Luego de que lo hiciera el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Coccocioni, el gobernador Maximiliano Pullaro insistió en el aval de la práctica policial de pedir documento de identidad a personas que circulan por espacios públicos como método de combate del delito. El mandatario lamentó, incluso, que no se comprenda esa necesidad a pesar de las molestias. La práctica desató hace unos días fuertes enojos cuando el blanco de la misma fueron estudiantes del secundario del Complejo Gurruchaga.
“Vamos a seguir trabajando con la misma política de calle porque estamos en el marco de la ley”, afirmó Pullaro ante una consulta por LT8. La modalidad de pedido de DNI, incluso a menores que en general no los llevan encima para no perder el documento por distracción o por robo, se asienta en una controvertida modificación del artículo 10 bis de la Ley Orgánica Policial aprobada en la Legislatura santafesina en marzo de este año.
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El juez penal de Rosario, Gustavo Salvador, en un fallo reciente prohibió que la policía detenga a personas en la vía pública por no portar DNI. Fue a partir de la presentación de un habeas corpus por parte del Servicio Público Provincial de Defensa Penal (SPPDP), que considera habitual y arbitraria esa práctica policial en Rosario. Según la defensora Estrella Moreno, este tipo de detenciones violan derechos fundamentales y no tienen sustento legal, ya que la ley solo permite la demora de personas en situaciones excepcionales y con sospecha concreta de la comisión de un delito. “Lo importante es que se puede proceder en la detención si existe sospecha de que se pueda cometer un delito, lo que no puede pasar es que se demore gente por no portar el DNI, no es una obligación”, explicó el magistrado durante una consulta en Radio Universidad.
No fue el caso de los alumnos del Gurruchaga, aunque algunos refirieron la advertencia de los agentes de que si no portaban el documento podrían demorarlos. Distinto fue lo que sufrieron cuatro jóvenes de barrio Qom de Rouillón al 4400, a los que tuvieron más de 12 horas encerrados en una comisaría, y menores de la misma comunidad pero de la zona de Juan José Paso y Travesía.
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Pullaro justificó la práctica y se quejó de que no se entienda su necesidad: “Lamento profundamente que no se llegue a comprender la magnitud del problema que tenemos. Que en una ciudad que hace un año tuvo 290 homicidios y ahora 70, no se entienda que debe tenerse un control estricto de la calle. A una de 15 personas se la molesta para corroborar si tiene pedido de captura. Hay que detectar eso”.
El gobernador abundó en la defensa de los pedidos de documentación como medida preventiva. “Si para la policía una persona puede presumiblemente cometer un delito, tiene que ser demorada. Los controles han hecho bajar la violencia y aprehender a muchas personas con pedidos de captura y tener el secuestro de armas de fuego en flagrancia récord en Rosario”, señaló.
“Lamentamos tener que molestar a personas que nada tienen que ver, pero es la única manera de detectar personas que tienen pedidos de captura”, completó el jefe de la Casa Gris la argumentación.
