A partir del anuncio del arribo de más efectivos de fuerzas federales —por vez número 11 en diez años—, además de la novedad de apoyo logístico de las Fuerzas Armadas, en el marco de la emergencia en seguridad que vive Rosario en estos días, organizaciones sociales advirtieron qué aspectos de esta política represiva pueden ser peligrosos para los habitantes, sobre todo, de barrios populares.
Las imágenes de gendarmes que llegan a la ciudad, de policías en las esquinas, de autoridades anunciando que esta vez es en serio, no son nuevas. Referentes de organizaciones sociales de la ciudad conversaron con El Ciudadano sobre cómo recibieron los anuncios de Nación, Provincia y Municipio en un contexto de mucha preocupación y dolor por los asesinatos de la última semana que resultaron en una ciudad paralizada.
Alejandra Fedele es responsable del Movimiento Evita en Rosario y Eduardo Delmonte de la Corriente Clasista y Combativa (CCC). Los dos estuvieron en una reunión este lunes con autoridades de la municipalidad y del gobierno de Santa Fe y los dos coincidieron en esta lectura: la situación alimentaria es urgente y, al menos los años anteriores, la llegada de fuerzas de seguridad incrementó los hostigamientos y acciones arbitrarias sobre la población. Ese combo les preocupa.
“Esta película ya la vi”, dijo Fedele a este medio. Recordó la detención, en la Plaza 25 de Mayo, de siete artistas en febrero de este año por parte de la policía de Santa Fe. Subrayó esto último: no se trató de las fuerzas que arriban ahora a robustecer medidas de seguridad en la ciudad. Recordó también que cada vez que se hicieron anuncios de este tipo se repitieron escenas como estas: chicos en la puerta de su casa, de noche, sin cometer ningún delito y sin antecedentes y policías que piden su documentación, en algunos casos los amedrentan y amenazan, en el peor de los casos, los detienen en comisarías.
En este sentido, Fedele sostuvo que desde los operativos liderados por Sergio Berni en la gestión de Cristina Fernández de Kirchner pasando por la anterior gestión Patricia Bullrich durante el gobierno de Mauricio Macri, se la pasó en comisarías peleando por la liberación sobre todo de varones jóvenes que caían en las pesquisas arbitrarias de las policías.
“Yo creo que todo el arco político, organizaciones sociales y religiosas, comerciantes, la sociedad en su conjunto tiene que participar, porque este problema no lo va a resolver un gobierno solo. Celebro la convocatoria pero el tema es si van a trabajar en serio o no porque para trabajar la política de seguridad hay que trabajar también una política de inclusión”, planteó.
“Nadie está en contra de allanamientos o detenciones cuando se necesiten, la sociedad completa no quiere más violencia ni narcotráfico pero no si eso conlleva esa peli que ya vimos. Hay que buscar a los responsables, nadie discute eso, estamos de acuerdo pero la realidad es que hasta ahora terminan agarrando a un pibito que se fuma un porro”, siguió.
Insistió en que “sin una política social la política de seguridad no va a funcionar” porque hay una realidad: los comedores y merenderos se quedaron sin insumos y sin la asistencia con la que podían sostenerse ya que los envíos de comida que hacía el gobierno nacional se terminaron el 10 de diciembre. Ese corte afectó a 41 mil espacios de este tipo en el país, 900 de los cuales están en la provincia de Santa Fe. Afecta a millones de personas que contaban con esas raciones de comida para más o menos sortear los días en un contexto en que el trabajo escasea y el que existe no alcanza para pagar la comida.
Delmonte coincidió con Fedele en que la situación alimentaria es urgente de atender y que antes del arribo de las fuerzas de seguridad necesitan el envío de comida, a esto agregó: “En la reunión de este lunes las autoridades plantearon la preocupación que tienen y nos preguntaron cómo la vemos, desde las organizaciones surgió esto: que Provincia y Municipio hagan un pedido a Nación y primero que reivindiquen el trabajo de las organizaciones sociales en el territorio y la necesidad de que eso sea fortalecido y que lo hagan de manera pública, que envíen quinientas toneladas de alimentos y que vuelvan a poner en función los planes y programas de trabajo sino ¿cómo vamos a disputar en los barrios? ¿con las manos vacías? Necesitamos la apertura de al menos 40 mil programas de trabajo Potenciar”.
También dijo que muchos de los que ahora vienen con soluciones “han sido cómplices del aumento del narcotráfico”: “La policía ha hecho la vista gorda cada vez que fue a un búnker y dividió ganancias. ¿Qué pasa con el puerto? Está muy vinculado a la economía ilegal, tiene mucho que ver con la economía de la triangulación donde entran las exportaciones y muchas empresas como las cerealeras. Debería haber control sobre los puertos, esos dólares que entran no deberían ir al pago de la deuda ni para generar más ganancias a los exportadores sino para incentivar la industria y generar trabajo ¿o nos quieren condenar a vivir siempre con planes?”.
Delmonte insistió con el empobrecimiento y abandono sistemático que hubo en muchos barrios de Rosario que se fueron volviendo cada vez más marginales: “Hay que abordar la cuestión social que fue postergada por décadas. Se liquidaron las fuentes de trabajo y creció la marginalidad que es la cantera que se abastece de material humano, toda esta economía ilegal se alimenta de la marginalidad”.
“En los barrios vemos a niños de 5 años que son niños, a los 8 ya aparecen problemas de adicción, a los 12 o 13 algunos ya pasan a ser soldados de un búnker y a partir de los 15 o 16 muchos terminan como sicarios”, resumió con crudeza y se preguntó cuántos años tenía quien mató el sábado a la noche a Bruno, playero de una estación de servicios.
“Pretenden que nos acostumbremos. Hay que cortar ese circuito en donde en el mejor de los casos terminan presos y sino muertos. Son chicos que en vez de terminar con un título o un trabajo terminan con esa vida”.
Relató que la situación de hoy muestra chicos que ni siquiera tienen mochila para ir a la escuela “van con bolsa de plástico de super”, no tienen vivienda digna ni ropa adecuada, mucho menos laburo: “Ya les quitaron los comedores y la posibilidad de estudiar: no tienen perspectiva de laburos, el narco le ofrece uno, plata y consumo a corto plazo. Los chicos saben que no tienen futuro ahí y con la cultura de la inmediatez nadie hace un proyecto de vida muy grande. Las organizaciones queremos darles un proyecto de vida pero el Estado nos está quitando todas las herramientas, dejan el terreno, intentan borrar a las organizaciones”.
Fedele recordó que hace más de una década la organización de la que forma parte, Movimiento Evita, creó la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional y que cuando se hicieron los primeros operativos con fuerzas federales en Rosario, allá por el 2014, salieron a repartir volantes con apuntes sobre cómo protegerse ante situaciones abusivas por parte de las fuerzas y cuáles son sus derechos. Esta semana, en las conversaciones que mantuvo con otros integrantes de su espacio político, barajaron la posibilidad de volver a poner a circular esa información.
Además, dijo que preguntó concretamente a las autoridades “¿qué piensan hacer con la policía? hay una parte totalmente corrupta, ¿cuándo la van a intervenir? ni nombran este tema”.
“No hay seguridad posible sin políticas de inclusión, en cualquier momento puede estallar todo porque en los barrios no hay para morfar”, sintetizó.
Finalmente, Delmonte advirtió que el plan que tiene el gobierno nacional de dolarizar la moneda “a los narcos les resuelve un problema que tienen que es pasar de pesos a dólares, que es la moneda que maneja la mercadería que venden y por la cual acumulan ganancias”.
Ambos dirigentes contaron que la idea es continuar con estas reuniones con autoridades provinciales y municipales, con nación por lo pronto no tienen diálogo.
