El policía Pablo Daniel Cejas fue acribillado la noche del 17 julio de 2017 en un basural de Santa Fe en un oscuro episodio que sigue sin esclarecerse. Tenía 45 años, tres hijos y estaba en un programa de protección al testigo luego de sufrir amenazas por denunciar vínculos entre el narcotráfico y altos jefes de las Fuerzas.
La semana pasada se venció el plazo de prisión preventiva que pesaba sobre dos sospechosos del asesinato que están privados de la libertad hace dos años. Tras cumplirse el plazo de ley, los fiscales Martín Torres y Andrés Marchi pidieron prórroga por 12 meses y les fue concedida.
El Ministerio Público de la Acusación (MPA) informó que los sospechosos son dos jóvenes de 21 y 23 años que se encuentran detenidos desde el 17 de agosto de 2017 e imputados por el delito de homicidio doblemente calificado por el empleo de arma de fuego y por ser perpetrado contra un integrante de las fuerzas de seguridad por su función, cargo o condición.
La Fiscalía recordó que solicitó la pena de 28 años de prisión para ambos acusados, quienes seguirán privados de la libertad otros 12 meses luego de que el juez Luis Octavio Silva diera lugar al pedido de prórroga de la medida cautelar.
El suboficial Cejas fue asesinado a tiros pasadas las 22.30 del 17 de julio de 2017 en inmediaciones de un basural de calle Neuquén al 6400 de la capital provincial, dos años después de denunciar a sus jefes policiales por brindar protección a narcos y luego de recibir varias amenazas. Su cuerpo quedó tendido con al menos diez disparos al lado de su moto y su billetera, por lo que el fiscal que llegó a la escena del crimen descartó de inmediato el móvil del robo.
Cejas había cobrado notoriedad en 2015 a raíz de denuncias que formuló contra autoridades políticas y policiales sobre acuerdos con personas vinculadas al narcotráfico. Dos meses antes de que lo maten publicó en su Facebook una foto donde se lo veía herido con el texto: “Ese día me dieron la medalla al herido en acto extraordinario de servicio. Dos años después, cuando denuncié a los jefes corruptos me mandaron a boletear”.
Así se refirió al ataque que sufrió en junio de 2015 cuando iba en moto a su trabajo y lo atacaron a tiros dos hombres desde otro rodado. Según contó, el ataque llegó después de una fuerte discusión con un jefe y luego de recuperarse lo trasladaron a Recreo.
Un mes después la casa de su suegra en Cabaña Leiva fue blanco de un atentado a balazos. El policía atribuyó las agresiones a sus declaraciones en la justicia y sus denuncias públicas sobre vínculos entre narcos y efectivos de las Fuerzas.
En julio de 2016 el suboficial permaneció tres horas atrincherado en un bar de la Costanera de Santa Fe donde efectuó varios disparos al aire para pedir que lo escuche la prensa, bajo amenaza de suicidarse, para realizar las mismas denuncias de connivencia. “Hablamos de quioscos. Si le paro un móvil (Policial) en la puerta, no vende y le arruino el negocio. Y si le toco el bolsillo al narco se lo toco a la cúpula policial”, aseveró en una de las entrevistas que dio.
Su asesinato ocurrió cuando debía tener protección especial por encontrarse bajo el programa testigo protegido. Los voceros no vincularon el crimen con sus denuncias ni tampoco trascendieron los resultados de las investigaciones que se iniciaron por sus dichos.
Según los fiscales que investigan el homicidio, y que acusaron a los dos presuntos gatilleros, el móvil del asesinato fue una pelea que mantuvo Cejas con otras personas, discusión que vincularon al homicidio de Walter Maximiliano “Bahiano” Gómez.
Los mismos fiscales dijeron que los jóvenes que le dispararon, una vez muerto, le siguieron tirando y realizaron actos vejatorios sobre su cadáver.
