El diputado provincial, Miguel Rabbia, denunció la designación de jueces que hizo Pullaro como un atentado a la institucionalidad.
“Quienes fueron propuestos para el cargo no aprobaron el examen y el gobernador modificó las reglas para poder designarlos” indicó el legislador y agregó: “cuando era ministro de seguridad arreglaba los concursos policiales, todos conocemos los audios; ahora arregla jueces… ¿Qué nos depara si reforma la Constitución a su antojo?”.
Dentro del paquete de leyes de seguridad enviadas por el gobierno provincial en diciembre pasado, se encontraba la creación de la Cámara de Apelaciones de Ejecución Penal y Supervisión Carcelaria, integrada por tres jueces. Tras los concursos convocados, el gobernador designó a Valeria Haurigot, Horacio Pueyrredón y Mario Guedes. Lo llamativo es que Haurigot (actual fiscal en Rosario) y Pueyrredón (fiscal en Venado Tuerto) fueron reprobados en el examen. Ambos impugnaron la eliminación ante el Ejecutivo, que en un hecho sin antecedentes, les permitió seguir en el concurso. No obstante, los designados por Pullaro ocuparon los puestos 8°, 9° y 12°.
“La legislatura le concedió la emergencia en seguridad para que tenga herramientas, pero no para que elija jueces a dedo. Además de modificar las reglas para permitirles continuar en un concurso que habían reprobado, tampoco son los mejores según el mérito. Queremos saber cuales son los criterios del gobernador”, señaló el diputado.
La revisión del examen solicitada por los jueces que Pullaro ratificó, resultó violatoria del reglamento del concurso por tres razones: a) se puede cuestionar el resultado del examen por razones de ilegalidad no de mérito; b) al revisar el examen se conoció la identidad de los postulantes, vulnerando el secreto de dicha etapa; c) se les permitió a los dos postulantes poder brindar mayores explicaciones y ampliar sus respuestas, obteniendo un trato diferencial y preferencial en relación al resto de los candidatos.
Rabbia hizo referencia a otros casos en dónde la división de poderes se vio afectada en Santa Fe: “La Constitución establece que Santa Fe debe tener 19 senadores provinciales, sin embargo hoy tenemos 20 porque Enrico no renunció para asumir como Ministro de Obras Públicas. Es parte del poder Ejecutivo y Legislativo a la vez, con el aval del gobernador”. Al prontuario, también sumó la intervención en la Fiscalía Regional de Rosario, que llevó a la renuncia de la fiscal con más de 30 años de trayectoria, María Eugenia Iribarren, como otro caso alarmante en dónde el gobernador interviene en el Poder Judicial para favorecer sus propios intereses. Por aquel entonces el gobierno provincial denunció irregularidades dentro de la fiscalía, argumento que le valió para intervenirla. “Son viejos manejos de la política rancia. Pullaro actúa como casta, construyendo una justicia adicta que le proteja su futuro”, denunció el edil.
A propósito de la reforma Constitucional que se avecina, Rabbia sostuvo que: “No se trata de reforma si o reforma no, sino de qué tipo de reforma se va a proponer, ¿es una necesidad de la gente o de la política?” y concluyó: “Pullaro demostró no respetar la división de poderes ni garantizar la institucionalidad en Santa Fe, tememos por una reforma que concentre el poder en el Ejecutivo y no responda a las necesidades de la gente”.
