Tras conocerse el fallo de la Cámara Federal que ratificó la propiedad del Estado nacional sobre terrenos de Puerto Norte que hace siete años reclamaba un empresario gastronómico, se reabrió la polémica sobre el destino de ese predio fiscal, que quedó enclavado en el sector más cotizado de la ciudad. Desde el municipio dijeron que la prioridad es resolver la situación habitacional de las 70 familias que allí viven, a las que incorporarían dentro del futuro proyecto urbanístico. La idea es que la cooperativa de jugos Trechel (afincada hace años en la zona) también quede dentro del espacio. Desde el PRO plantearon alternativas opuestas: relocalizar a quienes habitan el asentamiento y a los trabajadores y destinar las tierras a la construcción de torres de alta gama (en línea con las que se desarrollaron en los últimos años) y otras que puedan ser aptas a los créditos Procrear.
El terreno en cuestión tiene 20.000 metros cuadrados y está ubicado entre Junín, Caseros y Francia. Forma parte de los viejos galpones ferroviarios y quedaron bajo la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (Aabe). Desde hace siete años el empresario gastronómico local Gabriel Mana (quien fuera el propietario de la firma El Tortero) reclama la posesión del predio. A través de un documento firmado por unos 30 vecinos, quienes le cedieron la titularidad a cambio de la promesa de plata para comprar otra vivienda, formalizó un fideicomiso. Fue a la Justicia y pidió la usucapión (posesión de las tierras después de habitarlas por un determinado tiempo) como legítimo titular de los terrenos.
La causa cayó en el Juzgado Federal 2, a cargo de Sylvia Aramberri, que en febrero del año pasado desestimó el pedido y consideró que no encontró acreditada la posesión. El empresario apeló la resolución. Casi un año después la Cámara Federal ratificó el fallo de primera instancia y confirmó que los terrenos son propiedad del Estado nacional.
“Desde el inicio planteamos que había una ocupación ilegítima y especulativa. Las tierras no tienen indicadores urbanísticos. Se recuperarán con la finalidad de que el Concejo luego autorice”, dijo ayer a El Ciudadano, el secretario de Gobierno, Gustavo Leone.
Polémico destino
El reciente fallo reabre la polémica sobre el uso que se dará al valorado terreno. Hasta el momento hay al menos dos posturas encontradas: la que incluye a los vecinos y, por otro lado, la que plantea la relocalización.
Desde el municipio dijeron que la prioridad es resolver la situación habitacional y pidieron la integración de las cerca de 70 familias que hace años viven en el asentamiento de la zona en el futuro proyecto. También adelantaron que apoyarán a los trabajadores de la cooperativa Trechel con la idea de que permanezca en el lugar. El resto del predio quedaría al uso público reconvirtiéndose en un parque.
“El lugar tiene espacio suficiente para construir viviendas para las familias y que el resto del lote tenga otra finalidad. Si Nación lo habilita vamos a acompañar para que la cooperativa se quede ahí y defender los puestos de trabajo”, explicó Leone.
Relocalizar
Desde el PRO local coincidieron en que la prioridad es resolver la necesidad habitacional de los vecinos de la zona, pero con un “detalle” no menor; reubicándolos en otro barrio.
“Una alternativa es la asignación de dinero para la compra de una vivienda, o la construcción de casas en un lugar a determinar. Muchos viven de la recolección informal de residuos. Si los acotás a un departamento en la zona se les va a dificultar seguir con la actividad”, señaló a este diario el edil macrista Carlos Cardozo.
También mencionó la necesidad de trasladar a Trechel. “Debemos asegurar la continuidad de la cooperativa, que no puede seguir funcionando ahí por una cuestión de usos urbanos”, mencionó.
Justamente, en cuanto al uso del suelo el concejal del PRO adelantó que eventualmente podrían construirse dos tipos de viviendas: edificaciones que se correspondan con el entorno (de alta gama y con valores que hoy oscilan los 4 mil dólares el metro cuadrado) y otras aptas para créditos Procrear.
“La idea es que a algunas torres puedan acceder familias de un cierto poder adquisitivo y, a otras, personas que tengan un menor salario”, explicó Cardozo.
Leone rechazó de plano la propuesta y dejó bien marcada la postura oficial. “No puede usarse esa tierra para construir más torres. El PRO tiene una lógica similar al esquema especulativo de los abogados de los privados que llevaron adelante el litigio. En la ciudad mostramos que es factible urbanizar con una instancia que incluya de los sectores que no tienen vivienda propia”, señaló el funcionario municipal.
