El ministro de Seguridad de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, volvió a apuntar contra el desempeño de fiscales y jueces en la presentación del informe quincenal de su cartera, donde brindó estadísticas sobre detenidos por abusos de armas y por hurtos como también sobre el secuestro de armas de fuego: «Creo que tenemos que ser más estrictos».
Como lo había hecho a principios de este mes, cuando adelantó que una de sus líneas de acción a partir del 10 de diciembre al asumir su cargo como diputado provincial será “revisar el desempeño de los funcionarios del poder judicial”.
En la conferencia de prensa que se realizó este viernes en la sede de Gobierno de Rosario, el ministro no dejó de lado el caso de Benjamín, el niño de 8 años que el sábado pasado recibió un disparo en la cabeza cuando calentaba para jugar un partido de fútbol en un club de zona noroeste que lo dejó internado en grave estado, y pidió que cuando atrapen a la persona que disparó al aire la Justicia esté a la altura de la circunstancias.
Esta vez no hubo vocero judicial alguno que rechazara las críticas de Pullaro, como sí ocurrió dos semanas atrás. Pero en declaraciones a LT8 el criminólogo Enrique Font consideró que los dichos del ministro fueron, una vez más, un intento no hacerse responsable por la falta de políticas públicas en materia de seguridad.
Benjamín y los niños heridos
Antes de comenzar a presentar los informes en la conferencia que se desarrolló este viernes en el salón Dorrego de la sede de Gobierno de Rosario, Pullaro se refirió a las circunstancias en que terminó herido de bala en la cabeza Benjamín Biñale, de 8 años, y también indicó que son más de 16 los niños que fueron heridos de armas de fuego en lo que va del año. “Queremos decirle a la comunidad de Rosario que realmente nos vamos a ocupar y vamos trabajar con todas nuestras energías para dar con el responsable. Espero y pido a la Justicia de la provincia de Santa Fe que, cuando nuestra Policía dé con la persona que cometió este grave delito, que casi le cuesta la vida a un nenito, esté a la altura de las circunstancias y las imputaciones no sean menores, como estamos acostumbrados a ver cuando vemos los diferentes abusos de armas que se cometen día a día”.
Esta referencia crítica al Poder Judicial no fue la única sino que se evidenció en cada una de las presentaciones de los informes. Con respecto a las personas detenidas por delitos de hurto, conocidos como mecheras y punguistas, el ministro dijo que en lo que va del año hubo 235 detenciones y 101 personas fueron atrapadas en flagrancia (mientras cometen el delito); de estas últimas, 20 fueron las que contaban con una reiteración en el delito.
Multiplicar la pena
“Por más que el delito sea menor y el delito de hurto simple tenga una pena de un mes a dos años de prisión, la reiteración de delitos deberíamos tenerla en cuenta, porque eso claramente multiplica la pena”, explicó el funcionario para pedir más firmeza en las resoluciones judiciales. «Si el trabajo de las fuerzas de seguridad y la cantidad de recursos que tenemos abocados a esta tarea preventiva, para prevenir y reprimir en flagrancia el delito, y ninguna de estas personas quedó detenida, para el Ministerio de Seguridad es muy difícil poder combatir de manera eficaz y eficiente el delito”, añadió.
Los diez detenidos en flagrancia por abuso de armas en estos últimos 15 días también tuvieron un llamado de atención para los jueces y fiscales por parte del titular de la cartera de Seguridad, debido a que de estas siete quedaron detenidas en prisión preventiva. “Pedimos una reflexión muy importante. El ministerio de Seguridad baja instrucciones muy claras a la Policía para que realice investigaciones y en trabajos de calle para lograr resultados y los mismos luego no se materializan”, dijo Pullaro, y recordó la contestación del presidente del Colegio de Magistrados, Gustavo Salvador, a sus declaraciones a la prensa del 9 de agosto pasado, cuando dijo que cuando asuma como diputado provincial “revisará el desempeño de jueces y fiscales”.
Dijo entonces Salvador: “Nos preocupa que cada vez que hay una situación de seguridad se desvíe el eje de la discusión. Intenta distorsionar la información, como si los responsables de la inseguridad fueran los operadores del sistema de justicia”.
“Tengo que decir que considero al doctor Gustavo Salvador uno de los mejores jueces de la provincia de Santa Fe y una persona muy correcta porque asistió a los consejos de seguridad y se involucra en la construcción de la seguridad, pero cuando se le consultó sobre las personas que andan con armas ilegales en ciudad de Rosario y particularmente dentro del microcentro, le preguntaron: «¿Qué podía hacer esta persona?». Y la respuesta del doctor Salvador fue que podía estar armado para ir a cazar patos o carpinchos. Esto lo dijo en un medio de comunicación contestándome”, remarcó Pullaro y llamó a una reflexión de todos los poderes del Estado, particularmente a la Justicia.
“La Policía hace un esfuerzo enorme y pone en riesgo la vida para lograr estas detenciones en flagrancia y si la mirada del mejor de los jueces de la provincia aplica esta mirada, la verdad que creo que algo está fallando en el sistema. Tenemos que bajar los pies sobre la tierra y realmente saber lo que pasó. Vamos a poner el esfuerzo para detener al responsable que efectuó los disparos que impactaron en la cabecita de Benjamín y realmente creemos que no es un hecho desgraciado, es un delincuente, un violento que disparó en una zona urbana sabiendo claramente que podía causar un daño de esta característica, con lo cual creo que la imputación que tiene que tener no puede ser un abuso de arma sino que tiene que ser una tentativa de homicidio”, opinó.
El ministro consideró que debe usarse esta misma calificación de tentativa de homicidio para las personas que disparan contra los frentes de los domicilios. “Estoy convencido que tenemos que seguir discutiendo con los jueces y la sociedad también tiene que discutir esto. Una persona que dispara un arma de fuego en una zona urbana, en una villa o en el centro de la ciudad sabiendo que el impacto por más que no sea directo le pueda pegar a alguien es una tentativa de homicidio. Y esa persona, si en vez de estar detenida unas seis horas o a lo sumo dos días antes de llegar a la (audiencia) imputativa está cuatro años presa, va a pensar antes de disparar al aire. Creo que tenemos que ser más estrictos”, dijo, para aclarar que es una cuestión de la aplicación de la ley, no de legislación.
«Han fraguado la descripción de la realidad»
También este viernes, el criminólogo Enrique Font hizo declaraciones en el programa Trascendental de LT8 y consideró el ministro de Seguridad “responde a situaciones muy graves con acciones en los medios”.
“Lamentablemente es más de lo mismo en relación con las posiciones del ministro de Seguridad. Lo que me preocupa es que el ministro, una vez más, encubre todos estos años en lo que no hizo políticas efectivas en serio, sobre la situación de violencia letal, la circulación de armas, la participación de la Policía en esos circuitos y lo que ha hecho incluso es, en lugar de tener políticas específicas para los distintas formas de los problemas de circulación de armas, de violencia letal, de corrupción policial y de abuso de armas, ha armado estrategias mediáticas que encima han fraguado la descripción de la realidad, lo cual es lo más grave que un funcionario de rango ministerial puede hacer, porque no le va acertar nunca a la política”, continuó el criminólogo.
Explicó Font, quien fue secretario de Seguridad Comunitaria de la gestión Bonfatti: “Nos hicieron creer que el tema era federal porque era narcocriminalidad, después que eran las bandas, que eran las terceras líneas de esas bandas, también que en un momento los homicidios habían descendido y no habían bajado, sino que estaban amesetados. Entonces, una vez más, aparece el intento de no hacerse responsable de un problema difícil de resolver, porque la gestión que no se hizo en estos años no se hace en estos meses”.
Font consideró, por último, que estos enfrentamientos entre la cartera de Seguridad y la Justicia en los medios son un tema de gravedad institucional. “Si un ministro considera que los fiscales y los jueces no están haciendo bien su trabajo, no es un tema que deba resolverse por declaraciones en los medios. Son instituciones del Estado que tienen sus autoridades. El ministro es la autoridad en la materia del Poder Ejecutivo; debió plantear una reunión con los fiscales y haber solucionado el problema. Ahí hay otra falencia en términos de gestión que no se abordó y se viene dirimiendo en los medios: en materia de política pública no es deseable”.
