Por Mariángeles Guerrero / Especial para El Ciudadano
Santa Fe sancionó este jueves la Ley de Reparación Histórica que otorga una pensión mensual vitalicia no contributiva y cobertura médica para las personas travestis y trans que sufrieron privaciones sistemáticas de la libertad entre 1983 y 2010. Las fechas que se toman como referencia son el inicio del período democrático y la derogación de los Códigos de Faltas, que en la provincia sancionaron durante años el travestismo y habilitaron la persecución policial y la violación de derechos humanos de esa población. Con una votación unánime en el Senado, Santa Fe se convirtió en la primera provincia en otorgar esta reparación.
“Que el Estado reconozca la violación de derechos humanos que sufrió el colectivo trans es un avance y marca un camino”, afirma Karla Ojeda, de la Mesa de Reparación Histórica Travesti Trans Post Dictadura.
Hasta el 10 de junio del 2010, en la provincia estuvieron vigentes códigos contravencionales que establecían figuras como la prohibición del travestismo, la “ofensa al pudor” y “la prostitución escandalosa”. Las penas eran detenciones de entre siete y treinta días. A veces podían apresarlas más de una vez en el día, si transitaban barrios pertenecientes a diferentes jurisdicciones policiales. Algo tan simple como ir a comprar pan al almacén podía terminar en un calabozo.
“Fue una violación sistemática a los derechos humanos y en base a eso está fundamentada la ley de reparación”, indica Ojeda. La militante destaca que el proyecto fue redactado de forma íntegra por las travestis y trans que conformaron la Mesa provincial: “Esta lucha es propia de quienes somos sobrevivientes, en una población con un promedio de esperanza de vida de 35 a 40 años. Las travestis nos morimos muy jóvenes y eso tiene que ver con exclusiones que sucedieron a lo largo de la historia”.
La normativa recientemente aprobada establece el pago de una pensión mensual, equivalente a dos haberes mínimos, para toda personas travesti-trans que acredite que entre el 10 de diciembre de 1983 y el 10 de junio de 2010 sufrió privaciones de su libertad en forma sistemática, como consecuencia del accionar de las fuerzas de seguridad por motivos de identidad de género. La pensión incluye la cobertura médica con la obra social provincial Iapos, tanto para la persona a reparar, como para su grupo familiar.
La iniciativa
El proyecto de esta ley fue escrito por las militantes trans de la provincia y presentado en abril de 2022 por la diputada provincial Matilde Bruera (PJ). Ese mismo año recibió la media sanción en Diputados. Ojeda señala: “Esto se vino luchando a partir de recuperar registros policiales de lo que fue la persecución sistemática a travestis, travas y trans desde el año 1983 hasta el 2010. Éramos apresadas por el simple hecho de ser travestis, por una cuestión de género y de transodio. Sufrimos abuso institucional, hostigamiento y una persecución constante, a cualquier hora del día o a la noche cuando íbamos a trabajar a la calle”.
Desde Santa Fe, Fabiana González, también integrante de la Mesa, afirma: “He estado presa cuatro veces en un mismo día. La reparación significa reconocer que se nos negó el derecho a la salud, a la educación, al tránsito. El Estado es responsable de que las personas trans mueran entre los 35 y los 40 años”.
En ese sentido, agrega: “Íbamos presas porque nuestra identidad trans ofendía a la moral y a las buenas costumbres”. Y cuenta que su primera detención fue en 1986, cuando tenía 16 años. “En esa época en las comisarías todavía había gente de los años de la dictadura y nos perseguían a nosotras para ocultar la sangre del pasado. Tenían que defender ‘la moral y las buenas costumbres’ porque ellos eran ‘decentes”.
Ojeda cuenta que “para la sanción de la ley utilizamos un montón de herramientas que tenemos las travas, aparte de la identidad que ya es una resistencia en sí, porque es una identidad de lucha”. En las últimas semanas, se convocaron ante la Legislatura militantes trans de Santo Tomé, Venado Tuerto, Rincón, Reconquista, Ceres, Tostado, Rosario y Santa Fe, exigiendo que sea ley.
La presión tuvo sus resultados. Por acuerdo de las comisiones del Senado, el proyecto se trató este jueves sobre tablas. Tras la aprobación, el senador Armando Traferri (PJ) destacó «el consenso entre todos los bloques que requirió la aprobación de la Ley», y en coincidencia, Lisandro Enrico (UCR) celebró «la ampliación de derechos» que supone. El senador Marcos Castelló (PJ) consideró que «nada puede reparar lo que sufrieron estas personas, pero esto es dar un paso adelante».
Larga pelea
“La lucha se vino dando en estos dos años: salimos a las calles, nos sumamos a todas las marchas con nuestro proyecto de ley, hicimos actividades en las Facultades de la Universidad Nacional de Rosario y en la Universidad Nacional del Litoral, fuimos al Foro Mundial de Derechos Humanos en Buenos Aires, buscamos declaraciones de interés de los municipios, visitamos otras provincias, buscamos en el Archivo de la Memoria Trans”, relata Ojeda.
Se espera que la normativa alcance a 147 personas en toda la provincia. Sobre el momento de la sanción de la ley, González expresa: “Tuve una sensación extraña, parecida a la que sentí cuando mi madre me dijo que aceptaba mi condición sexual. Que el Estado reconozca lo que nos hizo me hizo sentir paz y alivio, porque siempre creí que íbamos a terminar muriendo como se van muriendo nuestras compañeras y que nunca nadie nos iba a pedir disculpas. Sentí que por fin se escuchó lo que venimos diciendo hace tantos años”.
Y resalta: “La reparación tiene que ver con los derechos humanos, porque somos seres humanos, somos personas que podríamos haber sido abogadas, paleontólogas, médicas o podríamos no haber sido nada de eso, pero no tuvimos la oportunidad para serlo. Y nos hicieron sentir que nosotras éramos las culpables de lo que nos pasaba”.
La Ley de Reparación Histórica Travesti Trans Post Dictadura tiene como antecedente inmediato la lucha por la reparación a las personas trans que sufrieron el terrorismo de Estado en la última dictadura. Este nuevo avance muestra que, pese a inaugurarse el período democrático en 1983, muchas ciudadanas fueron perseguidas por su identidad de género.
Esa persecución se vio acompañada de la negación de derechos fundamentales. González relata: “Terminé ejerciendo la prostitución porque no me quedaba otra, porque no había tenido acceso a la educación ni al trabajo y no tenía cómo subsistir. Cada noche tenía que pagar 50 dólares (era la época del uno a uno) a los proxenetas. Si no tenía esa plata, tenía que correr. Si corría, me llevaban presa”.
Ese era el inicio de la tortura. “Al meterte al calabozo te desnudaban, te sacaban la ropa y la metían en una bolsa para llevarle al juez para mostrarles que eras travesti. Así vivimos muchos años, sin contar los abusos sexuales que sufrimos por parte de esa gente. Tenías que transar con los policías y tener relaciones sexuales para que te suelten. Nos encerraban con los violadores. Muchas compañeras viven con VIH por esas situaciones. El Estado tiene que reparar todo eso”.
El destierro
En el año 96, la militante dejó su Santa Fe natal y se fue a Buenos Aires: “Me fui porque tenía amenazas de muerte de la Policía, porque yo había hecho cien folletos donde mencionaba artículos de la Constitución y les explicaba a mis compañeras que era ilegal lo que nos estaba pasando”.
A 13 años de la derogación de los Códigos de Faltas, en los cuerpos de las sobrevivientes persisten las huellas de la violencia sistemática. Por eso, dice Ojeda, la ley no solamente implica una reparación económica sino también simbólica. “Nunca se va a poder reparar el daño que hicieron durante tres décadas, pero esto marca un precedente de justicia social. Siempre hablamos de memoria, verdad y justicia. A la memoria la traemos a la actualidad como una memoria latente; la verdad es la que contamos desde un testimonio vivo y presente, con nuestras identidades y nuestros cuerpos, pero también buscando justicia, que es lo que sucedió con la sanción de la ley. Es un poco de justicia ante toda la segregación, la exclusión y la violación de derechos humanos que sufrimos”, expresa.
La entrevistada destaca el acompañamiento de diferentes sectores políticos partidarios para que el proyecto que escribieron ella y sus compañeras sea ley. Marca que hubo avances, como el Matrimonio Igualitario, la Ley de Identidad de Género o el Cupo Laboral Trans. Pero agrega que hay deudas pendientes: “En cuestiones de vivienda hay mucho por hacer, al igual que en relación a cuidar a las infancias travestis, trans y LGTBIQ+ y a nuestras compañeras mayores. Hoy falta que se garantice el trabajo, la vivienda y la salud en los términos de la Ley de Identidad de Género”.
Para Ojeda, “la deuda pendiente del Estado es pedir perdón al colectivo travesti-trans” y “reconocer los crímenes y asesinatos de compañeras trans por causa del travesticidio social”. Sostiene: “Hay un cambio cultural pero todavía se nos sigue discriminando”.
La sanción de la ley se dio días después de la elección de Javier Milei como presidente y en las vísperas del inicio del gobierno de un espacio político declaradamente antiderechos. “Esta gente que le gusta reprimir y perseguir a las personas por diferencias sexuales o políticas no nos sorprende porque sabemos de lo que son capaces cuando se juntan en manada para hacerle daño a otra persona porque no coincide con sus ideas. No nos intimida”, dice González.
Ojeda añade: “En este marco tan oscuro, con todas esas políticas negacionistas y violentas, esta ley marca un camino y una forma de cómo tenemos que armar trincheras para hacer frente a lo que se viene”. E invita: “Busquemos nuevas formas de hacer política, de defender lo que tenemos pero también de pedir y reclamar lo que necesitamos”.
