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Puja de poderes: nuevo round entre la Justicia y el Gobierno

El enfrentamiento entre los jueces y el gobierno santafesino sumó un nuevo capítulo.

El enfrentamiento entre los jueces y el gobierno santafesino sumó un nuevo capítulo. La Corte Suprema de Justicia de la provincia hizo un fuerte pronunciamiento luego de las declaraciones realizadas por el ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro, que también habían sido cuestionadas por el Colegio de Magistrados.

El máximo tribunal le exigió al gobernador Miguel Lifschitz que tome “las medidas tendientes a preservar las relaciones institucionales” entre la Justicia y el Poder Ejecutivo, luego de los dardos cruzados en torno a las responsabilidades políticas de la inseguridad.

El presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, estuvo en Casa de Gobierno, donde participó del lanzamiento, por parte de Lifschitz, del proceso de diálogo institucional para la reforma de la Constitución provincial.

Allí Gutiérrez evitó hablar con la prensa sobre la polémica de los últimos días, que tiene como trasfondo la saga de hechos criminales que azota a la provincia y, en particular, a la ciudad (23 crímenes en el último mes).

Pero más tarde, en declaraciones a Radio 2, el presidente de la Corte rompió el silencio y cuestionó al ministro Pullaro: “Lo que él hace es desplazamiento de responsabilidad. Que asuma su responsabilidad y nosotros, como jueces, asumimos la nuestra”. Además, Gutiérrez señaló que desde el Poder Judicial “siempre hay disposición para dialogar”.

Este lunes a última hora, la Corte Suprema de Justicia de la provincia divulgó el Acta Acuerdo Nº 35 –que fue remitida al gobernador Lifschitz– en la que sostienen que “ante la difusión de sucesivas declaraciones públicas infundadas, por parte de funcionarios del Poder Ejecutivo provincial, que no se corresponden con el necesario diálogo institucional que debe caracterizar la relación entre los poderes del Estado y que resultan lesivas de la independencia del Poder Judicial –que, vale señalar, constituye una garantía de los ciudadanos y no un privilegio del Juez–, esta Corte considera oportuno expresar su profunda preocupación en torno al tema”.

Además, el máximo tribunal le pide al Poder Ejecutivo “que desde esa órbita se adopten las medidas tendientes a preservar las relaciones institucionales propias del funcionamiento del Estado de derecho”.

El escrito es un mensaje directo al gobernador luego de las críticas realizadas por el ministro Pullaro a la Justicia, que motivaron una dura respuesta por parte del Colegio de Magistrados.

“Hay una decisión política que busca controlar al Poder Judicial. El problema de la inseguridad es competencia del gobierno”, lanzó ayer el presidente del Colegio de Magistrados de Santa Fe, Alfredo Palacios, quien dejó en claro que, de parte de los jueces, “no hay facilismo ni garantismo: nos ajustamos a la ley”.

Palacios dijo en LT10 que el ministro Pullaro “se olvida que estas son las reglas de juego que impone el sistema. Habría que implementar las modificaciones que sean necesarias. Nosotros nos atenemos a las leyes. Ahora, el tema de la seguridad es responsabilidad exclusiva del Poder Ejecutivo de la provincia”.

El funcionario judicial agregó: “El partido que gobierna es el que impuso este sistema penal. Si para ellos esto no funciona, habrá que mejorarlo. Las personas no pueden estar detenidas indefinidamente. El proceso penal vigente en la provincia es garantista”. Y cargó contra el gobierno provincial porque, a su entender, tiene la decisión política de “controlar al Poder Judicial”.

“En dos meses hubo declaraciones muy fuertes contra el Poder Judicial desde la dirigencia política y las organizaciones intermedias. Somos uno de los poderes que está más expuestos, todos saben sobre nuestras sentencias y nuestro sueldos”, se quejó el presidente del Colegio de Magistrados de Santa Fe.

El diputado provincial Roy López Molina (PRO-Cambiemos) presentó un proyecto de ley para crear un registro virtual con información de los funcionarios del Poder Judicial en la provincia. “Impulsamos una normativa para que la población pueda tener acceso, si así lo desea, a los antecedentes académicos, profesionales y patrimoniales de los funcionarios del Poder Judicial. Queremos que este nuevo sistema represente un verdadero cambio, porque Santa Fe necesita acercarse a una justicia mucho más transparente y equitativa”, explicó el diputado.

La iniciativa de López Molina consiste en crear y mantener en forma permanentemente actualizada una página web con información de contacto, académica y profesional de los funcionarios del Poder Judicial, incluyendo a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, magistrados de cualquier fuero e instancia, integrantes del Ministerio Público de la Acusación y de la Defensa y que a su vez esté disponible para los ciudadanos de un modo libre, gratuito, accesible, completo y periódico. “El proyecto de ley otorgará mejores herramientas para transparentar el sistema judicial y para que entre todos se logre defender la Justicia pero no a los jueces”.

López Molina cuestionó el verdadero rol que cumple un funcionario del Poder Judicial: “¿Debemos confiar ciegamente en una Justicia que no revela ni conoce las acciones de sus jueces? Es nuestra función, buscar la claridad y el pleno conocimiento de quienes son los que integran un poder que parece lejano al ciudadano”.

“Los miembros de la Justicia son muy poco conocidos y esperamos que se termine la época de jueces mesiánicos, iluminados e intocables, que no muestran su rostro, que no enseñan su pasado académico, ni patrimonial. Estamos convencidos que eso conlleva a que sus sentencias puedan estar atravesadas por falta de nitidez, de imparcialidad, de idoneidad, en definitiva de Justicia”, finalizó Roy López Molina.

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