La Secretaría de Estado del Hábitat de la provincia reveló esta tarde que comenzaron los trabajos de relevamiento sobre las propiedades ubicadas en la zona de Salta y Oroño. Desde la cartera estimaron que los trabajos demorarán alrededor de una semana y que tienen previsto comenzar con las tareas de demolición lo antes posible.
El titular del área, Gustavo Leone, contó a El Ciudadano que hasta el momento se presentó una sola empresa para hacerse cargo de la demolición de los inmuebles que resultaron más afectados por la explosión. En este sentido, la Justicia ya otorgó el permiso para derribar la tercera torre, lindante con el supermercado.
“Hay empresas que están haciendo un relevamiento de daños de los inmuebles. Ingresaron para llevar las reparaciones primarias. Ahora, sólo queda evaluar la situación del edificio lindero al del siniestro”, detalló Leone, quien señaló además que el trabajo de la “Provincia y la Municipalidad es la evaluación técnica de distintas propuestas para llevar adelante la contratación de empresa encargada de la demolición”.
La Justicia autorizó esta mañana la demolición sobre la torre que da al supermercado y también de inmuebles linderos. El juez de Instrucción 9ª Javier Beltramone fue el encargado de aprobar, a raíz de las pericias, el derrumbe de los cuerpos más afectados. En este sentido, el director general de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad, Alejandro Schvartzman, contó a este diario que las tareas comenzarán cuando se cierre la contratación de las empresas encargadas de la demolición y que desde el municipio prevén que eso pueda ocurrir “en una semana o diez días”.
En coincidencia con ello, Leone estimó que “este es un trabajo que va a llevar un tiempo porque no es sencillo de resolver”. Y agregó: “Las empresas están yendo a la obra para hacer relevamientos previos y tenemos, al día de hoy, una propuesta. Estamos esperando algunas más”.
Por otro lado, el funcionario destacó que las tareas de demolición de la torre tres se realizarán de modo manual o mecánico y no por medio de explosivos. “Existe un protocolo de demolición previsto por la Municipalidad. Lo que establezca la empresa será evaluado por técnicos locales. Asimismo, buscamos poder recuperar todos muebles de los damnificados que estén en buenas condiciones”, señaló.
Una vez finalizado este trabajo se harán, entre otras cosas, nuevos estudios para determinar las condiciones de habitabilidad de las casas y edificios de la zona. Sin embargo, todavía está en claro cuáles son las obras que se realizarán en la zona de la demolición. “Hay un proceso judicial que está en trámite. Hay cuestiones que tienen que ver con seguros. Habrá charlas particulares con los propietarios del edificio y las casas linderas para evaluar en que instancia judicial está todo”, concluyó el titular de Hábitat.
La Justicia dio luz verde
El juez a cargo de la causa, Javier Beltramone, autorizó a “proceder exclusivamente a la demolición de toda estructura que no fuere la individualizada como ‘primer bloque’ del edificio de calle Salta 2141, así como del sector de los medidores de gas de dicho edificio y las porciones de la vía pública en las que se encuentran las tuberías de gas que proveen del fluido al edificio”.
En este sentido, el juez aclaró que “todo otro sector podrá ser demolido y/o reacondicionado conforme las especificaciones técnicas vertidas en el expediente administrativo referido”. De esta manera, el Estado se encuentra autorizado a demoler la torre tres del edificio en cuestión, así como algunas otras propiedades linderas, que presentan serios daños y no puedan ser reparadas o remodeladas para volver a ser habitadas.
Además, Beltramone se refirió a la designación de los peritos oficiales y aclaró que fueron elegidos por ser considerados los más idóneos para las tareas que se deben realizar. Se trata de cuatro ingenieros altamente capacitados que actualmente desempeñan tareas en la empresa “Gie, Ingeniera e Integridad” y que en los últimos años han llevado adelante trabajos relacionados a gasoductos para 17 empresas distintas.
En referencia a una supuesta impugnación de la defensa del gasista a la empresa Gie, el juez indicó que “aún no está abierto el período de impugnación” y que lo que se puede objetar una vez que estén designados oficialmente son los peritos y no la compañía. Resueltas las cuestiones formales respecto a los peritos oficiales y de parte, que también estarían elegidos, comienza la pericia, que puede ser la primera de muchas otras.
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