Terminal Puerto Rosario (TPR), concesionaria de las terminales I y II del puerto local, suspendió a 600 estibadores este viernes y no los dejaron ingresar a la empresa. El Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA), el gremio que los nuclea, bloqueó este jueves el acceso al embarcadero por tiempo indeterminado, en reclamo del pago del aumento salarial acordado en paritarias.
Además, sus autoridades se trasladaron a la sede local del Ministerio de Trabajo de la Nación para denunciar la situación y mantuvieron una reunión con las autoridades de la delegación local. Se pasó a un cuarto intermedio, para el próximo lunes a las 8, y probablemente se llegue a buen puerto.
El conflicto viene desde hace unos meses, pero se puso más negro esta semana cuando los estibadores sindicalizados no cobraron el aumento prometido, mientras que el personal fuera de convenio sí cobró con una suba del 30%.
“Estamos cobrando el salario viejo, del año pasado, dijeron que nos iban a pagar en distintos tramos el aumento de paritarias pero no pasó nada”, señaló uno de los portuarios en la protesta, frente al acceso a los muelles rosarinos.
“Si llegamos a esto es porque no damos más. Vamos a estar acá hasta que se solucione y esté depositada la plata que tienen que pagar”, dijo otro de los manifestantes.
Lo que motivó el reclamo fue la decisión de la empresa TPR de suspender el pago de los aumentos salariales acordados con el SUPA en paritarias, explicaron fuentes gremiales.
La empresa, de la que participa como accionista la concursada Vicentin, aduce que por no poder operar dos de los tres muelles, atraviesa una crisis financiera que le impide honrar el acuerdo, agregaron.
“El muelle norte y el centro no están operativos porque TPR no invierte en su mantenimiento y por eso hay riesgos para la seguridad, a raíz de los constantes socavones que se producen. Están reclamando que sea el gobierno provincial el que financie esas obras de reparación, cuando por contrato ellos tendrían que hacerlas. Si pagan las reparaciones, los dos muelles podrían volver a estar operativos”, se quejó César Aybar, secretario de SUPA Rosario, en declaraciones a Rosario3.
“En realidad, lo que ocurre es que desde hace meses, entre presiones para despedir y suspender compañeros y ahora directamente no abonando los aumentos acordados, lo que TPR es que nosotros generemos un conflicto laboral y social para culparnos de la crisis, pero su objetivo de fondo es presionar al gobierno provincial para que invierta el dinero que ellos no quieren invertir en los muelles o que, a cambio de hacer las inversiones que ellos están obligados a hacer por contrato, les extiendan varias décadas la concesión”, denunció Aybar. Y cerró: “Al Ente Administrador Puerto Rosario (Enapro) la empresa ya le debe 140 millones de pesos porque dejó de pagar el canon”.
El conflicto
Terminal Puerto Rosario (TPR) le reclama a los estibadores que acepten una baja de las asignaciones y cargas sociales como condición para pagar la suba convenida, pero SUPA rechazó la oferta por el temor a que al aceptar la baja de la cargas, la empresa active un plan de despidos. La operadora portuaria manifestó previamente la necesidad de despedir 200 estibadores, de casi 1.000 empleados. Al conocerse el no pago del aumento, la comisión directiva del gremio decidió este jueves iniciar los bloqueos pero manteniendo la gente que estaba trabajando en funciones.
La propuesta de TPR tiene todo el sello de Vicentin, uno de sus dos accionistas. Es que así como la agroexportadora santafesina financió su crecimiento con un crédito de 330 millones de dólares del Banco Nación que nunca pagó, ahora quiere financiar el aumento de sueldos con el dinero que dejaría de pagarle al Estado en las cargas sociales. Pero para que eso sea legal, necesita el aval del gremio.
TPR asegura que el incumplimiento en el pago del canon y la necesidad de achicar su plantilla se debe a la convulsionada situación económica del país y a que la actividad se le redujo por tener fuera de operaciones a dos de los tres muelles de sus terminales.
Además, responsabiliza a la intransigencia del gremio en no aceptar las rebajas de asignaciones. Es más, esta semana distribuyó un comunicado entre el personal avisando de que si el SUPA no acepta la rebaja de cargas será el responsable de que no puedan pagar ahora la suba salarial y en breve la totalidad de los sueldos; un mensaje que buscó activar la presión y malestar de los empleados sobre el sindicato.
En rigor, según averiguó Rosario3, TPR se atrasó un trimestre en el pago del canon, pero por contrato tiene la posibilidad de retrasarse un trimestre sin que se le activen castigos y penalidades. En efecto, si el 10 de agosto TPR no abona un nuevo trimestre entraría en falta porque acumularía dos trimestres consecutivos sin pagar. Pero como a diferencia de la gestión del gobierno anterior (en la que TPR pasaba semestres sin pagar el canon no recibiendo sanciones), las actuales autoridades del Enapro intimaron esta semana a la empresa a que concrete el pago adeudado antes del 10 de agosto.
El jueves por la tarde, según Rosario3 se concretó el pago del trimestre adeudado, por lo que si el 10 de agosto la concesionaria no abona el trimestre que se vence, igual se mantendría en regla porque el contrato, permite un trimestre de retraso en el pago.
Las intimaciones por el retraso del canon se suman a otras intimaciones que el organismo estatal viene haciendo de manera permanente y con firmeza por falta de cumplimiento de puntos centrales del contrato, como la realización de obras y tareas de mantenimiento de las instalaciones públicas.
TPR es una empresa cuyo control accionario está dividido entre una firma chilena de primer nivel llamada Uitramar y el grupo Vicentin, que protagonizó el más grande y escandaloso default del mercado de granos, dejando sin pagar 1.500 millones de dólares, y que tiene a todo su directorio imputado por estafa y administración fraudulenta.
