Cientos de personas protestaron este lunes en el corazón de Quito contra de la ley que el Congreso aprobó el viernes pasado y que, con la pandemia como argumento, propone un paquete de flexibilización laboral: recorte de salarios y jornadas de trabajo, contratos de emergencia de hasta 4 años y vacaciones definidas por el empleador.
Tras meses de mucha tensión política y con uno de los peores brotes de coronavirus de la región de fondo, las principales centrales sindicales convocaron este lunes la primera protesta de la cuarentena, informó la agencia de noticias EFE.
El Frente Unitario de Trabajadores, la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores y la Unión General de Trabajadores del Ecuador dirigieron una columna de unas 400 personas que recorrió el centro de la capital y terminó con una sentada frente a la sede del Banco Central, ya que el acceso a la Asamblea Nacional estaba cortado por la Policía.
El objetivo de la protesta es presionar al presidente Lenin Moreno para que no promulgue la Ley de Apoyo Humanitaria, aprobada el viernes por el Congreso en explícita respuesta a los pedidos del sector empresarial del país en la crisis económica profundizada por la pandemia y las medidas restrictivas impuestas para frenarla.
La ley establece que el trabajador y el empleador podrán llegar a un acuerdo para reducir el salario, e incluso agrega que si el segundo logra un acuerdo con la mayoría de los empleados, puede aplicarlo a la totalidad de los trabajadores.
Para poder hacerlo, el empleador debe mostrar sus finanzas y demostrar «la necesidad». Asimismo, durante «el acuerdo», no se podrá repartir ganancias entre los accionistas de la empresa.
En caso de no llegar a un acuerdo, la ley aclara que «el empleador puede liquidar al trabajador».
Además, la nueva norma habilita a reducir hasta la mitad de la jornada laboral en situaciones de «fuerza mayor» y pone como límite que el trabajador no puede recibir un sueldo menor al 55% de su salario anterior.
Otro cambio es que el empleador podrá decidir las fechas de las vacaciones de sus empleados o notificarles que las inasistencias que registré serán compensadas como vacaciones.
La otra gran modificación es la creación de un «contrato de trabajo especial emergente».
La norma crea un tipo de contrato laboral por tiempo definido que puede durar hasta dos años y ser renovado por el mismo período de tiempo una sola vez. Una vez que termina, el trabajador deja de estar empleado, sin causa o razón y no percibe ninguna indemnización.
La ley establece que este tipo de contratos solo podrá ser utilizado en «situaciones emergentes o para nuevas inversiones o líneas de negocio, productos o servicios, ampliaciones o extensiones del negocio, modificación del giro del negocio, incremento en la oferta de bienes y servicios por parte de personas naturales o jurídicas, nuevas o existentes o en el caso de necesidades de mayor demanda de producción o servicios en las actividades del empleador».
El viernes pasado, el Congreso también aprobó una Ley de Finanzas, que por recomendación del Fondo Monetario Internacional, le pone límites al gasto público, por ejemplo, en áreas como la Salud y la Educación; al mismo tiempo que prohíbe aumentos a los servicios públicos.
En la protesta de este lunes, los manifestantes, todos protegidos con barbijos, pidieron al presidente Moreno -que ya se mostró a favor de ambas leyes- no promulgar las normas.
«La Ley Humanitaria nos esclaviza», «Salud y educación son un derecho», o «Sin temor, sin pactar, protestar hasta ganar», fueron algunos de los eslóganes coreados por los miembros de sindicatos, colectivos de mujeres, el movimiento indígena, el sector de la educación y empresas de seguridad.
