Efectivos de la Prefectura Naval Argentina iniciaron ayer una inédita protesta focalizada en el edificio Guardacostas, sede central de la fuerza, para denunciar que la aplicación de un decreto les redujo el sueldo hasta en un 60 por ciento y para exigir la restitución de sus haberes.
Los suboficiales mantuvieron una reunión con el viceministro de Seguridad, Sergio Berni, para informarle de su reclamo y pedirle soluciones, pero cuando el funcionario les solicitó 24 horas de plazo para analizar el tema los manifestantes decidieron permanecer frente al edificio, en Puerto Madero, hasta que se garantice la devolución del dinero y que no habrá sanciones, algo que al cierre de esta edición no había ocurrido.
Tras leer un petitorio de siete puntos, los suboficiales ratificaron que no abandonarán la protesta hasta tener una respuesta oficial, y convocaron públicamente a sus camaradas de la Gendarmería a sumarse a la demanda.
En tanto, el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, se acercó ayer a Guardacostas para sumarse al edificio una reunión de la que ya participaba su secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa, en búsqueda de una solución.
La protesta incluyó diferentes sedes de la Prefectura en la Capital Federal –como La Boca y Núñez–, en provincia de Buenos Aires (Ensenada y Zárate) y hasta en Río Gallegos (Santa Cruz), aunque en Rosario la actividad fue normal.
El conflicto
El punto de conflicto alude a la aplicación del decreto 1307/2012, publicado el pasado 4 de septiembre en el Boletín Oficial, en el que se fija el haber mensual para el personal en actividad de la Gendarmería Nacional y de la Prefectura, suprimiéndose adicionales y dejando sin efecto compensaciones.
De acuerdo a los manifestantes, esa decisión generó reducciones en los salarios de hasta el 60 por ciento de los ingresos. Los manifestantes situaron esos descuentos entre 1.500 y 5.000 pesos, según la jerarquía, la actividad y la cantidad de familiares.
Sin embargo, el clima de malestar por la reducción de los salarios derivó en viejos reclamos que, en el marco de esta protesta, también quisieron ser denunciados, por considerarse “trabajadores de segunda” por la dispersión salarial entre efectivos que realizan las mismas tareas.
En un primer momento un joven suboficial llamado Claudio Meza se convirtió en vocero de la protesta, aclarando que la movilización no apuntaba contra la ministra de Seguridad, Nilda Garré, y que el decreto tuvo la intención de beneficiarlos pero que fueron los jefes de la Prefectura los que se habían aprovechado de la situación.
