Abandonadas. Así lucían este miércoles las cabinas de peaje de la conexión vial Rosario-Victoria ya caída la concesión de Caminos del Río Uruguay SA (CRUSA) y con la Dirección Nacional de Vialidad sin asumir las tareas de mantenimiento, seguridad y cobro en el corredor interprovincial.
Esta transición desordenada hacia la privatización dispuesta por la gestión de Javier Milei deja como primeros afectados a unos 500 trabajadores sin destino a la vista. Y, tal vez, más víctimas entre los automovilistas que circulen por los carriles de la ruta nacional 174 sin control, vigilancia ni servicios de auxilio mecánico o médico.
El Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines (Sutpa) denunció la falta de comunicación oficial tanto por parte de la ahora ex concesionaria como de Vialidad Nacional, que se anunció pero no concretó, debería asumir de inmediato el control de la traza.
Cristian Pallé, secretario general de Sutpa en Santa Fe, destacó que los empleados, 60 de los cuales trabajaban en los peajes, no tienen ninguna precisión sobre su futuro. Para colmo, CRUSA les había adelantado que no pagaría indemnizaciones.
Sin trabajo, sin seguridad vial
El futuro es una incógnita: ni siquiera están confeccionados los pliegos para la licitación de un nuevo responsable del mantenimiento y control de la conexión que, como otras varias, serán entregadas directamente a manos privadas dentro del paradigma de retiro estatal que pregona el Ejecutivo libertario.
Los trabajadores realizaron una vigilia en el peaje para expresar su preocupación por la ausencia de garantías en torno a la continuidad laboral y el pago de indemnizaciones. Agregaron que, además de su afectación personal, el fin de la concesión sin el Estado asumiendo tareas críticas para la seguridad vial puede afectar el mantenimiento diario del puente y la asistencia en situaciones como la niebla.
Sobre ese aspecto, el referente de Sutba destacó que la conexión incluye 13 puentes de riesgo y otras características , las crecidas, los animales sueltos», puntualizó Pallé sobre la ruta 174.
Los empleados convocaron a una escribana para certificar que estaban dispuestos a cumplir con sus tareas. Recién hacia la medianoche de este martes, Vialidad Nacional «tomó» simbólicamente la posta de la responsabilidad sobre la traza. En realidad, el Gobierno envió gendarmes para custodiar las oficinas y cabinas del peaje abandonadas.
Sutpa solicitó que el Estado nacional prorrogue transitoriamente la concesión o implemente medidas que aseguren la continuidad laboral de los trabajadores afectados. Hasta este miércoles, el gremio no había obtenido respuestas de las autoridades.
Vialidad avisó, en el marco de la arremetida de «motosierra» incluso de puestos estratégicos y crítico, que no se hará cargo de los empleados de la ex concesionaria y “los vínculos contractuales que Caminos del Río Uruguay sostiene”. La pregunta es, hasta que no haya una nueva empresa, quién cumplirá con las tareas imprescindibles para el tránsito seguro y el mantenimiento del cruce interprovincial.
