Este martes comenzó formalmente el debate en comisiones del proyecto de ley que el gobierno de Javier Milei bautizó de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los argentinos”.
Habrá una segunda jornada maratónica este miércoles, desde las 9, con funcionarios del Poder Ejecutivo que se explayarán sobre los alcances de la llamada “ley ómnibus” de reforma del Estado y desregulación económica.
El título grandilocuente del proyecto, inspirado en la obra del prócer liberal Juan Bautista Alberdi, apela a una fibra refundacional y se viste de una retórica epopéyica que deja poco margen simbólico para el disenso.
De acuerdo a este relato, resistirse a la ley de Bases y Punta de Partida sería equivalente a resistirse a la liberación de la tiranía del Estado que no deja crecer a los argentinos ni desarrollar sus potencialidades productivas.
El problema de esta apuesta al “todo o nada”, que el propio presidente Javier Milei ratificó al afirmar que no negociará la división por temas de la ley ómnibus, es que choca con la realidad que le impone el corset de la “real politik”.
Hay todo un espectro de la oposición dialoguista que quiere comprometerse con el programa de reformas neoliberales de Javier Milei, y de hecho le hizo saber hasta el cansancio que está de acuerdo con buena parte de la batería de medidas incorporadas en los 664 artículos del proyecto.
Sin embargo, se mantienen firmes en el rechazo a una serie de temas polémicos.
Más allá de la «buena fe», lo que estos grupos opositores (que en su conjunto suman más de un centenar de voluntades) no están dispuestos a conceder es un cheque en blanco al presidente ni a discutir la iniciativa a libro cerrado.
En este contexto, estas fuerzas parlamentarias tienen un plan “semáforo”, que no es otra cosa que una estrategia para dar luz verde a una serie de medidas, poner en cuestionamiento otras, y rechazar tajantemente aquellas que están en contra de sus propias creencias y convicciones.
Se trata del PRO, la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, que se autoperciben a sí mismas como garantes de gobernabilidad y desean genuinamente que Javier Milei cuente con las herramientas que necesita para aplicar rápidamente las reformas ultraliberales.
De hecho, le han presentado al presidente varias alternativas para salvar tanto el mega DNU como la ley ómnibus, pero las sugerencias fueron rechazadas sistemáticamente por Milei, que no está dispuesto a cambiar ni una coma. Con todos ellos adentro, Milei tendría los votos para aprobar su ley de “Bases y Puntos de Partida”.
“No negociamos nada, sólo aceptamos sugerencias para mejorar”, dijo el mandatario en declaraciones radiales, complicando así el panorama.
Casi resignados, los ex Juntos por el Cambio le piden al Gobierno que establezca «prioridades» y que corrija irregularidades en la letra del proyecto, porque “así como está no se puede votar”.
Con distinto grado de entusiasmo de acuerdo a cómo se posicione cada sector interno, en el PRO (que tiene 37 diputados propios) hay coincidencia es acompañar “el cambio” que lidera Milei y por ende no hay duda de que el voto en general va a ser en positivo a la mega ley.
No obstante, consideran que la delegación de facultades por dos años prorrogables por dos más es excesiva y constituye un mensaje que está reñido con las buenas prácticas institucionales. Sin embargo, abren una hendija de diálogo al dejar entrever que considerarían concederle al presidente “superpoderes” por un año prorrogable por otro más. En la misma línea se encuentra el bloque de Miguel Pichetto. Luz amarilla.
También hay dudas respecto de la suba de retenciones a la soja, que se incrementan al 33%, lo cual representa un golpe a un sector como el campo que integra lo que el PRO considera su base social. Semáforo amarillo para las retenciones.
En rojo se encuentra la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria en momentos en que la inflación se dispara exponencialmente y amenaza con no tener techo. Los adultos de la tercera edad también son parte de la base electoral del partido fundado por Mauricio Macri.
Otro punto que genera rechazo absoluto son los cambios en la Ley Federal de Pesca. Por último, genera rispideces en buena parte del PRO la propuesta de uninominalidad de circunscripción electoral, aunque sí estarían dispuestos a acompañar la eliminación de las Paso.
La UCR, que tiene 34 diputados, no apoyará de ninguna manera el modelo de uninominalidad de circunscripción, y hay un fuerte debate interno respecto de la continuidad o no de las PASO, pero predomina la postura a favor de no innovar en la materia (especialmente por el empuje del sector de Martín Lousteau).
Los cuestionamientos son prácticamente los mismos que los del PRO: la delegación de facultades, la uninominalidad de circunscripción electoral, el ajuste a los jubilados, y los cambios en el régimen de Pesca Federal son cuestiones que para ellos son indigeribles e inaceptables. Semáforo rojo.
Pero suman también otros rechazos como la reprivatización de YPF, que consideran innecesaria porque es una empresa que funciona con una lógica similar a la de una compañía privada y que da ganancias importantes. El neuquino Pablo Cervi está a la cabeza de quienes desde el radicalismo rechazan modificar el status de la empresa petrolera con mayoría estatal.
En Hacemos Coalición Federal es más complejo porque no hay posturas unánimes. Tiene que ver con el propio origen de esta fuerza parlamentaria de 23 legisladores que emergió la semana pasada a partir de la fusión a la fuerza de tres espacios preexistentes que poco tienen que ver entre sí, con el único propósito de conseguir lugares de representación en las comisiones.
Se trata de Cambio Federal de Miguel Pichetto, Emilio Monzó y Nicolás Massot, Hacemos Nuestro País (schiarettismo) y Coalición Cívica.
