Por Silvina Tamous / Daniel Schreiner
La historia de las concesionarias del Puerto Rosario fue al menos conflictiva y todas se vincularon de alguna manera con episodios de irregularidades e incluso de delitos. Los embarques con 1.500 kilos de cocaína incautados esta semana en los puertos de Santos, Brasil, y Rotterdam, Países Bajos, no constituyen la primera carga de droga que parte desde Rosario con destino a Europa, y la operatoria ha sido una constante al menos durante la última década y media. Parece ser sólo la punta del ovillo de un complejo oleaginoso gigantesco ubicado en un sector privilegiado de la hidrovía Paraguay-Paraná, donde además funciona una veintena de puertos privados.
En una ciudad con graves problemas de inseguridad que se derivan, muchos de ellos, de la disputa territorial por el tráfico al menudeo de droga de baja calidad, la cocaína de alta pureza que se embarca hacia el viejo continente constituye la otra cara de la violenta y lucrativa trama que, como quedó en evidencia a partir del caso Carbón Blanco, a veces enlaza actores de ambas y disímiles realidades en el mismo negocio, que no para de crecer década tras década al calor de la prohibición impuesta desde los Estados Unidos, el mayor consumidor de esas sustancias, al resto del mundo con algunos de sus brazos armados: la DEA, el FBI y la CIA.
“Una lavandería de dinero”
En 1998, Puerto Rosario volvió a ser privado, tal como funcionó entre 1902 y 1943. Fue adjudicado por el gobierno justicialista, a instancias del presidente Carlos Menem, a la filipina International Container Terminal Services (Ictsi). Según definió el periodista Rogelio García Lupo, “una lavandería de dinero”: el grupo ofreció tres veces más que el competidor más cercano, el puerto de Barcelona, citó su colega Carlos Del Frade.
Los problemas empezaron cuando Ictsi dejó de pagar el canon un año después. La empresa Puerto Rosario SA, que desde 1998 tenía a cargo su administración por 30 años, anunció en febrero de 2000 que no estaba en condiciones económicas ni financieras de seguir operando.
Ya en el segundo trimestre del 99 comenzó a advertirse una manifiesta preocupación de este grupo filipino por el futuro de su actividad, que se tradujo primero en un histórico conflicto sindical tras el despido de dos centenares de estibadores, a quienes no les pagó indemnización, y luego en el atraso del pago del canon establecido (u$s 950.000). Además, sólo ejecutó entre el 35 y el 40 por ciento de las obras previstas en el pliego, detectándose también incumplimientos en sus previsiones, ya que en igual lapso sólo logró facturar 8 de los 22 millones de dólares proyectados.
Luego el puerto pasó a manos de un conglomerado de inversores locales conducidos por Guillermo Salazar Boero con el 70% del paquete accionario. En tanto, al 30% de las acciones clase A las presentaba como en manos del Puerto de Tarragona. No sólo se incumplió el pliego porque atrás no había ningún operador internacional que garantizara el know how al puerto, sino que la incursión fue un fracaso.
A los españoles el negocio no les aportó mucho (ninguna carga llegó desde Rosario a esa terminal catalana y tampoco hicieron negocios ni desembarcaron en la región) y encima, tras una ampliación de capital realizada por Salazar Boero en una polémica asamblea de 2005, terminaron en la Justicia.
Ahí apareció Jordi Pujol (h), vástago del histórico referente político catalán, el que había fogoneado el negocio y que comenzó a hacerse cargo de esas acciones y las fue concentrando. Varias veces y a distintos grupos intentó venderlas, pero nunca le terminó de cerrar el negocio.
El pionero caso Ajo Blanco
De esa época hay un antecedente por narcotráfico. En 2008, una carga de cocaína enviada desde la Argentina a Portugal fue incautada e involucró a actores locales. Como los 625 kilos de la droga iban camuflados en 22 toneladas de ajo el operativo se denominó, claro, Ajo Blanco. La diferencia es que aquel embarque salió del puerto de Rosario y provocó algunas polémicas. Por ejemplo, sobre el lugar de la ciudad donde había estado el contenedor por algunos días, momento en que se pudo haber producido la alteración de su contenido, y también porque la Aduana insistió con que el clorhidrato de cocaína había sido introducido una vez que salió de las fronteras del país.
Según la investigación, la carga de ajo salió de Guaymallén, Mendoza, en un contenedor el 16 de mayo de 2008 en un camión que debió haber llegado a Rosario el 21 de mayo, pero lo hizo dos días después, en medio de las protestas de las patronales agropecuarias por el famoso conflicto de la resolución 125.
La firma Shipway, como no tenía cámara frigorífica, recurrió a una ubicada en Wilde y Mendoza, zona del mercado de Concentración y los almacenes de la firma Rosental. Desde este último lugar negaron en su momento que la carga hubiera pasado por allí.
El embarque ocurrió doce días después, en el buque MSC Chelsea, tras ser verificado por la Aduana de Rosario, de donde el escáner había sido mudado hacia otra ciudad. El 4 de junio partió la nave hacia el puerto de Leixes, Portugal, donde llegó un mes más tarde, tras escalas en Montevideo y Navegantes (Brasil). El 6 de julio la Policía portuguesa abrió el contenedor y descubrió la cocaína. En las 2.200 cajas de cartón con 10 kilos de ajo cada una se escondían 565 panes de cocaína de máxima pureza por un peso total de 625 kilos: unos 18 millones de euros.
Carbón Blanco y Shanahan/Pujol
La concesión del puerto rosarino implosionó ya durante la gestión del frenteprogresismo en 2009, con el alejamiento de Guillermo Salazar Boero, entonces presidente de la empresa y principal accionista, quien traspasó su capital a su hasta entonces asesor Gustavo Shanahan, el que de allí en más lideró en tandem con Pujol (h) la concesión hasta 2012. TPR entró en convocatoria de acreedores con un pasivo superior a los 86 millones de pesos que tramitó la jueza María Andrea Mondelli en el juzgado Nº 14 en lo Civil y Comercial de Rosario.
En ese expediente se presentaron a verificar 209 acreedores, que reclamaron en total 220 millones de pesos. Pero la propia sindicatura recomendó sólo corroborar los 86 millones. Sobraban las razones para retirarle la concesión, pero ese recurso de última instancia se quiso evitar con el antecedente de los filipinos. Cuando apareció Aotsa, del grupo Vicentin, interesado en el puerto, las autoridades del Enapro lo entendieron como una solución.
Otra de las investigaciones en las que aparece el puerto local es de 2010. Es por una causa en la que se investiga el contrabando de 762 kilos de cocaína desde el puerto local hacia España, interceptado en el puerto de Bilbao el 2 de agosto de 2010 y en la que se acusó a los ya fallecidos Carlos Salvatore, abogado porteño detenido en Rosario en 2012, y Patricio Gorosito, el empresario santafesino fundador del club Real Arroyo Seco.
Ambos capos narco fueron luego condenados en la causa investigada por la Justicia federal del Chaco conocida como Carbón Blanco a 21 y 19 años de prisión, respectivamente, por tres embarques que sumaron una tonelada de cocaína enviados desde Buenos Aires a España y Portugal entre 2011 y 2012.
De acuerdo con esa pesquisa de la Justicia rosarina, que se abrió muchos años después de producido el envío, los integrantes de la organización delictiva concretaron en los muelles locales “todas las conductas necesarias para llevar adelante la empresa criminal” bajo la dirección de Salvatore: según el dictamen de los fiscales federales, consiguieron el carbón vegetal, acondicionaron las bolsas para disimular la cocaína, contrataron la empresa de transporte marítimo y contactaron a las personas en el viejo continente para que recibieran la droga y la comercializaran. Una maniobra que se presume desarrollaban desde al menos ocho años antes desde otros puertos del país.
Los fiscales señalaron que Rolando Di Renzo y Leonardo Prodan (ambos de la localidad de Pavón Arriba y quienes cayeron detenidos en Europa en la causa Carbón Blanco), utilizando la fachada que les brindaba su empresa “Agroforestal del Litoral SA, jugaban el rol de empresarios exportadores de carbón vegetal”, en tanto que Gorosito oficiaba de nexo “entre ellos y el jefe de la organización”, es decir Salvatore.
En esa operación, se cargó el contenedor con las bolsas de carbón que ocultaban la cocaína en el domicilio de de esa empresa en Villa Gobernador Gálvez. La carga fue embarcada en el puerto de Rosario en el barco MSC Sukaiyna de bandera panameña, con destino al puerto de Las Palmas de Gran Canaria, en España.
Una vez en territorio español, “se procedió al trasbordo del buque WEC Velásquez de bandera chipriota, llegando finalmente el día 22 de julio de 2010 al puerto de Santurce (Vizcaya), España, donde fueron incautados los 762 kilogramos de cocaína”, narraron los investigadores.
Cuna de lavanderas
En 2013, un año después de la salida de Pujol (h), Gustavo Shanahan, ex director de Terminal Puerto Rosario, admitió que en la firma que controla los muelles locales lavaban dinero negro de España. En un una nota concedida al diario El Mundo, el empresario rosarino confirmó las denuncias de Victoria Álvarez, la ex novia de Pujol (h), sobre fondos en negro sacados de España a paraísos fiscales y luego reinvertidos en distintos negocios, entre ellos el puerto de Rosario.
“Metió de golpe 9 millones de euros en Rosario procedentes de tres paraísos fiscales: Suiza, Andorra y Panamá, cuando hace unos años estos movimientos de capital no eran investigados en exceso. Realizaba transferencias a Panamá, y desde allí se monetizaban las sumas, que se invertían ya en metálico en negocios como el de Rosario”, admitió Shanahan, quien relató en la nota que Pujol (h) se valía de un testaferro británico, Herbert Rainford, un dato que coincide con lo declarado por su ex novia. El llamado caso Pujol, que involucra a todo el famoso clan de Cataluña, lleva ya una década y aún no tiene fecha de juicio.
Shanahan está hoy imputado en un caso de narcotráfico que involucra al piloto peruano Julio Rodríguez Granthon, un hombre ligado al líder de Los Monos Ariel “Guille” Cantero. Según la pesquisa de la Justicia provincial, cambiaba en su cueva céntrica los pesos que provenían de los búnkers que Granthon controlaba en Villa Banana, con lo cual su accionar era imprescindible para que éste pudiera pagar en moneda estadounidense la cocaína importada.
Y hoy TPR vuelve a estar en el centro de la escena. Su gerente es el hombre de Vicentin Gustavo Nardelli, quien en algún momento imaginó ser candidato a gobernador de Santa Fe por el PRO, cuando su socio Alberto Padoan comandaba la Bolsa de Comercio de Rosario.
Precisamente tres semanas atrás Nardelli, imputado junto con Padoan por el fiscal porteño Gerardo Pollicita, saludó a Mauricio Macri en su visita a la Fundación Libertad (impulsora junto con el entonces ministro de Transporte Guillermo Dietrich de su candidatura), en una de sus escasas apariciones públicas tras el default de Vicentin.
La firma tiene a 14 directivos procesados en Rosario por estafa en una de las causas penales que les siguen a sus accionistas, y también en otros expedientes a funcionarios del macrismo, por defraudación con créditos estatales millonarios. El propio Nardelli se hizo conocido en plena pandemia, cuando fue detenido por quebrantar la cuarentena a bordo de su yate “Champagne”.
En estos días, luego de que finalizara un conflicto con los estibadores, el Enapro seguía con su presión a TPR para que invierta lo que convenido en la reparación de los tres muelles que tiene concesionados, dos de los cuales están fuera de servicio.
La actual composición accionaria de la empresa (con la chilena Ultramar) tiene aún una década más de gerenciamiento, algo que puede variar si la Justicia federal sube en la cadena de responsabilidades tras el reciente caso narco que involucra a la terminal: 1.500 kilos de cocaína que fue embarcada en TPR camuflada en dos embarques de maní, incautados en Brasil y Países Bajos, en una investigación de la Justicia federal rosarina.
Fue un fabuloso golpe mediático que se dio apenas dos semanas después de otro similar, con el secuestro en Empalme Graneros de 1.600 kilos que, según el Juzgado Federal de Zárate-Campana, saldrían del Puerto Rosario con destino a Europa disimulados en expeller de maíz. Todo a pocas semanas de anunciada la colaboración entre la DEA y el gobierno santafesino en la llamada lucha contra el narcotráfico.
