólo del peso socioeconómico adquirido sino también del fortalecimiento organizativo acumulado en años de experiencias de resistencia frente a los embates neoliberales. En esta etapa las organizaciones tienen el desafío de hacer valer ese capital político-organizativo para lo cual están dando pasos hacia la creación de nuevos espacios de encuentro que auspician una progresiva confluencia organizativa y una mayor visibilidad del sector, tanto en la movilización callejera como en la disputa por constituirse como actores fundamentales a la hora de definir las políticas productivas del próximo gobierno. La experiencia histórica (incluyendo la de los colectivos de géneros) muestra que las confluencias suelen comenzar con la unidad alrededor de algunos puntos específicos para ir construyendo luchas, demandas, organización compartida. En este marco, los esfuerzos de unidad en las reivindicaciones presentan otro desafío, que consiste en construir –a partir de los encuentros, pero también contemplando la diversidad de experiencias y prácticas– una identidad colectiva que permita al conjunto de las organizaciones posicionarse como un movimiento socioeconómico y como un sector clave que no pueda ser relegado por los gobiernos y a la vez constituirse en una alternativa de desarrollo estratégica para las trabajadoras y trabajadores. Si bien hay mucho camino recorrido, los desafíos son grandes. A la vez que se conforma organización y fuerza en relación a estas demandas, es necesario ir construyendo institucionalidad política, esto es, una voz articulada que reúna la potencia necesaria para transitar la debacle económica que deja el ciclo cambiemita mientras se avanza en la ampliación de derechos con inclusión social.
