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Que estar presa no te cueste la salud: internas denuncian represión por pedir atención médica 

Hace una semana, se conoció que más de 70 mujeres de la Unidad 5 tenían gastroenteritis en medio de protestas por la falta de agua potable que sufren desde hace meses. Ahora, las reclusas denunciaron que por pedir que llevaran a una compañera a un hospital recibieron gas lacrimógeno y balas de goma

La vulneración de derechos en las condiciones de detención en la Unidad 5 de Mujeres continúa y este jueves las internas del pabellón 1 denunciaron que fueron reprimidas con gas lacrimógeno y balas de goma por reclamar que trasladaran a una de las reclusas hasta un hospital porque llevaba más de una semana enferma.

Hace 13 días que las mujeres privadas de la libertad vienen dando a conocer las problemáticas a las que se enfrentan por la escasez de agua para consumo e higiene, la falta de atención médica y las deficiencias en la alimentación en la cárcel ubicada en el Complejo Penitenciario, de avenida 27 de Febrero al 7800, las cuales fueron avaladas por la ONG Mujeres tras las Rejas y Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP).

En ese marco, este viernes la Justicia provincial trató un hábeas corpus correctivo y colectivo por el corte del suministro de agua en la cárcel de Mujeres y la Subunidad 3 de varones, que también está ubicada en dicho complejo, y el magistrado que presidió la audiencia instó al Servicio Penitenciario a regularizar la situación, la cual será evaluada en 30 días.

 

Por una atención de la salud digna

Familiares y allegadas a las internas de la Unidad 5 denunciaron que este jueves las más de 70 mujeres que están en el pabellón 1 se acercaron a las rejas principales para pedir de manera pacífica por el traslado de una de sus compañeras a un hospital. A esa lugar se acercaron tres superioras del Servicio Penitenciario y su respuesta fue la represión con gas lacrimógeno y balas de gomas.

«La mujer tiene 50 años y padece una enfermedad crónica. Ella no se terminó de curar de la gastroenteritis que afectó a la mayoría de las chicas la semana pasada y siguió con dolores y fiebre. Tenían miedo de que se muriera y otras chicas también siguen con síntomas», contaron familiares de las internas, quienes continuaban encerradas en sus celdas hasta por lo menos las 19 de este viernes como una respuesta a sus reclamos.

Alrededor de las 20 de este jueves finalmente la mujer fue trasladada a un hospital por una comisión del Servicio Penitenciario, luego de esperar ocho horas, según denunciaron tanto los familiares como integrantes de organizaciones sociales.

«Las chicas no saben qué hacer ni cómo, porque no logran respuestas o resultados definitivos a los problemas que se les presentan. Cada vez que reclaman, la respuesta son malos tratos y la permanencia en las celdas por horas o días sin la posibilidad de estar en un lugar común o bañarse», continuaron las allegadas para recordar que cada año hacen presentaciones sobre la condiciones de salud, la alimentación, la falta de elementos de limpieza y en esta época de altas temperaturas por la falta de ventilación.

«No se ponen en serio para solucionar de una vez por todas los problemas de salud de las personas que están privadas de la libertad. Tuvieron que reclamar otra vez por un tema que es recurrente y también se necesita dejar en claro que el problema sigue», sostuvieron desde la ONG Mujeres tras las Rejas.

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Esta última referencia condice con los últimos reclamos de las reclusas que trascendieron a los medios de comunicación el 20 de enero pasado, con una protesta con quema de colchones en el pabellón 3, porque hacía dos días que no tenían agua y al menos dos meses que no contaban con un suministro regular.

Estos pedidos fueron reiterados por las mujeres embarazadas y madres con hijos recién nacidos hasta 4 años que están alojadas en el pabellón 4. En esa oportunidad, quemaron una sábana porque no tenían agua para bañar a niñas y niños, algunos con fiebre.

Esta protesta fue el 26 de enero último, cuando la defensora general de Santa Fe, Jaquelina Balangione, alertó que al menos 70 mujeres tenían gastroenteritis debido a la falta de agua y el calor. Familiares sumaron que el virus había afectado a cuatro niños y pidieron que analizaran el agua para determinar si era apta para consumo.

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En esa oportunidad, Balangione hizo hincapié sobre los problemas de infraestructura que padece el Complejo Penitenciario, donde funcionan la Unidad 5 de Mujeres, el Order –oficina que alojan a las personas detenidas hasta la acusación formal– y la Subunidad 3 de Varones.

«Desde que se estrenó ese edificio –en 2018– hubo problemas con el agua y nunca se le dio una solución”, explicó la jefa de defensores provinciales para remarcar que esta situación se agrava con la superpoblación existente en estas dependencias, y señaló como ejemplo que la capacidad de la cárcel de mujeres es de 170, pero hay alojadas 237.

Este jueves se produjo este nuevo reclamo por la falta de atención en la salud de una mujer, que padece una enfermedad crónica, y que hacía una semana continuaba con secuelas de la gastroenteritis, de acuerdo a lo denunciado en estas 24 horas.

Hábeas corpus por el acceso al agua

No sólo hubo protestas de parte de las mujeres privadas de la libertad en cada uno de los cuatro pabellones: estas violaciones en el acceso a derechos básicos quedaron planteadas en dos hábeas corpus correctivos y colectivos que presentó la defensa pública el año pasado por la inadecuada atención médica de las internas y sus niños, escasa alimentación y cuestiones estructurales tales como falta de camas por sobrepoblación penal, a lo que se suman reiterados cortes de luz y agua. En estos casos, la Justicia ordenó regularizar la situación.

En medio de este contexto, el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal presentó este viernes por la mañana un nuevo «hábeas corpus correctivo y colectivo por el corte del suministro de agua en la Subunidad 3 de varones y de la Unidad 5 de mujeres del Complejo Penitenciario».

La audiencia estuvo presidida por el juez Nicolás Foppiani y contó con la presencia de dos representantes de la defensa pública, Francisco Broglia y Marcelo Marasca; el defensor particular Aníbal Rodríguez, la fiscal Karina Bartocci y  funcionarios del Servicio Penitenciario de dichos penales.

La defensa pública expuso que se manifestó «un agravamiento en la detención de las internas e internos de la Unidad 5 y Subunidad 3, así como también la falta de suministro de agua potable en los pabellones y para higienizarse», exposición a la que se adhirió el defensor Rodríguez.

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A su vez, la Fiscalía señaló que «a principios de la última feria hubo una presentación similar, la cual había sido tratada y determinado que el Servicio Penitenciario tenía obras en curso para resolver problemática de agua y edilicia, como así también la atención médica», por lo que solicitó se rechazara el hábeas corpus.

Tras escuchar a las partes, el magistrado Foppiani dispuso cuatro puntos a cumplir: ordenó al Servicio Penitenciario que «en un plazo de 30 días determine la empresa que va a realizar la excavación que se ha presentado como resolución definitiva a la problemática actual e informe a las partes la fecha en la cual se realizaría la misma».

Además, el juez resolvió que, «mientras se continúe con la problemática, deberá brindarse a las personas alojadas la provisión de agua potable para que sea destinada para su consumo, a través de bidones que deberán encontrarse cerrados y que se disponga la mayor celeridad posible para asignar la partida presupuestaria para dicha obra».

En el tercer punto dictaminó que se hará una nueva audiencia en 30 días para controlar «la evolución de la cuestión, a fin de conocer cuál ha sido el avance y autorizó a la Defensoría a ingresar a las Unidades Penitenciarias junto con especialistas en bromatología, a los fines de realizar los estudios que correspondan».

Por último, el magistrado determinó  que «el Servicio Penitenciario deberá poner en conocimiento y a disposición de las partes los resultados de los estudios realizados por Aguas Santafesinas al respecto de la calidad del agua en el establecimiento carcelario».

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