Un hombre de 55 años acusado de ser parte de una banda de secuestradores virtuales que cometió dos sagas de golpes, el año pasado y éste, deberá seguir en prisión luego de que el juez Alejandro Negroni negara el pedido de sobreseimiento por la causa de 2004 de sus defensores, quienes adujeron que no existe ni una sola prueba en su contra. No obstante, el magistrado llamó la atención del fiscal de la causa, Nicolás Foppiani, al instarlo a que en un plazo razonable acuse o archive, ya que la investigación pende de un hilo: una pericia de voz que aún no se realizó y está pendiente desde mayo de 2014.
Gustavo M., alias Masacote, es miembro de la comunidad gitana de Rosario. Fue acusado de participar en ocho secuestros virtuales en abril de 2014 que derivaron en varios allanamientos en la zona sur, donde secuestraron 36 celulares y detuvieron a cinco personas. Cuatro de los apresados por la Policía de Investigaciones (PDI) asumieron su participación en los hechos tras alcanzar un acuerdo abreviado con el fiscal Foppiani por el delito de asociación ilícita y extorsión. Pero Masacote negó desde un principio cualquier tipo de responsabilidad y no firmó el acuerdo, pese a que podría haber conseguido una pena de prisión domiciliaria.
“No hay pruebas”
Marcelo Piercecchi, uno de los abogados defensores de Masacote, dijo que “esta causa se tiene que archivar y dictar sobreseimiento porque no hay ninguna cuestión que lo vincule”. Al respecto hizo referencia a una llamada telefónica donde una persona que se hace llamar Masacote combina con otra para ir a buscar el botín de un secuestro virtual: “O es alguien que se hace pasar por nuestro cliente, o es otra persona con el mismo apodo”.
En diálogo con El Ciudadano, el abogado explicó que con el fin de aclararle al fiscal que su cliente no es la persona grabada en la conversación telefónica pidió una pericia de voz, pero que la misma todavía no se realizó. La excesiva demora motivó al juez Negroni a pedirle al fiscal que un plazo razonable “acuse o archive”.
En ese sentido, Foppiani argumentó en la audiencia del jueves pasado que los “elementos probatorios faltantes se encuentran pendientes por la complejidad de los análisis a realizar” y que de los 36 celulares secuestrados el 1º de mayo de 2014 sólo recibió las pericas de 19. Al respecto indicó no estar en condiciones de formular requerimiento acusatorio, como tampoco sobreseimiento o archivo fiscal.
Gustavo M. fue detenido a mediados de julio pasado en un sanatorio céntrico, donde se encontraba internado tras una descompensación, que según su abogado fue lo que le impidió ir a firmar un control legal como lo venía haciendo desde mayo de 2014. Para entonces, el mismo fiscal Foppiani lo había imputado en una segunda causa por el mismo delito. Así se ventiló en una audiencia que tuvo lugar el 26 de junio pasado por 21 casos perpetrados, según la acusación fiscal, entre abril de 2014 y junio de 2015. En total, la Fiscalía imputó a 17 personas, entre las que figura Masacote, por los delitos de asociación ilícita, extorsiones reiteradas en grado de tentativa y consumada, y tenencia de arma de fuego. Cinco días antes de esa audiencia se realizaron 15 allanamientos en Rosario y Funes con el secuestro de 21 vehículos, 56 celulares, 6 armas de fuego, joyas y dinero.
El secuestro virtual es un delito que se basa en el engaño telefónico a la víctima, a quien mediante distintos ardides se le hace creer que tiene un familiar bajo amenaza y, así, se la convence de que entregue dinero y objetos de valor. En general, las personas de tercera edad son blancos fácil, en particular porque se las llama en horas de la madrugada, lo que aumenta el estado de confusión.
Comentarios