Alvaro Arellano
La discusión salarial entre la provincia y los gremios docentes comenzó a tensarse esta semana, a poco más de un mes de la fecha estipulada para el comienzo de clases. Amsafe y Sadop ratificaron la firme convicción de que los sueldos de enero tengan un ajuste del 84%, mientras que desde el gobierno provincial acusaron recibo del impacto devaluatorio. No hubo un rechazo a la demanda, pero marcaron la cancha detallando la brutal caída en ingresos, que expone serias dificultades para cumplir con la cláusula acordada entre los gremios y la administración de Omar Perotti.
Un factor que empieza a ganar protagonismo en este contexto, es el tiempo. Todavía queda camino para recorrer hasta el 26 de febrero (fecha objetivo para el inicio del ciclo lectivo), pero apenas unos días de margen para definir cuanto van a cobrar los docentes en febrero. El aumento requerido le daría un cierre a lo acordado en la paritaria 2023, por lo que los docentes no consideran necesaria una instancia de negociación, y que una vez saldada esa cuestión, el siguiente encuentro debería ser para arrancar la paritaria de este año.
Al respecto, el secretario gremial de Amsafe, Paulo Juncos, explicó: “Hay un acta paritaria firmada que está en vigencia que habla de una recomposición del salario de los trabajadores en función de la inflación acumulada en 2023. Poner en discusión un acta paritaria es preocupante”. Desde Sadop, el gremio de docentes del ámbito privado, suscribieron a esta posición y a través de un comunicado consideraron que el 84% es “un derecho paritario”.
El porcentaje reclamado en cuestión, se desprende de la diferencia entre la inflación interanual que reportó el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (Ipec) y el aumento acumulado por los docentes en ese mismo período. Amsafe y Sadop terminaron con un salario erogado correspondiente al 131% en relación a la primera paritaria de 2023, mientras que la inflación en Santa Fe fue del 215,4%.
En este sentido, los gremios se apoyan en la cláusula de actualización automática firmada el 31 de agosto del 2023, que especifica que “la segunda y última actualización del año 2023 se instrumentará una vez publicado el índice de inflación acumulado al mes de diciembre”. Allí se habla de compensar la diferencia que pudiera existir “entre el aumento acumulado y dicha inflación”.
Qué dice la provincia
A mitad de semana y en medio de los reclamos docentes, el gobierno provincial marcó su postura y mostró los números del ejercicio 2023. Allí señalaron que Santa Fe atravesó un 2023 con una inflación del 215,4%, contrastando con un 123 % de incremento en los ingresos corrientes respecto de 2022, es decir un 92 % menos. El ministro de Economía, Pablo Olivares, detalló que estos números resultan en un déficit equivalente a una masa salarial mensual.
El funcionario aclaró que si bien el aumento en el salario del trabajador provincial aumentó un 131,2%, el gasto provincial en remuneraciones aumentó un 155,3%, por el aumento potenciado entre política salarial y la mayor cantidad de personas en la planta de personal. “Si comparamos los números del gasto de remuneraciones con el de los ingresos (123%), claramente los gastos salariales se incrementaron por arriba de lo que incrementaban los ingresos”, sostuvo.
Olivares agregó que la situación fue conformando durante el segundo semestre “un combinado explosivo, siendo el dato de la inflación de diciembre su detonador”. Dicho esto, aclaró: “De todas formas, esto no implica resignar el compromiso con el salario de los trabajadores, sino que se irá analizando su actualización en función del crecimiento de los recursos provinciales”.
Desde el gobierno provincial no niegan ni afirman que rechazarán el pedido de ajuste del 84%, aunque en paralelo ya marcaron la cancha detallando la brutal caída en ingresos, que expone serias dificultades para cumplir con la cláusula acordada entre los gremios y la administración de Omar Perotti.
A propósito de la gestión anterior, el ministro de Economía reparó nuevamente en los pases a planta permanente del Estado provincial. En ese sentido señaló que la planta se agrandó un 10%, generando “condiciones salariales que en los tres años y medio anteriores no se habían aceptado, disponiéndolas en el tramo final de gestión a sabiendas de que ya no iba a ser su responsabilidad”.
Otro de los aspectos que pide contemplar la gestión provincial a la hora de hablar de números tiene que ver con el contexto nacional. No solo la devaluación y la inflación generaron un daño profundo en las provincias, sino que, en primera instancia la quita de Ganancias y ahora la reducción de transferencias no automáticas colaboraron para la caída de ingresos que se reportó en estas últimas semanas.
Olivares reconoció la preocupación que existe de cara a 2024 por ese combo, y calculó que el impacto será equivalente a dos masas salariales mensuales. Esas medidas “que ejercen una feroz presión en las cuentas de la provincia”, afirmó el ministro, son, por un lado, la incidencia de las reformas tributarias en el impuesto a las ganancias y, por otro lado, la reducción de las transferencias no automáticas desde el Estado Nacional que se anunciaron recientemente.
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