El Congreso de la Nación inaugura las sesiones extraordinarias este lunes con el proyecto de Ley Penal Juvenil como eje central en la opinión pública. Mientras el oficialismo busca bajar la edad de imputabilidad a los 13 años y el ministro de Seguridad santafesino, Pablo Cococcioni, plantea esquemas excepcionales para edades incluso menores, el debate en Rosario también arroja una pregunta incómoda: ¿qué debe hacer el Estado con menores que cometen un delito grave?
Luciano Vigoni, politólogo con más de una década de trayectoria en el trabajo con jóvenes, adolescentes y niños atravesados por situaciones de vulnerabilidad en los barrios de la ciudad y ex titular del programa Nueva Oportunidad, sostuvo que hay un falso dilema entre «mano dura» e «inacción».
«En mis 15 años de experiencia, nunca me encontré a nadie involucrado en el sistema penal juvenil, ni trabajadores ni organizaciones sociales ni familiares de víctimas ni académicos, que diga: «Bueno, es menor, no hagamos nada». Al contrario, la demanda es: que se haga algo para que esto no le pase a nadie más. El eje es qué respuesta damos para que la violencia no se reproduzca», explicó Vigoni.
El precio de encerrar por encerrar
En ese sentido, hizo referencia al caso reciente de Jeremías Monzón, donde adolescentes de 14 y 16 años se muestran dispuestos a matar a otro de 15 y remarcó que cuando un menor comete un hecho de este tipo el daño es total: «Se destruye no sólo la vida de la víctima, de su familia, sino que también se rompe por completo el entramado social que abarca también al entorno del victimario, generando un desamparo que el Estado no puede contener».
Para el referente territorial, la discusión no debe reducirse a la cantidad de años de encierro, ya que esto resulta una respuesta «lineal y reduccionista» ante una problemática compleja.
«Bajar la edad y dejar todo como está sería que un adolescente de 13 años conviva con uno de 18 en el Centro Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil (ex Irar) y que luego pase a una cárcel de adultos sin ningún proceso de transición. Los lugares diseñados en la actualidad no son más que espacios donde la violencia se reproduce y donde los pibes van adquiriendo mayores niveles de dureza y perversidad», indicó.
Vigoni señaló que, en el sistema actual de Santa Fe, al día siguiente de cumplir la mayoría de edad el chico es alojado en pabellones con mayores que hace años están detenidos en cárceles como Coronda, Piñero y Las Flores, donde circulan otras prácticas. «Una vez cumplida la condena, se pueden imaginar las condiciones psicológicas con las que egresa», advirtió.
Violencias en series, algoritmos y precariedad estatal
También sumó factores que hoy desbordan el territorio, como la falta de regulación del material que está al alcance de todos en internet. «Los pibes consumen 24/7 contenido de plataformas y redes sociales que reproducen la violencia al romantizar todo lo relacionado al narcotráfico, las armas, las peleas callejeras y la ostentación de dinero. Además, el juego clandestino lo podés tener en el celular. Es una nueva forma de consumo que vacía la economía familiar, la sumerge en el endeudamiento. Y, por último, la falta de trabajo hace que no haya una proyección sobre el futuro. Sin la posibilidad de conseguir un trabajo, las redes sociales te dan identidad. Todo esto moldea subjetividades violentas», enumeró.
Luciano Vigoni: “El nuevo soldadeo es el prestamista y el casinito”
A esto hay que agregarle la crisis del personal estatal. «El trabajador que está en el territorio, sobrepasado por falta de personal, gana 850 mil pesos y en los cargos superiores la brecha salarial es superada cinco o seis veces. Mientras mayor es el cargo, menor es la responsabilidad. Hay una precarización que frustra y quita eficiencia al sistema», reflexionó para destacar que éste no es un tema menor en la discusión.
Especialistas
A lo largo de estos días y como contrapartida a las propuestas del oficialismo donde predominan enunciaciones con el encierro y el trato como adulto bajo el eslogan «delito de adulto, pena de adulto» como respuesta para todo, donde usan como ejemplo casos de extrema violencia y perversidad como un cotidiano; especialistas en la materia dieron entrevistas a diferentes medios de comunicación para aclarar un poco la situación que atraviesa el país y a nivel internacional.
Marisa Graham, ex defensora Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes –palabra autorizada por su trayectoria desde la Convención Constituyente de 1994 y la gestión nacional en Niñez– aportó indicadores clave: “En Argentina hay aproximadamente 12.200.000 niños. Solo el 0,55% está vinculado a alguna denuncia penal. Eso significa que el 99,45% de los chicos no comete ningún delito”.
Por su parte, Martiniano Terragni, funcionario del Ministerio Público Fiscal y profesor de la Universidad de Buenos Aires (UBA), describió una paradoja internacional: “En los países que bajaron la edad, subió la tasa de homicidios; en Argentina, donde no se bajó, la tasa está bajando”.
Cortar la reproducción de la violencia
“La baja de la edad de imputabilidad va a traer mayores niveles de violencia y va a hacer que tengamos mayores niveles de violencia en la franja de adolescentes y niños”, especificó por su parte Vigoni. En ese marco, su propuesta se enfoca en una salida basada en la responsabilidad real, similar a lo planteado por el juez Rodrigo Morabito en su carta enviada al presidente Javier Milei, donde afirma que «el derecho penal no repara lo que el Estado no supo cuidar».
«Las charlas con familiares de víctimas son un pedido casi desesperado de que el delito no vuelva a cometerse, de que ninguna otra familia atraviese lo que ellos pasaron. Pero eso es difícil de lograr en un gobierno para el que no hay un otro, que se jacta de destruir al Estado y achicar el gasto público», insistió.
«Necesitamos instituciones donde el joven pueda asumir la responsabilidad de lo que hizo ante profesionales y pares, con pilares en educación, cultura, deporte y salud mental. Si no hay inversión real y sólo apostamos al encierro prematuro, la violencia no se va a cortar», concluyó.
