La diputada nacional ex libertaria Marcela Pagano presentó una denuncia penal para que se investiguen presuntas irregularidades en contrataciones públicas y la concesión de Tecnópolis que involucran al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
La presentación judicial apunta a posibles delitos contra la administración pública vinculados a licitaciones de servicios de mensajería masiva y al proceso de concesión del predio de Tecnópolis, bajo la órbita estatal entre 2025 y 2026.
De este modo, el jefe de Gabinete cosecha una nueva denuncia penal, luego de que la legisladora lo denunciara por enriquecimiento ilícito a raíz del viaje que hizo a Punta del Este con su familia en un vuelo privado. Luego se sumó la compra de una casa en un country que no figura en su declaración jurada.
Según surge del nuevo escrito, en una licitación impulsada desde la Secretaría de Comunicación y Medios se habría adjudicado a la empresa ATX S.A. un contrato por más de $3.650 millones para el envío de SMS, correos electrónicos y llamadas automatizadas.
En ese proceso se advierten posibles vínculos societarios entre las firmas participantes como ATX S.A., Area Tech S.A. y Movilgate S.R.L., lo que podría afectar los principios de competencia y transparencia en la contratación pública.
La denuncia también señala variaciones de precios en licitaciones similares y la reiterada participación de empresas relacionadas, lo que, de confirmarse, podría configurar una “simulación de competencia” en perjuicio del Estado.
Tecnópolis
Por otra parte, el escrito pone el foco en un presunto conflicto de interés en la concesión del predio de Tecnópolis, un proceso estimado en más de $183.300 millones y gestionado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), dependiente de la Jefatura de Gabinete.
En ese marco se menciona la relación entre la consultora +Be, propiedad de Bettina Julieta Angeletti –esposa de Adorni–, y empresas como Grupo Foggia, vinculada a una de las firmas preseleccionadas para la concesión junto a DirecTV Argentina.
Asimismo, se detallan conexiones comerciales con otras compañías que mantienen contratos con el Estado, lo que, según la presentación, podría configurar un entramado de relaciones incompatible con el ejercicio de la función pública.
De acuerdo con el documento, los hechos podrían encuadrarse en delitos como fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles, abuso de autoridad, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.
Finalmente, la denunciante solicitó la apertura de una investigación penal y la producción de medidas de prueba para determinar responsabilidades de los funcionarios y empresarios involucrados.
Fuente: DataClave
