Un nuevo peritaje caligráfico atribuyó al ex tesorero del Partido Popular (PP), Luis Bárcenas, las “cuentas B” que implican en corrupción al presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, quien volvió a rechazar ayer el pedido de dimisión del líder opositor socialista Alfredo Pérez Rubalcaba en el Parlamento. En tanto, siete imputados en la trama de corrupción Gürtel blanquearon casi 10 millones de euros no declarados entre 2008 y 2012 mediante diferentes mecanismos de regularización, según información que la Agencia Tributaria envió ayer a la Justicia española.
El diario El País publicó un informe pericial sobre la totalidad de la contabilidad B revelada el pasado 31 de enero, que concluye que el ex tesorero del PP Luis Bárcenas es el autor de los documentos. Además, se indica que las cuentas en negro pudieron realizarse en el período comprendido entre 1990 y 2008, como figura en los manuscritos, de los que se desprende el pago de sobresueldos al cúpula del PP, incluido Rajoy, y financiación ilegal.
La Fiscalía Anticorrupción no reveló aún los resultados de sus propios peritajes, mientras otros medios españoles también realizaron sus propios estudios, aunque en base a fragmentos, y en todos los casos los documentos fueron atribuidos a Bárcenas.
Asimismo, El País publicó ayer que Bárcenas cobró de su partido una cantidad de dinero fija al mes hasta diciembre de 2012, correspondiente a la indemnización de 400.000 euros pactada con Rajoy por su despido cuando renunció a sus cargos de tesorero y senador por su imputación en la trama de corrupción Gürtel.
En este contexto, Rubalcaba exigió por primera vez en sede parlamentaria la dimisión de Rajoy, a lo que el jefe del Ejecutivo le respondió que no tiene “autoridad moral” para pedirlo.
Desde que estalló el grave caso de corrupción en el PP, Rajoy defendió la limpieza de las cuentas partidarias y buscó desmarcarse personalmente de cualquier irregularidad negando haber cobrado en negro. Asimismo, ordenó una auditoría interna y externa de las cuentas del partido desde sus inicios hasta la actualidad, y publicó su declaración de renta y patrimonio, pero nada de esto consiguió aplacar el escándalo.
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz solicitó información sobre 21 procesados –dirigentes del PP y empresarios vinculados con la red corrupta–, ante la sospecha de que se habían beneficiado de la amnistía fiscal aprobada por el Ejecutivo de Rajoy en 2012. La respuesta fue que siete (seis personas físicas y una empresa) regularizaron 9,81 millones de euros en los últimos cinco años.
El drama de los desahuciados
Un hombre de unos 55 años fue hallado ayer ahorcado en su vivienda de la ciudad española de Alicante cuando iba a ser desalojado por impago de su alquiler, según informaron fuentes judiciales. La nueva muerte, la quinta en las últimas semanas, tiene lugar después de que el PP aceptara debatir en Parlamento una iniciativa ciudadana que cuenta con el apoyo de 1,4 millones de firmas y que propone una solución duradera para las personas amenazadas por los desalojos por impago hipotecario o de alquiler y las que ya fueron víctimas. El PP de Rajoy había anunciado que no aceptaría el debate sobre la propuesta ciudadana pero dio marcha atrás a último momento tras la noticia del suicidio de un matrimonio de jubilados.
