Representantes de todas las comunidades aborígenes de la ciudad protestaron pacíficamente la semana pasada frente al Concejo Municipal para pedir por el tratamiento del proyecto presentado en abril pasado por la edila del Partido Progreso Social (PPS) Lorena Gimenez Belegni, el cual establece la creación del agente sanitario para pueblos originarios (“Aspo”). La figura requerida, entre otras cosas, contribuirá a acortar la brecha cultural existente producto del idioma, ya que funcionaría a modo de interlocutor entre los grupos nativos y los diferentes actores que trabajan en los centros públicos de salud.
“Todas las comunidades indígenas tienen una manera de ver el mundo, de reconocer las enfermedades y darles un nombre propio y el médico no cuenta con esa información. Al no contar con eso empiezan las barreras culturales y terminan sin entenderse: por un lado el médico como médico tiene la frustración de no poder detectar qué es lo que se tiene o no poder dar un diagnóstico y, por otro, muchas veces esa falta de entendimiento termina en la muerte de algunos miembros de nuestra comunidad”, sostuvo Ricardo López, líder de uno de los grupos que llevaron el reclamo a la puerta del Palacio Vasallo.
Consultado por la resistencia de estos vecinos de las comunidades originarias en acercarse a los centros de salud para ser atendidos, en especial por parte de las mujeres, el referente explicó que es una constante que se da en todos los casos: mujeres adultas y también ancianos.
“El idioma y las pautas culturales hacen que haya un factor determinante que hace que muchas personas de la comunidad pierdan la vida por la falta de un mediador”, indicó López, quien cuenta con experiencia en el tema ya que en 2013 fue el primer aborigen designado –por el entonces ministro de Salud de la provincia, Miguel Ángel Cappielo–, para trabajar como “promotor de salud” en el centro Libertad, ubicado en la zona oeste de la ciudad.
Una cuestión que urge
Tal como se detalla en el proyecto presentado por Giménez Belegni, los “Aspo” serán interlocutores válidos de sus poblaciones ante las autoridades en cuestiones de salud y promoción social y deberán actuar de manera protagónica en actividades como campañas y controles de vacunaciones, atención de peso y talla en menores de 14 años, control antropométrico de niños de hasta 6 años y acompañamiento y asistencia a embarazadas.
También en la complementación con los médicos del área para intermediar con la población atendida, capacitación en prácticas de alimentación saludable y prevención y vigilancia epidemiológica e identificación de riesgos en los núcleos familiares aborígenes, entre otros puntos.
“Es fundamental en la estrategia de atención primaria de la salud formar recursos humanos con conocimientos específicos y respetando el acervo cultural de los distintos grupos. Además, mediante su actividad se puede concentrar una valiosa información que permite comprender y proponer soluciones, atendiendo a las circunstancias particulares de cada sector territorial o poblacional”, puntualizó la edila.
El proyecto de ordenanza fue tratado en las comisiones de Derechos Humanos y Salud del Concejo en las cuales tuvo algunas modificaciones y los líderes de las comunidades esperaban que fuera abordado en la discusión del presupuesto 2015.
Según explicó López, los distintos grupos originarios de la ciudad participaron de las reuniones y también de algunos de los cambios efectuados. En este sentido, dijo que “uno de los puntos establecía que las comunidades debían elegir a sus agentes y cuando lo consideraran necesario podían relevarlos de su cargo”.
“Ése fue el desacuerdo nuestro porque es necesario respetar las leyes del trabajador, que tiene que tener su respaldo como tal”, concluyó.
