Gobernadores de 16 provincias anunciaron que trabajarán para conformar un proyecto de ley para la conformación de una Corte Suprema de Justicia “más moderna y eficaz” y “que tenga un verdadero carácter federal”, al tiempo que reclamaron que el Congreso debata “un nuevo modelo de distribución de compensaciones tarifarias” para el transporte público de pasajeros.
No formó parte del pronunciamiento el gobernador Omar Perotti quien está en Kuwait para la firma del acuerdo de financiamiento del acueducto Santa Fe-Córdoba. Pero el jefe de la Casa Gris viene firmando otras declaraciones conjuntas –como la del conflicto presupuestario entre Nación y la ciudad de Buenos Aires, que debe resolver la Corte Suprema– y además desde el país del Golfo Pérsico habló de las asimetrías en el reparto de subsidios al transporte entre el interior y el área metropolitana de Buenos Aires: “No se puede aceptar esta situación tan injusta y desigual. Hay que generar cambio en la distribución de recursos. Producir y vivir en el interior no tiene por qué ser mas caro en beneficio del Amba”, sostuvo.
Los mandatarios provinciales dieron a conocer un documento elaborado el lunes en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) en el que visibilizaron su disconformidad con el funcionamiento del máximo tribunal, en momentos en que ese organismo debe fallar en el caso que enfrenta al gobierno nacional con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por el reparto de fondos de coparticipación federal.
“Los abajo firmantes, gobernadores y gobernadoras de las provincias, hemos decidido elaborar un proyecto para nueva conformación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que contemple los proyectos ya presentados, muchos de los cuales han tomado estado público y parlamentario”, dice el texto conjunto.
“El objetivo es que la Corte Suprema de Justicia sea más moderna, más eficaz, acorde a las mejores experiencias internacionales y, principalmente, que tenga un verdadero carácter federal”, apuna la nota, que adelanta una convocatoria a “especialistas y juristas notables de cada una de las provincias” para avanzar en la redacción de un proyecto de ley para modificar la composición del máximo tribunal del país.
“Reafirmamos nuestro absoluto compromiso con la Constitución argentina, con nuestro pueblo y con el federalismo”, sostiene la declaración que recibió el acompañamiento de dos tercios de los Ejecutivos provinciales. El texto lleva las firmas de Axel Kicillof (provincia de Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Raúl Jalil (Catamarca), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Gildo Insfrán (Formosa), Osvaldo Jaldo (a cargo del Ejecutivo de Tucumán), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Sergio Uñac (San Juan), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gustavo Sáenz (Salta), Jorge Capitanich (Chaco), Oscar Herrera Ahuad (Misiones) y Mariano Arcioni (Chubut).
“Firmamos una declaración «Por una Corte Suprema de Justicia Federal». Asumimos el compromiso de continuar generando consensos entre todas las provincias para instar a un debate legislativo bajo una mirada federal”, publicó el bonaerense Kicillof en sus redes sociales, cuyo gobierno no acompaña con el mismo énfasis el reclamo por la asimetría en el transporte de pasajeros: su ministro de Transporte, Jorge D’Onofrio, replicó al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti (quien también está en Kuwait) que Buenos Aires solventa mucho más el transporte en su territorio que la provincia mediterránea.
Por su parte por el gobernador santiagueño Zamora apuntó a ese tema en sus redes sociales, donde transmitió su “profunda preocupación por el transporte público de pasajeros” del interior, cuya situación “afecta a la totalidad de los trabajadores”.
“A tal efecto, instamos al debate legislativo en el Congreso nacional sobre un nuevo modelo de distribución de compensaciones tarifarias que tengan como principio la igualdad y equidad en todo el territorio”, indicaron los gobernadores en el Consejo Federal de Inversiones.
“El documento se vincula a temáticas que nos afectan y preocupan, asumiendo el compromiso de buscar consenso con todas las provincias para instar a un debate legislativo bajo una mirada federal”, escribió por su parte el catamarqueño Jalil, quien también hizo foco en el transporte público.
El riojano Quitela, en tanto, mencionó ambas cuestiones: “En primer lugar, por una Corte Suprema de Justicia que contemple proyectos que hemos presentado, más moderna, eficaz, acorde a las mejores experiencias internacionales, y principalmente que tenga un verdadero carácter federal”, expuso. Y en segundo témirno agregó “la preocupación por el actual servicio de transporte”, pidiendo también “debatir sobre un nuevo modelo de distribución de compensaciones”.
Por su parte, el gobernador Bordet, de Entre Ríos, reclamó la conformación de una Corte “federal, más homogénea y coherente con la distribución territorial» que tiene el país.
“Otros países de la región, como Brasil, tienen una representatividad más elevada”, apuntó el mandatario, y sostuvo que en los miembros de la Corte Suprema de Justicia “tendría que reflejarse más representatividad de las provincias”. También pidió “más homogeneidad y coherencia con la distribución territorial de 24 distritos” del país. “Tiene que ver con nuestro sistema federal de gobierno, con un Poder Judicial donde estén representadas las provincias”, concluyó el mandatario entrerriano.
Con todo, la declaración hizo valer el peso territorial que tienen las y los gobernadores, más allá de su sintonía con la Casa Rosada, y en especial el desbalance con la ciudad de Buenos Aires, en litigio con el gobierno nacional por el reparto de fondos. La pulseada, que ahora se libra en términos políticos, se inició en 2015, cuando el ex presidente Mauricio Macri dispuso, a poco de asumir su gestión aumentar los recursos federales del 1,4% al 3,75% para que el distrito porteño financie el traspaso de la Policía Federal a su órbita. Así continuó el reparto hasta septiembre de 2020, cuando el presidente Alberto Fernández dispuso que ese porcentaje se retrotrajera nuevamente al 1,4 %.
La ciudad recurrió entonces a la Justicia y la Corte Suprema dio, en marzo pasado, 30 días hábiles para llegar a un acuerdo, plazo que venció el 26 de abril.
Así la declaración de los gobernadores inyectó más presión política, luego de que los mandatarios avalaran –pocas semanas atrás– un informe técnico que daba la razón al gobierno nacional, al que sumaron, pocos días después, otro texto punzante hacia el máximo tribunal: “No existe razón alguna para pretender modificar la transferencia de recursos alterando el plexo normativo constitucional precisamente de parte de aquellos que deberían ser sus celosos custodios”.
