Hace casi diez años, el mundo recibía una primera alerta acerca de las prótesis mamarias de la marca francesa Poly Implant Prothèse (PIP), que estaban rellenas de un gel de silicona no homologado para uso médico y sin embargo se comercializaban en 65 países.
La calidad de las prótesis estaba certificada por una empresa alemana pese a que la adulteración, realizada con el fin de abaratar costos, provocó una tasa mucho mayor de ruptura interna en quienes que se las habían colocado: el 44% de quienes se las colocaron tuvieron ese problema. En la Argentina se calcula que ingresaron unas 13.500 prótesis.
En marzo de este año vencen los plazos para que las damnificadas presenten demandas. Estudios jurídicos de distintos países preparan acciones judiciales colectivas.
La noticia salió a la luz el 30 de marzo de 2010: los implantes PIP, que hacía nueve años se comercializaban alrededor del mundo, no eran aptos para ser colocados en el cuerpo humano. Para ese día, habían pasado medio millón por el mercado. Los implantes PIP son implantes mamarios de silicona de uso industrial de grado no médico sin homologar, es decir, no se puede utilizar como prótesis.
Las víctimas sufrieron distintos tipos de complicaciones: en miles de casos las prótesis se rompieron, se encapsularon y generaron severas complicaciones de salud. La recomendación para todas es que se sometan a una nueva cirugía y se las remuevan.
Apenas se conoció la noticia se empezaron a acumular las demandas contra el fabricante de la marca, Jean-Claude Mas, quien cumplió ocho meses de prisión preventiva en 2012, en mayo de 2016 fue condenado a cuatro años de prisión y 75 mil euros de multa, pero no cumplió ni un solo día de la sentencia. Murió el año pasado.
Las demandas también apuntaron contra la certificadora alemana TÜV Rheinland y su filial francesa, que fue la que concedió a PIP la certificación necesaria para ser comercializada en todo el mundo.
El negocio de TÜV Rheinland –que opera en 65 países y factura unos 2.500 millones de euros anuales–, es la de otorgar a distintos productos certificados de calidad. Esos productos van desde juguetes y electrodomésticos hasta plantas nucleares. Lo que hacen es constatar que se cumpla con los requisitos legales de seguridad en sentido amplio.
Los implantes PIP comenzaron a comercializarse, con el aval de TÜV Rheinland, en 2001. Y ese aval se sostuvo durante nueve años, hasta 2010, cuando estalló el escándalo mundial.
Los números
Los implantes PIP fueron vendidos en 65 países a 500 mil personas, 13.500 de las cuales son argentinas.
* Fueron comercializados durante nueve años, desde 2001.
* Salieron del mercado el 30 de marzo de 2010.
* Presentaban una tasa de ruptura 7 veces mayor que otros implantes: El 44% de las mujeres que se colocaron implantes PIP sufrieron rupturas de las prótesis.
* El 32% no se han sometido a una cirugía de retiro de prótesis. De ellas, el 95% no lo hizo por falta de dinero.
* Una cirugía para remover las prótesis mamarias cuesta entren 2 mil y 3 mil dólares.
Damnificadas argentinas
En la Argentina, la batalla judicial de las mujeres que se colocaron prótesis PIP sigue abierta y, al igual que lo que ocurre en otros países, se preparan nuevas demandas colectivas para presentar ante la justicia francesa antes de marzo, cuando la causa prescriba por haberse cumplidos los diez años.
Según los datos de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), al 30 de marzo de 2010, habían ingresado a la Argentina 13.500 prótesis PIP. El número es alto, y se dio la misma situación que en otros países de Latinoamérica: como las prótesis eran baratas –cotizan en divisa– eran de las que más se vendían.
La Anmat emitió un primer comunicado sobre las PIP el 1 de abril de 2010: informaba que había un alerta de la Agencia Sanitaria de Francia y pedía a la población y a los médicos que se abstuvieran de usarlas mientras analizaban la situación. Cuando la agencia francesa inspeccionó la planta de fabricación, constató que la mayoría de los implantes producidos desde el año 2001 habían sido elaborados con un gel de silicona no homologado.
Una semana después, la Anmat difundió un segundo comunicado en el que prohibía la importación, comercialización y uso de las PIP en Argentina. Mediante la Disposición 1510/10, sugirió la consulta médica y ordenó a la importadora autorizada, Pro Estética SA, a retirar el remanente del mercado y a monitorear a la población implantada. Pero la empresa cerró y se hizo imposible recuperar los papeles de a quién se habían vendido las 13.500 prótesis que había sido puestas en circulación.
En las distintas oleadas de denuncias que la justicia francesa debió resolver en los últimos diez años, las cortes francesas han reconocido la responsabilidad de TÜV Rheinland, empresa a la que condenado a resarcir a víctimas con indemnizaciones iniciales de 3 mil euros para cubrir los gastos médicos relacionados con los implantes PIP. Hasta el momento ha tenido que pagar alrededor de 66 millones de euros.
En este momento quedan sin resolver unas 22 mil demandas provenientes de 55 países, sin contar las que puedan llegar a presentarse antes de la fecha límite.
