Esteban Guida
Fundación Pueblos del Sur (*)
Especial para El Ciudadano
En estos días se han escuchado algunos comentarios advirtiendo acerca de la amenaza inflacionaria que existe producto de la emisión monetaria que está realizando el gobierno nacional para financiar las medidas de ingreso aplicadas en el marco de esta pandemia.
Llama la atención la inmediatez con que muchas personas se disponen a asociar la emisión monetaria con la inflación, sin preguntarse cuál es el mecanismo que existe entre una cosa y la otra. El facilismo de pensar que esto ocurre “porque lo dicen todos” simplifica las cosas; de otra manera, habría que ponerse a investigar por qué pasa esto y cuáles son las condiciones económicas y políticas que hacen de esto un dogma tan popularizado.
Pero cuando esta semana se dio a conocer que el Índice de Precios al Consumidor de abril registró una variación de 1,5% respecto al pasado mes de marzo, se vinieron abajo muchas deducciones monetaristas apresuradas que esperaban un salto inflacionario por el sólo hecho haberse reactivado “la maquinita”.
Lo sensato siempre fue afirmar que la inflación en Argentina es un fenómeno multicausal, cuya explicación no puede eludir la indisciplina fiscal, pero mucho menos las características de la estructura productiva, el grado de concentración de la oferta y la extranjerización de las empresas. No basta con acusar al Estado de cobrar el “impuesto inflacionario” para explicar este complejo fenómeno, sino que hay que entender las manifestaciones del poder “real” veladas detrás del sistema de precios que vincula todos los intercambios en la economía.
Desde luego que un exceso en la cantidad de dinero puede provocar presiones inflacionarias, pero eso ocurre bajo determinadas circunstancias. La teoría que sustenta este postulado presupone que la economía se encuentra en su potencial de producción y, dado que expandir la capacidad de producción lleva tiempo, la mayor cantidad de dinero inyectada por el Estado en la economía genera un aumento de la demanda de bienes y servicios, a la que el conjunto de los oferentes responde en el corto plazo con un aumento de precios. En otras palabras, si las personas demandan un único y escaso bien, se lo llevarán quienes estén dispuestos a pagar más por él, impulsando así un aumento generalizado y sostenido en el nivel de precios.
Pero la economía argentina se encuentra muy lejos de estar en su plena capacidad de producción. A la preocupante caída de la actividad económica que se viene registrando hace varios años, se le sumó el “parate” generalizado producto de las medidas de aislamiento social, lo que hizo que la producción opere al 50% de su capacidad instalada. Sí, una de cada dos máquinas está parada en Argentina, aunque el dueño de la misma debe seguir pagando su amortización y el total de costos operativos de la unidad productiva.
La lógica teórica indica que con esa capacidad ociosa, un aumento en la demanda no debería significar aumentos inmediatos de precios, ya que esa empresa podría ahuyentar peligrosamente a su clientela. Claramente esto piensa un empresario que enfrenta una competencia en semejantes condiciones a las suyas; es decir, alguien que tampoco está dispuesto a perder la próxima venta y correr el riesgo de tener que cerrar su negocio.
Sin embargo, quien detenta una posición de mercado dominante o monopólica (un solo oferente) o puede ponerse de acuerdo con otras empresas en un mercado oligopólico (pocas empresas oferentes) no piensa de esa manera; mucho menos si domina la oferta de bienes y servicios esenciales, como pueden ser las comunicaciones, los alimentos, acero, cemento, aluminio, servicios básicos, medicamentos, limpieza e higiene, combustibles, etcétera. En estos casos las empresas pueden aumentar los precios sin la amenaza de un competidor “más necesitado” maximizando su margen de ganancias, aun cuando ello implique una posible caída en las ventas.
Si además se trata de empresas trasnacionales cuyos accionistas pretenden convertir sus ganancias domésticas en moneda extranjera ante una variación de tipo de cambio, aumentarán los precios de tal manera que su margen de ganancias en dólares permanezca sin variaciones.
La inflación de abril se comprende mejor siguiendo esta lógica. La expansión en la cantidad de dinero no se tradujo inmediatamente en un aumento en la demanda, sea porque las medidas tardaron en decidirse, como en implementarse; esto agudizó la fenomenal retracción de la actividad económica y el incremento de la capacidad ociosa. A esto hay que sumar que siguen operando controles de precios en rubros clave (tasa de interés, servicios públicos, tarifas y combustibles) que antes aumentaban por los motivos antes expresados.
Pero es importante destacar que si la oferta agregada no se expande, sin que ello implique mantener o hacer crecer la concentración y extranjerización de la estructura productiva, es muy probable que la inflación vuelva a registrar índices elevados. Descontamos que el discurso monopólico asignará la culpa a un Estado bobo e ineficiente, ahora con más fundamentos en vista de que usó la emisión monetaria como principal fuente de financiamiento.
Por eso la solución se encuentra en la definición y promoción de una estructura económica nacional, geográficamente diseminada y que permita expandir la oferta de bienes de consumo masivo, sobre todo aquellos que actualmente están acaparados por una oferta concentrada y extranjerizada. Esto permitirá, primeramente, crear fuentes de trabajo para dejar de subsidiar la demanda, lo que ayudará a reducirá el gasto público. Asimismo, impulsará la recaudación, permitiendo una reducción del déficit fiscal (y la necesidad de emisión monetaria) y el financiamiento del sistema de seguridad social, clave para mejorar la situación de quienes no pueden trabajar y están en situación de vulnerabilidad. La mayor producción evitará la amenaza real y cierta de una escasez de oferta producto del aumento en la demanda en bienes de consumo masivo; y si la misma está concentrada en pymes, se habrá logrado reducir el poder de los monopolios y grandes grupos económicos sobre la fijación de precios en sectores clave donde existe real concentración.
Para poder avanzar en este sentido no hace falta más que decisión política para disponer de todas las herramientas políticas e institucionales enfocadas en esta dirección. No hay ningún impedimento real para que esto no pueda hacerse y, por cierto, la historia argentina aporta ejemplos más que suficientes para erradicar la idea de que esto es una utopía, puesto que ya se hizo y funcionó.
Esta situación extraordinaria de pandemia sigue generando nuevas oportunidades para cambiar la realidad en dirección al bienestar del pueblo argentino y el interés de la Patria.
(*) fundacion@pueblosdelsur.org
