Roberto Fermín Bertossi (*)
Tras su asunción, el gobierno nacional anunció que impulsará un programa de constitución de cooperativas, para lo cual el Estado invertiría inicialmente unos 30 mil millones de pesos para su implementación, funcionamiento y monitoreo. Se descuenta la colaboración de provincias, municipios, sindicatos y universidades.
En este marco, Mario Cafiero, actual presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, (Inaes), afirmó: “El actual gobierno identifica a las cooperativas y mutuales como el tercer motor de la reactivación, junto al sector privado y al Estado”.
El titular del Inaes, que depende del Ministerio de Desarrollo Social nacional a cargo de Daniel Arroyo, adelantó que impulsarán la creación de mutuales sindicales “para mejorar el ingreso de los trabajadores” y que alentarán “la economía del cuidado”.
Además, Cafiero señaló que se analizarán con distintos ministerios del gabinete nacional la participación de cooperativas en el servicio de garrafas, construcción de vivienda, reciclado de residuos urbanos, obra pública, etc.
Ante una realidad socioeconómica difícil, que si bien el establecimiento y la expansión de las cooperativas deberían ser considerados como uno de los factores centrales del desarrollo humano, resulta imprescindible para lograrlo que el Estado fomente y promueva la organización y el desarrollo de cooperativas y mutuales.
Pero, a la vez, debería asegurar una adecuada asistencia, difusión y fiscalización que garanticen sus caracteres y finalidades, evitando así la “reactivación” de falsas expectativas, de bastardeos jurídicos, y de actividades ilegales.
Sólo habrá reactivación cooperativa cuando el cooperativismo sirva para:
1) Difundir los principios, métodos, posibilidades, resiliencia y limitaciones de las cooperativas.
2) Dar una enseñanza apropiada no sólo en escuelas o colegios cooperativos, sino también en universidades y establecimientos de enseñanza superior; escuelas de agricultura, agrotécnicos e industriales, en departamentos sindicales de educación obrera y economía popular.
3) Otorgar una ayuda financiera externa a las cooperativas cuando inician sus actividades o cuando tropiezan con dificultades financieras en su desarrollo. Esta ayuda no debería entrañar ninguna obligación contraria a la independencia o a los intereses de las cooperativas y debería estar concebida para estimular, y no para reemplazar la iniciativa y los esfuerzos propios de sus asociados.
4) Recalificar los recursos personales y el capital mediante el ahorro, la supresión y condena de la usura seudocooperativa y la sana utilización del crédito solidario civil.
5) Contribuir a una economía solidaria civil con un elemento más amplio de control democrático de la actividad económica y de distribución más equitativa de los excedentes cooperativos.
6) Eliminar las disposiciones de la legislación que puedan perturbar el desarrollo de las cooperativas a causa de su carácter discriminatorio (impuestos, concesión de créditos, concursos o licitaciones).
Un párrafo especial merece la urgente necesidad de darnos una auténtica ley de cooperativas tan democrática, federal y ajustada a estos tiempos como sea posible, una ley informada y consulta que abrogue sin más demora toda legislación de facto imperante a la fecha.
El premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, durante su reciente intervención en la Tercera Cumbre de Cooperativas celebrada en Quebec (Canadá), aseguró que en esta década las cooperativas serán “la única alternativa al modelo económico fundado en un egoísmo que fomenta las desigualdades” y remarcó que las cooperativas “son el modelo que mejor puede enfrentar los riesgos de una economía que será cada vez más volátil”.
Entonces hacemos votos para que las instituciones cuya colaboración descuenta este programa apoyen su desarrollo, porque sólo el crecimiento de cooperativas, municipios, sindicatos, universidades verdaderamente, solidarios e inclusivos, nos permitirán afirmar su naturaleza democrática, frente a los egoísmos y los privilegios.
*Experto de Coneau en cooperativismo; investigador del Centro de Investigaciones Jurídicas (UNC)
